“Ni los veo ni los oigo”
Los hechos y circunstancias indican que de cara al V año del duartismo, el gobierno de Veracruz ha optado por adueñarse de la frase bíblica de Carlos Salinas cuando al referirse al perredismo dijo: “Ni los veo ni los oigo”.
Pero además, con el tolete y el garrote y la indolencia y el menosprecio por delante.
Luis Velázquez
Por ejemplo.
Tal cual fue cuando los indígenas de Soledad Atzompa, con su alcalde al frente, Bonifacio Aguilar, emprendieron una caminata a Xalapa para exigir servicios públicos incumplidos y en Fortín el secretario de Seguridad Pública les envió cien policías.
Sólo así los secretarios Érick Lagos y Gerardo Buganza se arrodillaron ante el coraje popular y escucharon y dialogaron y pactaron y sabrá la astróloga de los Llanos de Sotavento si han cumplido.
Hasta anoche, la presa Yuribia, que abastece de agua a los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, cumplía 12 días tomada por los indígenas y campesinos de la sierra de Soteapan, exigiendo obra pública incumplida.
En tanto, los alcaldes reparten agua en pipa a la población, antes, mucho antes de que las familias se subleven.
Y el caso de la presa Yuribia lleva tantos días tomada porque la autoridad ha sido incapaz de convencer a partir del diálogo y el argumento y, bueno, quizá espera culpar a los compas de necios y arrogantes para enviar a la Fuerza Civil.
En Lerdo de Tejada, durante cuatro días 850 trabajadores que exigían el pago de salarios caídos desde hace dos años, en que se anunciara el cierre del ingenio San Francisco, bloquearon la carretera de Alvarado a Los Tuxtlas, a la altura del pueblo.
Y sólo hasta que en el cuarto día en la mañana los choferes de pipas se lanzaron contra la población y se armó un zipizape, el gobierno de Veracruz reaccionó, mejor dicho, expresó voluntad política para escuchar la irascibilidad social y envió a su apagafuegos, el subsecretario de Gobierno, para, digamos, negociar.
Los tres casos anteriores expresan la misma actitud política hacia el segundo año del sexenio, cuando nueve alcaldes de la sierra de Soteapan bloquearon la autopista demandando servicios públicos incumplidos.
El movimiento aquel duró cuatro días Los hechos y circunstancias indican que en Veracruz se apuesta al tolete y el garrote y la indolencia y el menosprecio para resolver los pendientes sociales. Caso presa Yuribia. Caso Lerdo de Tejada con los obreros del ingenio San Francisco. Caso Soledad Atzompa. hasta que por fin el gobierno estatal reaccionó y hubo una negociación.
Pero, de pronto unas semanas después, el cabecilla de aquel movimiento, José Manuel Flores Ríos, “El oaxaco”, ligado, al parecer como socio a los exgobernadores Fidel Herrera y José Murat, de Oaxaca, tuvo una audiencia en Xalapa con Gerardo Buganza, secretario de Gobierno, y al regresar a su pueblo (febrero, 2013), en las goteras de Xalapa, fue embargado por un par de patrullas policiacas y desde entonces sigue desaparecido.
Después llegó la otra respuesta. Se conoció como la “Ley Enrique Ampudia”, que el Congreso local aprobó para criminalizar la protesta social en la tierra jarocha con cinco años de cárcel a quienes bloqueen las vías de comunicación, aun cuando el entonces subsecretario de Gobierno planteaba que fueran 20 años.
CRIMINALIZAR LA IRASCIBILIDAD SOCIAL
Incluso, la ley Ampudia pretendió ser amplificada con la llamada “Ley Bala Bermúdez” que un diputado local, al servicio del secretario de Seguridad Pública, interpuso en la LXIII Legislatura para imponer que cada grupo social interesado en una caminata estaría obligado a solicitar permiso por escrito a Bermúdez Zurita.
El trasfondo, pues, es uno solo: el garrote y el tolete; pero también la indolencia para aplacar el fuego de la irascibilidad social.
Fue, incluso, la misma reacción cuando en el puerto jarocho un par de tuiteros fue acusado de terrorismo por haber lanzado en las redes sociales que estaban secuestrando niños en las escuelas y terminaron en el penal de Pacho Viejo.
Es más, aquella decisión de gobierno fue tan desafortunada con una crítica sistemática en el país que el duartismo se vio obligado a contratar el servicio del exjuez internacional Baltasar Garzón (aquel que demandó al General Augusto Pinochet por delitos contra la humanidad) para avalar la ley de los tuiteros que fuera creada; pero más aún, para avalar que tales tuiteros merecían la cárcel… por terroristas, en igualdad de circunstancias, digamos, que Pinochet ante el presidente más limpio en la historia del mundo, Salvador Allende.
PROTESTA SOCIAL REBASÓ A ÉRICK LAGOS
Mal síntoma, entonces.
Y más si escudriñamos la otra cara de la realidad social.
Por ejemplo, el número de Vecinos Vigilantes formados de norte a sur y de este a oeste de Veracruz a partir de que el Estado de Derecho ha fallado para garantizar la seguridad en la vida y en los bienes y que ha ubicado a la tierra jarocha en el segundo lugar nacional en secuestros y fosas clandestinas.
Incluso, bastaría recordar que la llamada Fuerza Civil, el cuerpo policiaco, se afirma, de elite, fue creado como una expectativa para ver si así la paz pública y la tranquilidad provinciana regresa a la población donde anidara la cultura de las caritas sonrientes como decía Octavio Paz.
La inconformidad social ha rebasado por completo al secretario General de Gobierno, al frívolo Érick Lagos, quien sólo piensa en su última Barbie, en comandar la lucha social por el enriquecimiento rápido y en la candidatura a diputado federal camino a la llamada mini/gubernatura de dos años.
Y es que como jefe del gabinete político del duartismo, y si nos vamos a la ley orgánica del gobierno del estado, a él corresponde llevar la temperatura política y social.
Y le vale.
La indolencia y el desprecio como eje fundamental de su trabajo público. Se entiende: quizá, acaso, más que un político duro, se debe a que solo para tal le alcanzan las neuronas.
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