Embarró Gina Domínguez a secretarios de Finanzas de Javier Duarte
•Al caer tras las rejas la exvocera involucró a los seis extitulares de la SEFIPLAN
•En la mira de la Fiscalia: Tomás Ruiz, Carlos Aguirre, Fernando Chárleston y Antonio Gómez Pelegrín
•También involucró a Vicente Benítez, Spinoso, Deantes y del Castillo, entre otros
Por YERANIA ROLÓN
Lo más importante de la audiencia en donde Gina Domínguez fue vinculada a proceso fue la cantidad de exfuncionarios envueltos directamente en el desvío de recursos públicos a través del caso...
que le sigue la Fiscalía General del Estado (FGE).
La exvocera del gobierno de Javier Duarte confío en su defensa y siempre creyó que lograría la libertad, con el argumento de que ella nunca firmó ningún contrato o licitación para adjudicar “pagos por publicidad”.
El dinero entregado generalmente a empresas “fantasma”, familiares de Duarte o a sus amigos, era solicitado por la Coordinación General de Comunicación Social a su cargo, pero quienes hacían las transferencias eran los titulares y funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Por esto, Domínguez Colío se creía impune, pero no pudo evadir la Ley. Como titular de dicha área, según la juez Verónica Portillo Suazo, su deber era comprobar si las empresas que recibían los beneficios en materia de publicidad estaban legalmente constituidas.
Además de recibir un año de prisión preventiva y seis meses de investigación complementaria para la FGE, la exvocera “embarró” a todos los exfuncionarios durante la audiencia.
En la sala de juicios orales siempre prefirió mantenerse callada y permaneció altiva al filo de su asiento.
Pero cuando la juez comenzó a desvirtuar su defensa comenzó a sumirse en su suéter naranja poniéndose la capucha al darse cuenta que al menos pasará un año en la cárcel de Pacho Viejo, antes de recibir su condena.
El primero en mencionarse fue el extesorero Tarek Abdalá Saad. El actual diputado federal fue mencionado en prácticamente toda la investigación.
Principalmente se le relacionó en la documentación que hace referencia a los paquetes de factura enviados desde la CGCS y autorizados por él para ser pagados a las empresas “fachada”. Fue mencionado al menos 24 ocasiones en la investigación al no cuestionar el origen de las empresas.
Los oficios para el pago de los montos millonarios fueron enviados por Luis Manuel Salgado, director de Recursos Financieros en la CGCS y cómplice de Gina.
Por su parte, Vicente Benítez, diputado local y extesorero, recibió al menos 12 paquetes de facturas, las cuales pagó mediante transferencias bancarias.
Él recibió los paquetes de Mario Villegas Rivadeneira, mano derecha de Gina para el desvío a empresas de amigos, familiares, conocidos y de su propiedad.
Entre ellos salieron ampliamente beneficiados empresarios periodísticos como Othón González, quien recibió más de 200 millones en el sexenio.
Por su parte, la familia Sánchez Macías, parientes de la ex primera dama, Karina Macías de Duarte, recibieron más de 300 millones de pesos para sus medios de comunicación.
El mismo esquema se repitió con la llegada de Alberto Silva Ramos a dicha área. El diputado federal y exvocero de Javier Duarte incluso llegó a firmar las peticiones de pago que se realizaban a la SEFIPLAN.
En dicho modus operandi participó Édgar Spinoso. El actual diputado federal manejó las cuentas desde la dependencia, autorizando pagar las facturas sin existencia de contratos, al igual que el ex secretario Tomás Ruiz González.
Vicente Benítez, Gabriel Deantes Ramos, Francisco Díaz Valenzuela, Carolina Estrada Acosta, el prófugo Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Hernández, Carlos Hernández Martínez, Mauricio Audirac Murillo y Juan Manuel del Castillo, también fueron incluidos.
Finalmente en el largo listado se incluyó al subdirector de operaciones de la SEFIPLAN, Jesús Manuel Moreno Torres, a Arnulfo García Fragoso y el exsecretario, Antonio Gómez Pelegrín.
También se detalló que al no poder comprobar estos gastos desde la entonces Dirección General de Comunicación Social (DGCS), Domínguez y Silva ordenaron distribuirlos entre los gastos de difusión de las dependencias.
Así, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca se desviaron 68 millones 970 mil 243 pesos y en la Secretaría de Salud 68 millones 94 mil 678 pesos.
A la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) le fueron desviados 71 millones 627 mil 550 pesos; a la Secretaría de Desarrollo Social 71 mil 640 pesos y a la Secretaría de Desarrollo Económico 70 millones 623 pesos.
A la Secretaría de Gobierno 72 millones 404 mil 239 pesos; a la misma Secretaría de Finanzas y Administración 71 millones 82 mil 621 pesos y a la extinta Procuraduría General de Justicia, actualmente la Fiscalía General del Estado, 66 millones 513 mil pesos.
En cuanto a la CGCS se desviaron 66 millones 625 mil 672 pesos; a la Contraloría General del Estado 59 millones 170 mil 102 pesos y a la extinta Secretaría de Comunicaciones, actualmente Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 64 millones 173 mil 25 pesos.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no recibió 69 millones 238 mil 439 pesos; la Secretaría de Turismo 68 millones de pesos; la Secretaría de Protección Civil (SPC) 65 millones 740 mil 248 pesos; la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), 63 millones 954 mil 944 pesos y la Secretaría del Trabajo 396 mil 523 pesos.
Graciela Velasco 29 May, 2017 - 15:01
Fácil roban valiendo les madre millones de mexicanos que trabajamos bajo el ardiente sol por unos pesos mal comido y bien trabajados quien responde por eso muchÃsimos Muren por no tener dinero para curarse y estos malandrines roban saben que no les hacen nada pues cuentan con sus cómplices en l gobierno y un pobre que roba algo que comer preso por años muy mal esta justicia