El lunes en la tarde interpusieron una demanda en la Agencia del Ministerio Público.

El martes se angustiaron mucho más. Todaví­a peor hacia el martes en la noche y el amanecer del miércoles y hacia la noche del miércoles y el jueves y el viernes, no obstante que la familia andaba en una frenética búsqueda por todos lados.

El viernes 26 de septiembre, el cadáver de Pedro Chang Razo apareció flotando en el rí­o Coatzacoalcos, de igual manera como decenas, cientos quizá, de cuerpos han flotado en el rí­o Blanco, considerado el panteón más grande de los carteles.

Habí­a muerto por asfixia y sumersión.

La búsqueda y la esperanza tocaban fin.

Se trata de un caso más que de norte a sur y de este a oeste de Veracruz se están padeciendo.

Imparables.

Sin freno.

Como si se tratara de un hecho y una circunstancia normal. Daños colaterales les llamaba George W. Bush a los crí­menes de civiles en la guerra del Medio Oriente que también adoptara Felipe Calderón para justificar los muertos de civiles en la guerra contra los cárteles.

Ahora, sin embargo, y para evitar que los familiares de Pedro Chang, de igual manera como los cientos, miles quizá de parientes con hijos, padres, tí­os desaparecidos, se manifiesten, el secretario de Seguridad Pública ha inventado su ley que pronto debatirá el Congreso local para que nadie, absolutamente nadie, organice una caminata en contra de los grandes y graves pendientes sociales de la tierra jarocha.

¡Ah!, pero si además algunos osados y temerarios se van a la calle en una marcha, sin el permiso oficial, entonces, que cada uno se atenga a las consecuencias porque la policí­a, dice la iniciativa de ley, autoriza que con el garrote, la macana, el tolete, los gases lacrimógenos y los perros amaestrados los inconformes sean detenidos, encarcelados, y en un descuido, ni hablar, cosas de la vida, desaparecidos.

He ahí­, pues, el Veracruz de hoy.

Las grandes ideas del secretario de Seguridad Además de que una familia pierda a un pariente secuestrado y desaparecido y su cadáver sea tirado en el rí­o Coatzacoalcos, la Secretarí­a de Seguridad Pública pretende ahora CRIMINALIZAR las marchas, los plantones, las manifestaciones y la protesta social en la ví­a pública. ¿De qué se trata, gobernador? Pública, que luego de haberse modificado la ley para convertir la SSP en una súper secretarí­a, ahora quiere una ley represiva e intolerante a modo.

¿Tanto, tanto, tanto le valdrá al góber padrí­simo el destino de los 8 millones de habitantes de Veracruz que se ha llegado a tales lí­mites de intolerancia, y por supuesto, de represión?

Es decir, además de que un familiar sea plagiado, desaparecido y ejecutado, todaví­a, nadie pueda expresarse en la ví­a pública exigiendo y reclamando justicia en una lucha abierta y frontal contra la impunidad, y si así­ lo quisiera ¿que le pida permiso al secretario de Seguridad Pública?

Es decir, que ante la manifiesta incompetencia de la Secretarí­a de Seguridad Pública, la Agencia de Investigaciones y la Procuradurí­a de Justicia para administrar la justicia de acuerdo con la Constitución Polí­tica… ¿Todos los familiares se resignen y crucen de brazos y vayan a la iglesia a rezar para que Dios haga el milagro de que la justicia campee en Veracruz, sin perturbar ni inquietar para nada la paz interna y externa del gabinete legal y ampliado del honorable honorable honorable gobierno del estado de Veracruz Llave?

¿Pensará el defeño secretario de Seguridad Pública que en Veracruz estamos castrados y nos arrodillaremos ante él, oh Soberano Prí­ncipe de las Tinieblas?

¿De qué se trata, gobernador?

CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL

El secretario General de Gobierno suele resolver los conflictos… con el billete por delante, pues aplica el principio marxista/leninista de que en polí­tica lo que se compra con lana… sale barato.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública pretende pulverizar el descontento social por la obra pública inconclusa, dejada a medias, anunciando con que interpondrá demanda penal contra las empresas constructoras.

El contralor quiere poner orden en casa advirtiendo que procederá contra los funcionarios públicos que mantengan desactualizada la declaración patrimonial y/o ni siquiera la hayan entregado.

El procurador de Justicia cree que cacareando en los medios que cada semana detienen a un par de bandas delincuenciales la paz perdida habrá de reinstalarse en automático.

El secretario de Desarrollo Agropecuario está seguro que dando largas, y largas y largas a los productores Veracruz recuperará el liderazgo en cultivos y la calidad de vida de los hombres del campo se enaltecerá.

El secretario de Educación ha de creer que sacando una escuelita un premio nacional en bailable regional la calidad del sistema educativo saldrá del sótano para brincar por milagro divino a los primeros lugares.

Y el defeño secretario de Seguridad Pública se siente ahora dueño de la vida y de la noche de los 8 millones de habitantes de Veracruz y por esa cabildea en el Congreso local, a través del diputado Adolfo Jesús Ramí­rez Arana la ley Bermúdez para criminalizar las marchas, los plantones y las manifestaciones.

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