La Tribu Yaqui y la población de Hermosillo deben unirse y solidarizarse para enfrentar la embestida del gobierno estatal y local en su contra por el tema del agua. El Ayuntamiento no puede decirle a los hermosillenses que no habrá ni una gota del lí­quido y tampoco el gobierno de Guillermo Padrés Elí­as puede seguir con su campaña de odio en contra de los indí­genas yaquis, dijeron activistas de la Misión Civil de Observación Consulta a la Tribu Yaqui, conformada por más de 200 organizaciones sociales. Ambos gobiernos panistas agravian y violan los derechos humanos de los bandos involucrados en el conflicto del Acueducto Independencia, en un afán por defender la operación de la mega obra de Padrés Elí­as.

“Hay que entender que si el gobierno de Hermosillo le quita el agua a la población, es una agresión y creo que tenemos que hacerle un llamado a la población de Hermosillo para que se solidarice con los yaquis y a los yaquis para que se solidaricen con la población de Hermosillo y juntos buscar una solución al problema”, dijo Félix Hernández Gamundi, integrante de la Fundación para la Democracia.

Los activistas de la Misión de Observación denunciaron que la campaña de odio emprendida desde el gobierno del estado en contra de los yaquis se agudizó durante las últimas semanas, así­ como la coacción hacia los habitantes de la ciudad de Hermosillo.

Hace dos semanas David Ernesto Contreras Camou, director General de Agua de Hermosillo (Aguah), ofreció una conferencia de prensa el 12 de julio para alertar a la población de la decisión del cierre de una obra que le cuesta al erario 3 mil 860 millones de pesos y que inició construcción a finales de 2010 para llevar 75 millones de metros cúbicos de agua anuales del Rí­o Yaqui, en la presa Plutarco Elí­as Calles (El Novillo) a Hermosillo. “Me informan que la Comisión Nacional del Agua ha comunicado que a más tardar, el próximo martes [15 de julio] se le cortará a la ciudad de Hermosillo el agua proveniente de la presa El Novillo, afectando así­ a más de 850 mil habitantes.

Esta situación es de gran trascendencia, ya que nos pone en el riesgo de caer en una delicada situación de emergencia, desafortunadamente en contra de los ciudadanos hermosillenses quienes volverán a resentir los efectos de la falta de agua en sus hogares”, dijo el directivo.

El funcionario público además le informó a la población de Hermosillo que habrí­a tandeos: algunas colonias tendrí­an tres horas de agua, otras una hora y los habitantes de asentamientos irregulares, ni un gota. “Seré más especí­fico: sin el aporte del agua de El Novillo, de nueva cuenta se volverá a recurrir al tandeo, pero más riguroso en esta ocasión de tres horas al dí­a, en las mismas 560 colonias, algunas de ellas, especialmente las de partes altas como El Coloso, Mariachi, 5 de Mayo, El Ranchito, Cañada de los Negros, entre otros, con abastecimiento de apenas una hora.

Es terrible, pero en los más de 27 asentamientos irregulares de la ciudad, las llamadas invasiones, no podrán contar con agua a ninguna hora del dí­a, pues el agua no alcanzará para abastecer ni siquiera en pipas”, dijo el director de Aguah. Después de esas palabras Contreras Camou declaró a la ciudad como “zona de emergencia” y dijo textualmente: “todos salimos perdiendo, si nos quitan el agua que no le faltaba a nadie, solamente a nosotros”.

De acuerdo con Hernández Gamundi, simplemente lo que propone el Ayuntamiento de Hermosillo es imposible y de llevarlo a cabo, violarí­a la ley. “Hay formas a través de las cuales la gente de Hermosillo puede defenderse: podrí­a buscar la destitución de los gobernantes a través de un referéndum, está en todo su derecho, hoy la ley lo permite, pero lo primero es que la población tiene que impedirle al gobierno municipal y estatal, continuar con las arbitrariedades en contra de los dos núcleos. Se está violando el artí­culo 115 de la Constitución Mexicana, donde se refiere a la obligación del gobierno municipal de proveer de servicios públicos a la población”, explicó.

EL GOBIERNO DE PADRÉS VIOLA LA LEY

En cuanto a la Tribu Yaqui, la Misión Civil documentó una serie de violaciones a los derechos humanos de los indí­genas, entre los que destaca el derecho a la consulta, que debió ser previa y que simplemente fue ignorada. Padrés Elí­as construyó su acueducto sin consultar a los yaquis y debido a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó realizar ese ejercicio, el proceso inició desde principios de año, pero el 5 de julio pasado se detuvo debido a que se rompió la comunicación entre el Estado y la tribu.

En este contexto, la Misión Civil exigió al Estado mexicano suspender urgentemente el Acueducto Independencia, hasta que se restablezca el proceso de consulta. “Se debe suspender para evitar seguir causando un daño irreparable a la Tribu Yaqui y lesionar el carácter previo de buena fe de la consulta”, dijo Javier Bautista, del Programa Intercultural de Asuntos Indí­genas (PIA-IBERO). Los activistas pidieron proteger la vida e integridad fí­sica de los yaquis, suspender las órdenes de aprehensión en contra de los lí­deres Mario Luna y Tomás Rojo, entre otros, y evitar las descalificaciones del gobierno estatal en los medios de comunicación local o en cualquier otro espacio contra de las autoridades yaquis. Según los miembros de la Misión Civil, está claramente identificada una campaña de odio en contra de la tribu, que tiene su origen desde las entrañas del gobierno estatal.

La campaña, además de los descalificativos, también incluye minimizar el conflicto argumentando que se trata de un tema polí­tico ente el Partido Acción Nacional (PAN) que gobierna Hermosillo y el estado y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que está al frente del sur de Sonora, incluyendo del Valle del Yaqui. “Los yaquis tienen derecho a esa agua por dos decretos presidenciales. Este es un asunto de derecho y en el derecho el que llega primero en el tiempo, es el primero en tener el derecho. Los yaquis tienen derecho al agua y la población de Hermosillo también, y se tiene que evitar entrar en una duplicidad de derechos, no se puede poner uno sobre el otro.

El acueducto está ahí­ y eso sobrepasa el argumento de a qué partido beneficia, la tribu está defendiendo el agua, independientemente del color que sea”, dijo Hernández Gamundi. Los activistas pidieron a las autoridades federales impedir que terceros lleven a cabo, dentro o fuera del marco de la consulta, actos de presión polí­tica, sobornos, amenazas o cualquier tipo de práctica coactiva encaminados a viciar la voluntad de las comunidades. “Ello implica la entrega inmediata de los faltantes de información que solicitamos a la Semarnat [Secretarí­a de Medio Ambiente y Recursos Naturales], Conagua [Comisión Nacional del Agua] y la CDI[Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí­genas]. La información debe ser actualizada, ser precisa, y accesible técnica y culturalmente para la Tribu Yaqui”, dijo Javier Bautista.

La Misión llamó a la Conagua y a Semarnat a dialogar con los yaquis y a mediar en el conflicto por el agua en Sonora. “De hecho la Conagua trató de destrabar el conflicto, pero allá se empeñan y han hecho cosas, por ejemplo hace seis meses acompañamos a los yaquis a una reunión en Ciudad Obregón y llegaron como 40 funcionarios a ofrecerles de todo, y eso en medio en de un proceso de consulta da qué pensar”, dijo Bautista.

DESALADORA, UNA OPCIÓN

Félix Hernández indicó que antes de que el ayuntamiento de Hermosillo llegue a la restricción del agua a sus pobladores, debe considerar antes algunas opciones: una de ellas, la primera y más urgente, dar mantenimiento a su red de agua potable. “Teóricamente la dotación de agua para la población de Hermosillo es de 300 litros por persona por dí­a, pero el consumo real debe andar en la mitad de eso. Un programa de racionalización de consumo de agua es viable, pero antes el gobierno local deberí­a cumplir con una obligación que es dar mantenimiento a la infraestructura Hermosillo.

La red pública tiene niveles de pérdida de agua brutales, arriba de 40 por ciento por las fugas, eso es mucho más barato que el acueducto, y es mucho más barato que la desoladora”, dijo.

Sin embargo, la desaladora no deja de ser una opción, que ya fue planteada en el 2000 y 2009, pero que fue desechada por el argumento de que era muy costosa. “Pero el costo no es el problema. El proyecto de la desaladora en el 2000 costaba 200 mdd, el acueducto costó 270 mdd, así­ que ese no es el problema real. Además la tecnologí­a se ha abaratado, hace 14 años, cuando se planteó por primera vez esta opción, el metro cúbico costaba entre 3 y 4 dólares. Hoy ronda entre 40 y 45 centavos de dólar”, indicó.

Entre las opciones también está la tecnificación del riego, pues actualmente se siguen regando los cultivos con las mismas técnicas de finales del siglo XIX. De acuerdo con los activistas si se tecnificara el riego, se podrí­a ahorrar el agua que se desperdicia con las técnicas tradicionales que oscila entre el 60 y 65 por ciento.

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