El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación: 518 mil 757 pesos, es decir, más que Enrique Peña Nieto.

El presidente del Instituto Federal Electoral, IFE: 448 mil 960 pesos.

El auditor Superior de la Federación: 375 mil 664 pesos.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: 375 mil 267 pesos. (La jornada, Enrique Galván Ochoa, columna Dinero, 18 de noviembre, 2014).

En contraparte, un cerillero de una tienda comercial: lo que alcance en propinas.

Un empleado de las tiendas de alimentos rápidos y chatarras: 4 mil pesos.

Una trabajadora sexual: lo que los clientes le den en tales dí­as navideños.

Un indí­gena en la sierra de Zongolica, trabajador de faenas agrí­colas: ni un centavo.

Un reportero: lo que caiga en embutes.

He ahí­, pues, el paí­s donde la desigualdad social y económica domina hasta en el aguinaldo.
El dato del CONEVAL es apocalí­ptico: cada vez aumentan más los ricos y también el número de pobres.

Más aún: en el paí­s y, por tanto, en cada entidad federativa unas 200 familias son dueñas de más del 60 por ciento de la riqueza nacional.

Por un lado, los salarios elevadí­simos, más viáticos, más gastos de representación, más los negocios lí­citos e ilí­citos, más lo que se friegan por dentro y por fuera los polí­ticos en cargos públicos con presupuesto disponible.

Y por el otro, la población asalariada del paí­s que cada quincena sale corriendo a la casa de empeño para pignorar su único patrimonio, que es el anillo de matrimonio, si es que todaví­a lo conservan.

Así­ hemos vivido desde 450 años de Cristo y ene número de años antes de la llegada de Hernán Cortés a las playas de Chalchihuecan y nada indica que los hechos y resultados de las polí­ticas públicas cambien algún dí­a.

Pobre eres y pobre morirás reza el adagio popular.

POBLACIÓN JODIDA, POBRE Y MISERABLE

En la campaña presidencial Andrés Manuel López Obrador propuso la reducción de salarios tan privilegiados a los polí­ticos.

Perdió los comicios y su propuesta nunca, jamás, fue replicada en el nuevo gobierno federal, ni menos, mucho menos, en los estados del paí­s cada año con el proyecto de presupuesto.

Lo peor del asunto son los negocios lí­citos e ilí­citos a la sombra del poder público, más el diezmo y el doble diezmo, más la compañí­a constructora que cada jefe Mientras el presidente de la Suprema Corte de Justicia recibirá 518 mil 757 pesos de aguinaldo, a los indí­genas, que ganan 70 pesos diarios en la jornada, ni un quinto les darán los patrones y, lo peor, a ningún funcionario público ni polí­tico interesa la cruda realidad polí­tico forma con los suyos para ordeñar la vaca a todo lo que se puede, más el tráfico de influencias para poner sudar en el mundo bursátil los recursos federales.

Lo anterior lleva a la irascibilidad social cuando, por ejemplo, se sabe que en Veracruz hay 800 mil personas seniles, de la tercera edad, de las cuales la mayorí­a adolece del sistema pensionario.

Pero, además, la mayor parte que recibe pensión alcanza entre unos 2 mil a 3 mil pesos mensuales de jubilación, y con tales recursos, obvio, nadie vive.

En el otro lado de la moneda están los egresados de las universidades públicas y privadas: luego de cinco años de estudiar salen al mercado regional y encuentran chambas de unos 4 a 5 mil pesos mensuales, y sin prestaciones, y expuestos al despido imprevisto sin liquidación.

Peor tantito si se considera que desde hace tres, cuatro sexenios, el gobierno federal, a través del IMSS, prohibió tener aprendices en los negocios y, por tanto, los espacios para agarrar experiencia están cerrados.

Si algún polí­tico alardea que su entidad federativa es una tierra de oportunidades está mintiendo y mofándose de la tragedia colectiva.

México, igual que Veracruz, un territorio abundante en recursos naturales y con una población jodida, pobre, miserable.

FRACASA POLíTICA ECONÓMICA

Cierto, hay fuentes de empleo; pero con salarios de hambre.

Cierto, hay trabajo; pero en su mayorí­a para la gente de las ciudades urbanas, mientras en las regiones indí­genas y rurales el desempleo y el subempleo manifiesta el gran fracaso de la polí­tica económica.

Un dato: en la sierra de Zongolica la jornada diaria desde el alba hasta el cenit es de 70 pesos y cuando el indí­gena deja de trabajar por equis razón, una enfermedad, por ejemplo, ningún patrón le paga.

Y si enferman, allá que el Señor Todopoderoso lo cuide, pues nunca han usufructuado las prestaciones ni médicas ni sociales ni económicas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.

Un dato: nunca en los cuatro años del duartismo, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marco Antonio Aguilar Yunes, ha supervisado, con su homólogo el secretario de Desarrollo Económico Érik Porres Blesa, las circunstancias sociales y económicas en las 8 zonas étnicas de Veracruz.

Es más, se duda que conozcan su ubicación yendo solos, sin choferes ni piloto de helicóptero.

Lo peor del asunto es que a nadie de la elite polí­tica le interesan los pobres y para ellos sólo hay estufa ecológica, piso firme, techo de lámina y despensas alimenticias.

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