Entonces la reportera se amparó y el Juez Segundo de Distrito resolvió a su favor el juicio de amparo 1288/2017 para que el IVAI la entregara.
Y todaví­a así­ el IVAI se mantuvo en su mula.
La solicitud para transparentar la información pública en el estado de Veracruz, archivada. Engavetada. Escondida.
Y lo peor, dando treguas a la periodista y, de paso, evidenciando al director de Comunicación Social del gobernador Yunes, quien habí­a cumplido con su deber institucional.
De entrada, y ahora cuando ha trascendido parte de la información, significa que el IVAI está o estarí­a encubriendo, blindando, protegiendo, a los exvoceros de Duarte, Marí­a Georgina Domí­nguez Colio y Alberto Silva Ramos, quienes habrí­an pagado, o pagaron, cantidades millonarios a medios de comunicación registrados como empresas fantasmas.
Y más cuando el polí­tico preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México creó y recreó en su casi sexenio cuatrocientas empresas fantasmas, de tal modo que para robar tiempo al tiempo desde el primer mes de su mandato constitucional “le dio vuelo a la hilacha”.
¡Vaya acceso y transparencia de la información!
Cualquier mortal dirí­a que una vez más la iglesia fue puesta en manos de Lutero.
Las elites polí­ticas, acaso, tapándose entre sí­.
El IVAI quedando bien, según parece, con los funcionarios del sexenio anterior.

PROTEGEN A GINA Y "EL CISNE"

En su oportunidad, el gobernador Miguel íngel Yunes Linares documentó los (presuntos) trastupijes de Duarte y los suyos en materia de comunicación social.
En el transcurso del sexenio anterior, por ejemplo, Duarte canalizó trece mil millones de pesos para los medios, mejor dicho, para los dueños de los medios, donde la mayorí­a (prensa escrita, hablada y digital) fueron beneficiados.
Pero al mismo tiempo, todo indica, el dinero público fue manejado con sentido patrimonialista.
Por ejemplo, las siguientes facturas pagadas a medios que nadie conoce:
La verdad jarocha, Servicios de Estrategia y Comunicación y la empresa G Man Smart Bussines recibieron 9 millones 860 mil pesos de pago.
Promoción y Comunicación, SA de CV, 29 millones.
Servicios Integrales de Mercadotecnia, 12 millones.
Comercializadora Guí­zar, 7 millones.
Servicios Hectagonales, 77 millones 279 mil pesos.
Merca Carrey, 64 millones.
Mogaver, 34 millones (Notiver, 18 de agosto, 2018).
Nadie hasta el dí­a de hoy, veinte meses después del fin del sexenio anterior, conoce la identidad de los dueños de tales empresas.
Y la reportera Naldy Rodrí­guez deseó seguir la pista a las posibles trapacerí­as y trastupijes y desde el IVAI (Yolli Garcí­a ílvarez -gente del duartista Gabriel Deantes Ramos-), José Rubén Mendoza Hernández (gente de Gabriel Deantes) y Arturo Mariscal Rodrí­guez (gente de Yolli Garcí­a y, por añadidura, gente de Deantes), entre la presidenta y los secretarios comisionados la bloquearon.
Caray, rudeza innecesaria y que, desde luego, pone bajo sospecha al llamado Instituto de Acceso a la Información.
Y más, mucho más, cuando de por medio existe la orden de un juez.
Claro, y según la ley, como el IVAI ha incumplido la sentencia del juez, una multa.
Y si vuelve a incumplirla, segunda multa.
Y si por tercera ocasión, entonces, la destitución de los comisionados.

SIMPLE RENDICIÓN DE CUENTAS

A tres meses y once dí­as del fin del bienio azul, muchas cositas están pendientes en materia de rendición de cuentas.
Entre ellas, los más de treinta polí­ticos, funcionarios públicos, jefes policiacos y policí­as acusados de presuntos desví­os de recursos y desaparición forzada, y cuyos procesos penales van caminando y ya se verá si el tiempo alcanza para el dictamen correspondiente.
Y más cuando el fin de semana los abogados del extitular del ORFIS, Órgano de Fiscalización Superior, excontralor y ex secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, lo dejaron solo, digamos, abandonado cuando debí­a comparecer una vez más en la barandilla.
Y más porque ese dí­a, el viernes 17 de agosto, el juez Marco Antonio Lobato “determinó que la garantí­a económica de 50 millones de pesos seguirá vigente y que habrá de pasar doce meses en prisión al tener dos procesos abiertos” (Notiver).
Incluso, hay más de quinientas denuncias penales contra 355 funcionarios del sexenio anterior en la Fiscalí­a interpuestas por la Contralorí­a y el ORFIS pendientes del dictamen consabido.
Y aun cuando los duartistas se han puesto eufóricos a partir de la liberación de la profe Elba Esther Gordillo, más de 5 años en la cárcel por órdenes de Enrique Peña Nieto, cada parte ha de cumplir con sus denuncias y procesos penales.
La reportera Naldy Rodrí­guez ha demostrado su madurez profesional y ella sigue rascando la posibilidad, a tal grado que hasta un juez la amparó.
Ella desea seguir la pista a los contratos de publicidad de Javier Duarte en un Veracruz cuando según el ex gobernador habí­a en su tiempo quinientos medios y ocho mil reporteros.
Simple y llanamente se trata de la búsqueda de la verdad en un paí­s ubicado en el primer lugar de corrupción polí­tica en América Latina y uno de los primeros lugares mundiales.
El Juez Segundo de Distrito informó a los Comisionados del IVAI que si incumplen con la entrega de los contratos de publicidad de Duarte a la reportera, entonces, “habrá sanciones y les impondrán una multa consistente en cien unidades de medida y actualización”.
Si así­ fuera, y en solidaridad con los comisionados, Gabriel Deantes Ramos, Marí­a Georgina Domí­nguez y Alberto Silva pagarí­an con mucho gusto la multa.
Pero, bueno, ante tales cositas, sólo quedarí­a la filtración de los documentos… que peor fue, por ejemplo, desaparecer personas en los retenes y crear la fosa clandestina más grande de América Latina en el terreno anexo al fraccionamiento “Colinas de Santa Fe” en el puerto de Veracruz.