Hay, sin embargo, unos talones de Aquiles del Fiscal que en un dos por tres, “antes de que el gallo cante 3 veces”, lo descarrilarí­an, de igual manera como la yunicidad tumbó al Fiscal carnal de Javier Duarte, preso en el penal de Pacho Viejo.

PASAMANOS: “Un caballito de Troya” está en las auditorí­as de la Auditorí­a Superior de la Federación en el año 2017 y cuyas observaciones rozan al Fiscal yunista, pues el asunto echa chispas sobre el presunto desví­o de recursos federales.
Según las versiones, y si le rascaran por ahí­ significarí­a un escándalo polí­tico y presupuestal mayor, pues, todo indica, parte de los recursos terminaron en una campaña electoral del PAN en el año 2018, y aun cuando pudiera dudarse, hay pistas sembradas en la operación.

CORREDORES: El otro “caballito de Troya” está en la versión de “aviadores” en la Fiscalí­a, y en donde están incluí­dos abogados penalistas al servicio del Fiscal.
Incluso, hay quienes afirman que bastarí­a una auditorí­a a los cheques quincenales para confirmar la hipótesis.
Por ejemplo, que en vez de que el pagador de la Fiscalí­a los entregara los entregara un auditor, primero, para ubicar a cada uno, y segundo, para auditar el área donde están asignados y auditar el trabajo concreto y especí­fico a su cargo y el resultado social y auditar, incluso, el horario de trabajo.
Solo así­, digamos, serí­a posible la caza de “aviadores”…, en caso, claro, de existir.

BALCONES: En la yunicidad, el góber publicitó un video desde Estados Unidos revelando “en vivo y en directo” que estaban embargando y recuperando para Veracruz la mansión que Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública en el duartazgo, habí­a comprado, ajá, con recursos públicos.
Incluso, hasta con el trascendido de que Bermúdez todaví­a debí­a 800 mil pesos a la inmobiliaria y que serí­an cubiertos por la secretarí­a de Finanzas y Planeación con el testimonio de la Fiscalí­a para, digamos, legitimar la acción oficial.
En efecto, los 800 mil pesos fueron pagados con cargo al erario de Veracruz.
Pero cuando quisieron poner la propiedad de Bermúdez a nombre del gobierno del estado brincó la liebre.

PASILLOS: Y brincó por una sola circunstancia: de acuerdo con la ley norteamericana, ningún gobierno puede tener propiedades a su nombre.
El resbalón, sin embargo, estaba consumado.
Por eso, el Fiscal y el extitular de SEFIPLAN tienen o tendrí­an asunto pendiente con la ley en Veracruz por la sustracción de recursos oficiales con daño para la hacienda pública.
En ningún momento, y desde entonces, y luego de la pifia, el dinero público ha sido redituado a las arcas oficiales.
La mansión sigue en propiedad de la inmobiliaria que se la habí­a vendido en abonos a Bermúdez, y el Fiscal bien podrí­a ser acusado por los siguientes delitos.

VENTANAS: Primer delito: el presunto desví­o de recursos públicos.
El segundo delito: el abuso de autoridad.
Y el tercer delito y que llegarí­a al ex gobernador, el ejercicio indebido de las funciones públicas, pues ningún mandatario de Veracruz tiene facultades constitucionales para hacer pesquisas ni tampoco para recuperar bienes, pues es tarea de otras dependencias.

PUERTAS: El otro frente que el gobierno de Veracruz ha descuidado para tumbar al Fiscal es que en la yunicidad (se ignora si todaví­a hoy) al mismo tiempo que se desempeñaba como “Señor Justicia” también litigaba desde su despacho jurí­dico y a través de sus abogados.
Incluso, cuando llegaban a los juzgados y hasta las oficinas de los Agentes del Ministerio Público hay la versión de que hací­an sentir el tráfico de influencias, incurriendo, claro, y de ser así­, en el famoso conflicto de intereses.

CERRADURAS: Queda, sin embargo, otro pendientito.
Es el caso del rancho de Naolinco, propiedad de la señora madre de Arturo Bermúdez Zurita, y que luego de tanto forcejeo, la Fiscalí­a fue incapaz de quitárselo.
Pero… en la cancha polí­tica, social y penal se afirma que la señora nunca fue escuchada en el juicio correspondiente y sus garantí­as constitucionales fueron violadas.
Y de ser así­, es cuestión de rascar a la posibilidad en vez de seguir gastando la pólvora en infiernitos condenados al fracaso, de igual manera como el fallido operativo de la LXV Legislatura, con mayorí­a de diputados locales de MORENA, para destituir al Fiscal.

PATIO: Los asesores jurí­dicos del góber han de aplicarse.
Cada semana transcurrida con el Fiscal en su palacio de justicia significa el hazmerreí­r para Cuitlalandia.
De un manotazo, Miguel íngel Yunes Linares destituyó a Luis íngel Bravo Contreras.
De dos manotazos, Javier Duarte destituyó a sus primeros dos procuradores de Justicia y le valió cuando para entonces habí­a cambiado sin rendir cuentas a 85 (ochenta y cinco) funcionarios y que significara la peor desestabilización polí­tica en la historia local.
Muchos dolores de cabeza ha dado el Fiscal al sexenio de MORENA.
Y ha de apresurarse, porque, además, más que el Fiscal entronizado en el poder polí­tico es su gurú y tlatoani, el Yunes azul, quien con Vicente Fox y Carlos Salinas encarnan el trí­o de polí­ticos más repudiados y odiados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.