fija una posición conciliadora y rechaza la ingerencia de la Federación en ese tema. Pero Muñoz Ledo, propone además la inhabilitación del gobernador electo Jaime Bonilla y la repetición de las elecciones, que tendrí­a que ser convocada por un gobernador interino nombrado por el propio congreso de esa entidad.
No es posible que por encima de la constitución polí­tica de la República, el congreso de una entidad cualquiera, pretenda modificar una de las decisiones polí­ticas fundamentales, que data de 1824 y que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Martí­ Batres, presidente del Senado, se pronunció en términos similares a los de Muñoz Ledo, agregando que la ampliación del mandato del Gobernador de Baja California, de 2 a 5 años resultarí­a graví­sima pues serí­a equivalente a una ruptura con la Federación y el Pacto Federal.
Martí­ Batres señaló que entre las opciones para echar atrás la reforma de Baja California, se encuentra la controversia constitucional, que incluso se podrí­a plantear de manera conjunta por las 2 cámaras del congreso y también podrí­a interponerla cualquier interesado. Respecto a lo dicho por Monreal Avila, de caer en un proceso ingerencista, violando la soberaní­a el estado de Baja California, pero aceptó que los inconformes podrí­an recurrir al artí­culo 76, Fracción 5ª de la constitución, que establece la desaparición de poderes.
Solo basta esperar la publicación de la mentada reforma constitucional de Baja California, para que los inconformes interpongan los recursos a que haya lugar, para conocer también la opinión definitiva de la Suprema Corte de Justicia, que en última instancia pondrí­a fin al debate suscitado por el congreso local de Baja California, que ha pisoteado la voluntad polí­tica de los bajacalifornianos.
Hay que recordar que el pasado proceso electoral convocó a votar por un gobernador de 2 años, saliendo victorioso por abrumadora mayorí­a el candidato de MORENA, Jaime Bonilla. Pero de ahí­ a que le aumenten 3 años más, para ser un gobernador de 5, dista mucho y no le alcanzan a los diputados locales, sus facultades y atribuciones, para romper con el pacto federal.