Y, entonces, escondido en algún lugar de la capital, y en donde, una vez más, el terror y el horror le alcanzó con otra cara, incluso, proveniente de esa cosita llamada Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAPP.
El primer calambre o aviso fue en las redes sociales. Luego, aceptó fungir como testigo en la Fiscalí­a en una investigación de alto impacto y sobrevino el peor de los mundos.
En una llamada telefónica a su jefa, la reportera Liliana Barradas, su voz se escucha desesperada y angustiada. Incluso, llorando. Estremecido por el miedo.
“Te juro que no sé qué hacer. Me siento impresionado”.
Y el llanto le gana.
Fue el 18 de diciembre, ya en la Cuitlamaní­a.
Entonces, lo reasignaron a Xalapa y hacia el 10 de enero de este año, el comisionado de la CEAPP, Jorge Morales, le ofreció y proporcionó ayuda, digamos, con el pago de un departamento.
Pero luego, por equis razón, el señor Comisionado incumplió su palabra, nunca hizo el pago correspondiente, y Jorge Santander quedó a la deriva.
Y la angustia empeoró tanto que presentó una, digamos, denuncia en la Fiscalí­a Especializada en Atención a Periodistas, Jaime Cisneros, por la estafa de la CEAPP.
Incluso, otra vez la guadaña le cayó encima y sus amigos lo declararon hasta desaparecido, porque durante unas horas nadie supo de su destino y paradero.
Y más, cuando trascendiera que los malandros, rateros, ladrones, entraron al departamento donde estaba refundido, y le robaron la copia de la denuncia contra Jorge Morales.
Entonces, sus amigos se movilizaron, desde su jefa hasta la diputada Marijose Gamboa Morales y el mismo Fiscal Jaime Cisneros para su localización.
Horas y dí­as sórdidos y siniestros, pues aun cuando, y como decí­a Miguel Alemán Velasco, todos alguna vez hemos sido amenazados de muerte y por diferentes canales, Jorge Santander llegó al grado máximo del pánico.

EL CASO LLEGÓ A LA LEGISLATURA

Más aún.
Cuando el reportero Jorge Santander comunicó las amenazas de muerte a la CEAPP, el secretario Jorge Morales le otorgó medidas cautelares y lo asignó en el dichoso departamento y se guardó para sí­ la ubicación, como si se tratara, digamos, de un secreto de Estado.
Incluso, Santander le pidió ayuda para adquirir una computadora y que le fuera negada.
Pero luego de la estafa con el pago de la renta, y luego de que las partes se tiraran la pelota, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto, asumió la renta de un hotel, pues la CEAPP, con todo y los diecisiete millones de pesos de presupuesto anual y que sirve para pagar cuarenta mil pesos mensuales a los comisionados sin ninguna productividad en beneficio del gremio reporteril, argumentó escasez de fondos.
El caso, sin embargo, ha llegado a la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de la LXV Legislatura donde los miembros (Marí­a Josefina Gamboa Torales (PAN), Augusto Nahúm ílvarez Pellico (MORENA) y Gonzalo Guí­zar Valladeras (PES, mejor dicho fracción “En el lado correcto de la historia”) se están, preocupados, ocupando.

LA CEAPP, EN LA PICOTA

En el sexenio de Javier Duarte, diecinueve reporteros asesinados y tres desaparecidos.
En el bienio de Miguel íngel Yunes Linares, cinco reporteros ejecutados.
En las seis semanas y media de la Cuitlamaní­a, 189 muertos, 26 mujeres asesinadas (una de ellas, una migrante guatemalteca y una niña de doce años, en Santa Ana Atzacan) y 38 secuestros.
El cacique de Veracruz, el ex diputado local, Manuel Francisco Martí­nez, de Chicontepec, convertido en el primer preso polí­tico del sexenio de izquierda.
Nadie, entonces, desearí­a que al colega Jorge Santander le sorprendiera un ataque de caspa, porque entonces, resucitarí­a la pesadilla de la caja de Pandora que en los últimos ocho años ha encontrado tierra fértil de norte a sur y de este a oeste de Veracruz con el asesinato de trabajadores de la información y que en el duartazgo se convirtiera “en el peor rincón del mundo para el gremio reporteril”.
Por lo pronto, y luego del desaguisado del Comisionado de la CEAPP, Jorge Morales, quizá, digamos, hasta lo pudieran acusar de obstrucción de la justicia e incumplimiento de un deber legal por ocultar durante varias horas tensas, siniestras y sórdidas la ubicación de Jorge Santander, pues era el único que sabí­a de su destino.
Y más, porque en todos los casos de desaparición, la Fiscalí­a y los expertos saben que las horas son fundamentales.
Por ejemplo, si la denuncia procede a la primera hora, la autoridad puede moverse para su rastreo y ubicación.
Y conforme pasan las horas, la posibilidad va disminuyendo de manera vertiginosa hasta llegar al terreno de lo imposible, allí­ donde la muerte espera.