una reforma en esta materia, como propone Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, además de duplicar el monto de la pensión universal puede ser peligroso para las finanzas que ahora le toca administrar.
La administración a cargo de Enrique Peña Nieto impulsó una serie de reformas estructurales, pero omitió hacer una que se ha planteado desde hace, por lo menos, dos décadas: la del sistema de pensiones. Ha generado grandes presiones que lejos de aminorarse, o por lo menos mantenerse, crecen año con año y se ha convertido en una bomba de tiempo que recibirá el próximo Gobierno.
Mientras que en el 2012 se destinaron 429,237.4 millones de pesos para este año se contempló un gasto de 793,734 millones de pesos, además de que lo que se destina al pago de pensiones es equivalente al 92 por ciento de lo que se recauda por Impuesto al Valor Agregado (IVA).
A pesar de la carga fiscal que representa el pago de pensiones uno de los programas prioritarios de AMLO es incrementar el monto de las pensión universal de 700 a 1,300 pesos y postergar una reforma para la segunda mitad de su gestión.
“Dar más pensiones con el mismo dinero del gobierno federal está un poco difí­cil porque el gasto no va a parar, va seguir creciendo mientras se sigan retirando las personas de la generación en transición. (…) Lo que quiere (AMLO) es aumentar pensiones porque no se han dado cuenta de la situación y de cómo está el sistema realmente, esto no aguanta, es una bomba de tiempo y parece que el nuevo gobierno no se ha dado cuenta”, advirtió Flavia Rodrí­guez, directora general de Aregional.
Por su parte, Alejandra Mací­as Sánchez, investigadora del Centro de Investigación en Finanzas Públicas (CIEP), comentó que si bien es necesario subir el monto de la pensión no contributiva -aquella que se otorga a los adultos mayores que no contribuyeron nada o muy poco durante su vida laboral- porque es insuficiente y no alcanza si quiera el monto de la lí­nea de bienestar del Coneval, también es necesario definir de dónde saldrán los recursos y qué es lo que esperan de este programa.
“La llamaron pensión universal (la implementada por EPN en 2014), pero nunca llegó a ser lo que se habí­a propuesto, el presupuesto ha ido cayendo y el número de beneficiarios prácticamente se mantiene en 5 millones 4000,000 personas. Hay un espacio fiscal reducido y la pregunta es de dónde van a salir los recursos para pagar esta pensión. (…) Estamos gastando cada vez más en pensiones y cada vez menos en salud y educación, tres años con esa misma inercia seguirá golpeando a la inversión en capital humano y en el capital fí­sico”, explicó Mací­as Sánchez.
La investigadora destacó que uno de los problemas de la pensión universal es que no es segura porque funciona como un programa social, que actualmente está operado por la Secretarí­a de Desarrollo Social, y puede llegar otro gobierno y decir que no es el programa que quiere y lo cambia por alguna otra cosa.

REFORMA AL SISTEMA ES INAPLAZABLE

Rodrí­guez y Sánchez reconocieron que esta reforma ha sido aplazada por las pasadas administraciones por el costo polí­tico que representa, pero, al ser una bomba de tiempo no puede esperar más.
“El tema del gasto en pensiones es algo que se ha estudiado desde hace un par de décadas, mí­nimo, el problema ya está bien planteado y deberí­a hacerse ahora”, aseguró Mací­as Sánchez.
Detalló que una reforma en esta materia debe analizar cómo contener el gasto en pensiones de beneficio definido –aquellas que están determinadas con base a una fórmula establecida por el historial del salario de los trabajadores, el tiempo de cotización y la edad-, qué hacer para que la tasa de remplazo en cuentas individuales aumente y sea un mejor sistema de retiro y tercero cómo se va a financiar la pensión no contributiva.
“El punto es liberar recursos de dónde más se están concentrando. (…) Si tú liberas un poco del presupuesto que destinas a polí­ticas de reparto podrí­as tener recursos para hacer polí­ticas que incentiven el ahorro, que al final esa es la base para las pensiones de las siguientes generaciones”, aseguró.
De acuerdo con un estudio realizado por el CIEP refiere que el pago de pensiones bajo el sistema de beneficio definido seguirá incrementándose en los próximos años y terminará en el siguiente siglo y advierte que de no existir alguna reforma para el pago de las obligaciones por pensiones de beneficio definido, quienes se encuentran en el régimen de cuentas individuales, terminarán pagando no sólo sus propias pensiones, sino también las de las generaciones que los antecedieron.

AUMENTAR LA EDAD, SÓLO UN PALIATIVO

Alejandra Mací­as comentó que el aumento en la edad de retiro no soluciona gran cosa, tal vez en un mediano plazo se reduzca el gasto en pensiones, pero el gasto que se está arrastrando y que crece año con año no se resuelve con esta medida porque el 90 por ciento de lo que se gasta en pensiones actualmente se refiere al esquema anterior, el de beneficio definido, y eso no se va a modificar con la edad de retiro.
Flavia Rodrí­guez indicó que si la edad de retiro se extiende a los demás sistemas es adecuado, pero no suficiente. “Lo que sí­ se puede hacer es evitar que la gente se retire, es decir, dar incentivos para que las personas se retiren después de los 65 años y así­ puedan seguir aportando y no sólo se les esté pagando a ellos. El problema es que a los 60 años te puedes retirar”, destacó.