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Expediente 2024
Lunes 29 septiembre, 2014

Permiso para reprimir

Algún dí­a cuando un historiador escriba sobre la segunda década del siglo XXI en Veracruz habrá de referirse a tres capí­tulos que agravian los derechos humanos.

La ley de los tuiteros

Tal llamará al episodio donde un par de tuiteros que, a diferencia de la cubana Yoani Sánchez, sembraron el pánico en la tierra jarocha cuando anunciaron que estaban secuestrando a los niños en las escuelas.

Luis Velázquez

Así­, los padres de familia salieron corriendo de sus casas y trabajos y empresas para rescatar a tiempo a sus hijos.

Las ciudades, y también los celulares, entonces, se volvieron un caos. Todo mundo sentí­a que era el dí­a del Juicio Final, casi casi la resurrección de los muertos, además de que ningún dolor es tan terrible en la vida como la pérdida de un hijo.

En las avenidas, los embotellamientos se empalmaron. Nadie podí­a salir de aquel torbellino vial y hubo padres de familia que abandonaron el automóvil en la calle y salieron corriendo, angustiados, a la escuela de sus hijos.

La respuesta es conocida por el mundo.

Uno. El par de tuiteros terminaron en la cárcel de Pacho Viejo, unos dí­as. Incluso, la mujer fue sacada de casa cuando estaba bañándose, sin ropa interior, y con una batita que cubrí­a su cuerpo.

Dos. El gobierno de Veracruz contrató al exjuez internacional, Baltasar Garzón, aquel que condenara al dictador militar, Augusto Pinochet, asegún para dictar una conferencia sobre derechos humanos en Xalapa; pero en el fondo fue para avalar la ley de los tuiteros, claro, a cambio, se entiende, de un buen billete en honorarios.

CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

La ley Ampudia

La ley del filósofo Enrique Ampudia Mello, graduado en Terrorismo en la Universidad de los Yunes azules, subsecretario General de Gobierno, surgió a partir de cuando José Manuel Flores Rí­os, El oaxaco, socio según la fama pública, de José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca y asesor de Fidel Herrera y Javier Duarte, bloqueó los caminos del sur, con nueve alcaldes de la sierra de Soteapan, reclamando pagos pendientes de obra pública y más obra de infraestructura para su constructora.

A partir de tal hecho, Ampudia Mello ideó una ley para encarcelar a quienes obstruccionaran las ví­as de comunicación en una protesta social.

Fue cuando propuso en la iniciativa de ley al Congreso local 20 años de cárcel, no más para que los contestatarios aprendan a respetar, primero, a los servidores públicos, es decir, a la elite gobernante, es decir, a los polí­tico sexenales en turno, y segundo, aprendan de igual manera a respetar la ley del garrote, el tolete, la macana, los perros amaestrados, los gases lacrimógenos, los toques eléctricos, las mangueras ¡Oh Demetrio Vallejo, oh Rubén Jaramillo, oh David Alfaro Siqueiros, oh Heberto Castillo, todos ustedes encarcelados y hasta asesinados por el terrible delito de disolución social! Su historia está a punto de reproducirse en Veracruz con la ley Bermúdez con agua a presión, las patrullas policiacas, el uniforme de policí­a y la cárcel, en el entendido de que con la cárcel… no se juega.

Desde luego, los diputados locales aprobaron la ley Ampudia; pero en un acto, quizá de vergí¼enza y pudor con ellos mismos, redujeron la pena de 20 a cinco años y, por tanto, ahí­ está, lista, a la orden, para aplicarse cuando sea necesaria.

En contraparte, El oaxaco desapareció un dí­a hacia las 6 de la tarde, en las goteras de la ciudad de Xalapa, cuando dos patrullitas lo seguí­an; desde entonces nada se ha sabido de su destino.

Incluso, también se ignora si José Murat Casab sigue de asesor polí­tico del gobernador, quizá, acaso, porque ahora anda en las grandes ligas como cuando fuera coordinador del Pacto México, aquel que, por cierto, casi casi descarrilara el fidelista Salvador Manzur Dí­az por lenguaraz.

SEGUIR CRIMINALIZANDO LA PROTESTA SOCIAL

La ley Bermúdez

La ley para criminalizar la protesta social apenas se está cocinando en la LXIII Legislatura.

El diputado Adolfo Jesús Ramí­rez Arana, presidente de la Comisión de Tránsito y Vialidad, una dependencia del súper secretario de Seguridad Pública, el defeño Arturo Bermúdez Zurita, la ha presentado como iniciativa de ley en el Congreso propiedad del cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, 33 años dueño del SNTE, seis veces diputado local y federal pluri, siempre coordinador de la bancada priista en el Congreso, y a quien en cada proceso electoral la elite priista regala 20 presidencias municipales y cien regidurí­as.

Pero, además, a quien el sábado 27 de septiembre le anunciaran en la cumbre magisterial en el puerto jarocho que le pagarí­an los mil cien millones de pesos de aumento retroactivo salarial pendiente de pago a los profesores.

Callejas Arroyo, viejo zorro y mañoso, que nunca en su vida ha dado brinco sin huarache, capaz, incluso, de traicionar a sus amigos que lo impulsaron (caso Guillermo Rocha Altamira), ha quedado más comprometido que nunca para aprobar la ley Bermúdez.

Y la ley Bermúdez, señores y señoras, consiste en lo siguiente:

a) Nadie en Veracruz puede organizar marchas, plantones y caminatas… sin el permiso del secretario de Seguridad Pública.

b) Y si alguien la organiza sin tener por escrito el permiso del secretario de Seguridad Pública, la policí­a queda facultada para intervenir, hasta con la cárcel, es decir, con el garrote, el tolete y la macana y los perritos amaestrados, etcétera, etcétera.

El titular de la SSP busca así­ acallar, silenciar, doblar la inconformidad social nacida, fomentada y multiplicada a partir de los graves y grandes pendientes sociales de norte a sur de Veracruz, entre ellos, la inseguridad.

Es decir, que si a un habitante de Veracruz le secuestran, desaparecen y ejecutan y sepultan en fosa clandestina a un familiar, y desea protestar, deberá pedir permiso a Bermúdez.

Y si Bermúdez lo considera improcedente, entonces, que cada quien llore a su pariente en la intimidad de su casa, en su recámara, en la noche, con llanto en voz baja, para que ningún vecino escuche el dolor ajeno, considerando, incluso, que el llanto familiar también puede considerarse un acto de disolución social.

¡Oh Demetrio Vallejo, oh Rubén Jaramillo, oh David Alfaro Siqueiros, oh Diego Rivera, oh Heberto Castillo, todos ustedes encarcelados y hasta asesinados por disolución social!

Su historia está a punto de reproducirse en Veracruz pues, dicen los que saben, la historia siempre se repite.

He ahí­ el Veracruz de hoy.

TIPS PARA VIVIR MEJOR

Senador Pepe Yunes en vs de ley Bala de Bermúdez en Veracruz.
Los Callejas Arroyo quieren ¿más apapachos del góber?
Que pagarán $1,100 millones de retroactivo a profes de Callejas.
Polí­ticos y politiqueros, trepados en Ley del IPE. Que van 14 mil amparos...
Pagan anticipo a hoteleros para Juegos Centroamericanos.
Denuncia colectiva vs Casas Geo en puerto jarocho.
Marcha vs inseguridad en puerto jarocho hoy domingo, 10 horas. Saldrá del bule.
Profes disidentes organizan marchas para Centroamericanos. Por eso ley Bermúdez.
Pepe Yunes, único invitado de los Callejas Arroyo en cumbre popular en Veracruz.
Repartirán tí­tulos a duartistas como maestros en Polí­ticas Públicas.
“Las Patronas” cumplen 19 años de tarea social pa'migrantes.
Tiroteo en Chihuahua. 11 muertos.
Morelia, Michoacán. Saquean encapuchados camiones de frituras.
Fuego cruzado en Iguala, Guerrero. 6 muertos, entre ellos, dos estudiantes.
Muere Raúl ílvarez Garí­n, lí­der del movimiento estudiantil del 68.
Asesinado afuera de una cantina jarocha.


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