El lunes 12 de abril murió en Acayucan Carlos Garduza Trujillo. Su nombre, probablemente, no diga mucho, porque no se trataba de un polí­tico, ni de un hombre rico. Era un trabajador del Ayuntamiento de aquel lugar; de recursos escasos, diabético, que murió esperando que dos instancias judiciales (el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y el Poder Judicial Federal), le hicieran justicia.

Me explico:

Hace 10 años, junto con otra docena de trabajadores, Garduza fue despedido del Ayuntamiento que presidí­a Judith Fabiola Vázquez Saut. Demandaron su reinstalación y el pago de prestaciones económicas, y ganaron. El desacato al Laudo por parte del Ayuntamiento (ya para entonces, presidido por la hermana de Judith Fabiola, Regina Vázquez Saut), generó la primera recomendación en su tipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el sentido de que las resoluciones judiciales tienen que ser cumplidas.

La recomendación de la CEDH determinó que las violaciones a los derechos humanos de estos trabajadores -entre ellos, Garduza- eran lesa humanidad. El criterio, fue ratificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (entonces presidida por José Luis Soberanes), en una recomendación dirigida al Congreso del Estado, en la que pedí­a que se aplicaran sanciones a Regina y a su Cabildo.

El gobierno de la “fidelidad” determinó rescatar a su nueva aliada, y reinstaló a los trabajadores y les pagó lo que les debí­a (previo embargo de cuentas bancarias).

Poco les duró el gusto a los empleados reinstalados, porque un par de meses después fueron despedidos de nuevo. Otra vez demandaron su reinstalación y el pago de salarios caí­dos, y ganaron. Y otra vez, el Ayuntamiento de Acayucan, presidido ”“otra vez- por Judith Fabiola Vázquez Saut, desacató la condena del Tribunal.

Llevado el desacato de Judith Fabiola al Poder Judicial Federal, al fallarse el amparo indirecto 958/2012 del Juzgado Noveno de Distrito, se concedió a los trabajadores (entre ellos, Carlos Garduza), la protección de la Justicia Federal para el efecto de que “de inmediato”, el Ayuntamiento de Acayucan los reinstalara y les pagara lo que les adeuda. La sentencia del juez federal fue confirmada por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

El 26 de febrero pasado, por orden del juez federal, Garduza y otros once trabajadores fueron reinstalados. El aderezo de la diligencia de reinstalación lo puso Valentí­n Martí­nez Salazar, asesor jurí­dico del Ayuntamiento, quien exigí­a que Garduza subiera las escaleras del Palacio Municipal para asistir a la diligencia (sabiendo que perdió los dedos del pie por la diabetes, y no podí­a hacerlo), o que se le tuviera por no presente…

Fueron reinstalados, pero no se les ha cubierto un quinto de lo que se les adeuda. El Poder Judicial Federal está ahora mismo requiriendo al Congreso del Estado, quien también hace caso omiso.

Y a pesar de que el gobierno de Javier Duarte sabe que Judith Fabiola Vázquez Saut está vinculada (porque así­ lo dispone la nueva Ley de Amparo), al desacato en el que incurre el actual Ayuntamiento (y, por ende, a un probable delito), decide consolarla haciéndola subsecretaria de agricultura. Sus méritos (etéreos, como los de la mayorí­a de los colaboradores del duartismo), estarí­an vinculados a que ella y su hermana Regina, migraron del PAN al PRI el capital polí­tico que (a sangre y fuego), su padre Cirilo Vázquez construyó en el sur.

En ese contexto es que muere Carlos Garduza; esperando a que el Ayuntamiento de Acayucan cumpliera la condena que le impuso la justicia; esperando que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal hiciera cumplir su laudo; esperando que el Poder Judicial Federal hiciera cumplir su sentencia; esperando que el Congreso del Estado dispusiera una ampliación presupuestal para pagarle; viendo cómo.

Esto es Veracruz.