que le sigue la Fiscalí­a General del Estado (FGE).

La exvocera del gobierno de Javier Duarte confí­o en su defensa y siempre creyó que lograrí­a la libertad, con el argumento de que ella nunca firmó ningún contrato o licitación para adjudicar “pagos por publicidad”.

El dinero entregado generalmente a empresas “fantasma”, familiares de Duarte o a sus amigos, era solicitado por la Coordinación General de Comunicación Social a su cargo, pero quienes hací­an las transferencias eran los titulares y funcionarios de la Secretarí­a de Finanzas y Planeación.

Por esto, Domí­nguez Colí­o se creí­a impune, pero no pudo evadir la Ley. Como titular de dicha área, según la juez Verónica Portillo Suazo, su deber era comprobar si las empresas que recibí­an los beneficios en materia de publicidad estaban legalmente constituidas.

Además de recibir un año de prisión preventiva y seis meses de investigación complementaria para la FGE, la exvocera “embarró” a todos los exfuncionarios durante la audiencia.

En la sala de juicios orales siempre prefirió mantenerse callada y permaneció altiva al filo de su asiento.

Pero cuando la juez comenzó a desvirtuar su defensa comenzó a sumirse en su suéter naranja poniéndose la capucha al darse cuenta que al menos pasará un año en la cárcel de Pacho Viejo, antes de recibir su condena.

El primero en mencionarse fue el extesorero Tarek Abdalá Saad. El actual diputado federal fue mencionado en prácticamente toda la investigación.

Principalmente se le relacionó en la documentación que hace referencia a los paquetes de factura enviados desde la CGCS y autorizados por él para ser pagados a las empresas “fachada”. Fue mencionado al menos 24 ocasiones en la investigación al no cuestionar el origen de las empresas.

Los oficios para el pago de los montos millonarios fueron enviados por Luis Manuel Salgado, director de Recursos Financieros en la CGCS y cómplice de Gina.

Por su parte, Vicente Bení­tez, diputado local y extesorero, recibió al menos 12 paquetes de facturas, las cuales pagó mediante transferencias bancarias.

Él recibió los paquetes de Mario Villegas Rivadeneira, mano derecha de Gina para el desví­o a empresas de amigos, familiares, conocidos y de su propiedad.

Entre ellos salieron ampliamente beneficiados empresarios periodí­sticos como Othón González, quien recibió más de 200 millones en el sexenio.

Por su parte, la familia Sánchez Mací­as, parientes de la ex primera dama, Karina Mací­as de Duarte, recibieron más de 300 millones de pesos para sus medios de comunicación.

El mismo esquema se repitió con la llegada de Alberto Silva Ramos a dicha área. El diputado federal y exvocero de Javier Duarte incluso llegó a firmar las peticiones de pago que se realizaban a la SEFIPLAN.

En dicho modus operandi participó Édgar Spinoso. El actual diputado federal manejó las cuentas desde la dependencia, autorizando pagar las facturas sin existencia de contratos, al igual que el ex secretario Tomás Ruiz González.

Vicente Bení­tez, Gabriel Deantes Ramos, Francisco Dí­az Valenzuela, Carolina Estrada Acosta, el prófugo Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández, Carlos Hernández Martí­nez, Mauricio Audirac Murillo y Juan Manuel del Castillo, también fueron incluidos.

Finalmente en el largo listado se incluyó al subdirector de operaciones de la SEFIPLAN, Jesús Manuel Moreno Torres, a Arnulfo Garcí­a Fragoso y el exsecretario, Antonio Gómez Pelegrí­n.

También se detalló que al no poder comprobar estos gastos desde la entonces Dirección General de Comunicación Social (DGCS), Domí­nguez y Silva ordenaron distribuirlos entre los gastos de difusión de las dependencias.

Así­, en la Secretarí­a de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca se desviaron 68 millones 970 mil 243 pesos y en la Secretarí­a de Salud 68 millones 94 mil 678 pesos.

A la Secretarí­a de Educación de Veracruz (SEV) le fueron desviados 71 millones 627 mil 550 pesos; a la Secretarí­a de Desarrollo Social 71 mil 640 pesos y a la Secretarí­a de Desarrollo Económico 70 millones 623 pesos.

A la Secretarí­a de Gobierno 72 millones 404 mil 239 pesos; a la misma Secretarí­a de Finanzas y Administración 71 millones 82 mil 621 pesos y a la extinta Procuradurí­a General de Justicia, actualmente la Fiscalí­a General del Estado, 66 millones 513 mil pesos.

En cuanto a la CGCS se desviaron 66 millones 625 mil 672 pesos; a la Contralorí­a General del Estado 59 millones 170 mil 102 pesos y a la extinta Secretarí­a de Comunicaciones, actualmente Secretarí­a de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 64 millones 173 mil 25 pesos.

Finalmente, la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP) no recibió 69 millones 238 mil 439 pesos; la Secretarí­a de Turismo 68 millones de pesos; la Secretarí­a de Protección Civil (SPC) 65 millones 740 mil 248 pesos; la Secretarí­a del Medio Ambiente (SEDEMA), 63 millones 954 mil 944 pesos y la Secretarí­a del Trabajo 396 mil 523 pesos.