el último periodo de Javier Duarte de Ochoa y de Flavino Rí­os Alvarado.

Este presunto daño patrimonial se centra en varios fondos federales que eran destinados para el combate a la violencia, acciones de capacitación y compra de equipo para protección de los veracruzanos.

El daño total es por 214 millones 590 mil pesos 917, y es la observación más fuerte que hasta el momento ha hecho el ORFIS a la dependencia que encabezó durante mayor tiempo el capitán Tormenta, Arturo Bermúdez, ahora preso en el penal de Pacho Viejo bajo la sospecha de que tomó recursos del pueblo para enriquecerse.

El ex mando de la SSP deja el cargo el 4 de agosto de 2016, después de que la periodista Carmen Aristegui dio a conocer en un reportaje la serie de mansiones y propiedades a nombre de Bermúdez y su familia en los Estados Unidos.

Se trata de varias casas valuadas en casi 8 millones de dólares que el ex policí­a de Duarte tiene en ese paí­s, y que habrí­an sido compradas con empresas fantasmas y que succionaron el dinero de las arcas.

En el reporte se dio a conocer además de que era dueño de numerosas empresas hotelera en México así­ como negocios de toda clase de giros, desde lavanderí­as hasta firmas de seguridad privada.

Todo este escándalo también alcanzó al que asumió el cargo de titular de la SSP a la salida de Bermúdez, José Nabor Nava, con carrera militar, metido a la policí­a estatal para cosechar descrédito.

Nava fue el encargado de bajar cortina en la SSP, en los tiempos de Flavino Rí­os Alvarado, en medio de una crisis de descrédito a esa corporación, y de pocos resultados en la lucha contra la delincuencia.

Y gran parte de los señalamientos por esos más de 200 millones de pesos, tienen que ver con las últimas gestiones en la SSP, cuya entrega recepción correspondió a Nabor Nava.

En la SSP también se carga con un adeudo de más de mil millones de pesos con proveedores, uno de los más fuertes, por 72 millones de pesos, reclamado por uno de los principales socios comerciales de Bermúdez, Roberto Esquivel Hernández.

Las empresas que unen a Bermúdez y a Esquivel en el cobro por servicios al gobierno de Veracruz, son Grupos Profesional de Resguardo, S.A de C.V, Seguridad Privada G.P.R.S.A. S.A DE C.V, Grupo Profesional de Alarmas S.A de C.V, Profesionales en Seguridad Privada integral S.A de C.V, Profesionales Privadas en Custodia y Resguardo Empresariales S.A de C.V, Guardias Empresariales Seguridad Privada S.A de C.V, Brigada E 511 S.A de C.V, Grupo Bercic S.A de C.V, Administradora Veracruzana de inmuebles S.A de C.V,

Además, Icaza Develpment Group S.A de C.V, Asever S.A de C.V, Desarrolladora Hotelera a 12G SAPL, SR & Friends Veracruz S.A de C.V, Operadora y Servicios Turí­sticos GCM S.A de C.V, Historical Maya Tours S.A de C.V, Operadora Cabagoti S.A de C.V, Naturalia Operadora Gourmet S.A de C.V, Pressto Max Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de C.V, Corporativo nacional de Transportes Berzua S.A de C.V, Circulo Coba del Sureste S.A de C.V y MAGC Ejecutiva de Aviación S.A de C.V.

En la gran mayorí­a, Roberto Esquivel Hernández es socio o apoderado legal, tan es así­ su complicidad con Bermúdez, que su nombre es el que aparece en la relación de pasivos dejados por Duarte de Ochoa, a la Legislatura pasada, para que se aprobada financiar la deuda con recursos públicos del 3 por ciento a la nómina.

En septiembre pasado, en Coatzacoalcos, Ana Cristina Ledezma, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, estimó en 800 millones de pesos el saqueo realizado a programas federales para prevenir el delito, cometido entre 2009 y 2016.

Si las autoridades señaladas no solventan esos millones de pesos, viene un periodo de denuncias penales, y al capitán Tormenta se le puede complicar aún más su estancia en Pacho Viejo.