rodeándola y gritando sobre el paradero de un varón.

Los hombres uniformados estaban acompañados por otra persona vestida de civil pero con facciones idénticas a los policí­as; cabello corto, un gesto duro y una camisa color rosa. Él inició el diálogo en forma prepotente, exigiendo le entregara a su nieto.

Marí­a negó tener un nieto y les solicitó información a los policí­as sobre el motivo de irrumpir la tranquilidad de la casa o que presentaran alguna orden legal, en oficio, para pasar el portón sin tocar como cualquier visita inesperada.

La conversación subió de tono. Ellos presumieron a Marí­a que no requerí­an de su permiso para entrar a la casa, que debí­a entregar a su nieto o revisarí­an cada espacio de la vivienda en Jáltipan.

"Les dije que me mostraran la orden y aun así­ empezaron a revisar, es un pequeño cuarto donde dormimos, se metieron al cuartito de mi hija y me fui sobre la puerta porque pensé que iban a robarse algo, revisaron el ropero, cajones, nuestras ropas, en la sala, en el mueble donde está mi televisión me revolotearon todo".

El supuesto nieto de Marí­a no era encontrado por los uniformados. Ella insistió en preguntar el nombre del joven que buscaban, la respuesta no se emití­a de los labios direccionados en revisar la casa.

Al desordenar documentos, ropa y fotografí­as, los policí­as guardaron entre su uniforme una imagen que estaba sobre la tele de la hija de Marí­a. En el retrato aparecí­a la joven y un amigo.

"En eso me agarraron de los cabellos, un policí­a se iba a llevar una laptop pequeña, me opuse y no se la llevaron. Uno de la Fuerza Civil y otro de la Estatal me agarró de los cabellos y me arrastraron hasta el portón de mi casa y otro de la Estatal me empezó a tomar fotos".

Mientras Marí­a era arrastrada de la sala a la puerta principal de la vivienda, un policí­a le susurró al oí­do “dile a tu nieto que se entregue o lo vas a encontrar en la fosa”.

Las palabras congelaron a Marí­a. Sin nieto y sin un varón en casa, la amenaza quedó pactada llegando la oscuridad de ese viernes 26 de mayo del 2016.

No la "levantaron", la dejaron en el portón de la casa. Al recobrar su caminar, corrió a llamar de inmediato a su hija, quien tení­a pocos minutos de salir rumbo al trabajo.

"Mi hija observa que aún dos patrullas se encuentran a unos metros de mi casa y le empezó a tomar fotografí­as a las patrullas y uno de los policí­as que se encuentra cerca le dice a mi hija que por qué está tomándole fotos a la patrulla, y ella le dice que está en todo su derecho a tomar fotos", relató Marí­a.

Las capturas con teléfono celular incomodaron a los policí­as que irrumpieron la casa de dos mujeres en Jáltipan. Éstas se presentaron ante la sub Unidad de Cosoleacaque, ante el fiscal segundo de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, como pruebas y parte del testimonio de agresión ocurrido una noche antes.

La secretaria que tomó la denuncia cambió la hora de los hechos. Ella anotó que ocurrió a las catorce horas con 30 minutos, dos horas antes de lo suscitado en casa de Marí­a.

"Le dije (del error de hora) y me ha dicho que ella va a hablar para ampliar mi declaración, hasta el momento sigo esperando la llamada, mi denuncia fue radicada bajo el expediente UIPJ/DJXXI/SUBCOSOL/AC-***/2016, por abuso de autoridad".

Con lo ocurrido, el entonces secretario de SSP, José Nabor Nava Olguí­n debió girar instrucciones para iniciar una investigación interna, diligente, imparcial y exhaustiva, a efecto de determinar de manera individualizada, la responsabilidad administrativa de los servidores públicos por las violaciones a derechos humanos en que incurrieron.

Mencionado titular de SSP, actualmente es considerado como desaparecido de la justicia tras recibir órdenes de aprehensión en su contra por presuntamente participar en el levantón, tortura, violación y desaparición de quince personas de abril a octubre del 2013.

Además del caso de Marí­a que quedó registrado en el expediente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH/2VG/ACA/0198/2016, bajo la conciliación número 06/2017, se anexan otros casos de desaparición forzada y abuso de autoridad.

Para lo sucedido el viernes 26 de mayo del 2016, la Secretarí­a de Seguridad Pública vulneró el derecho a la intimidad de una vivienda en Jáltipan, ya que allanó la morada con elementos de la Policí­a Estatal y Fuerza Civil.

En tanto, la causa penal 22/2018 abierta contra 31 ex funcionarios del Gobierno de Veracruz, en su mayorí­a de militancia con el Partido Revolucionario Institucional (PRI, menciona al ex secretario de SSP, Nava Olguí­n por participar en un delito de lesa humanidad que alcanzarí­a la pena de hasta 90 años de prisión.