Bermúdez Zurita no acudió en vestimenta de civil, como lo realizó hasta el 3 de febrero del presente año. Chaleco naranja, camisa del mismo color, pantalón de mezclilla y tenis gris, fue su atuendo del dí­a nublado en el municipio de Coatepec.

La mañana de este jueves 16 de marzo se anexó al historial de inasistencias -por cuarta ocasión- dos vinculados a proceso por el delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Ambos delitos eran procesados en libertad para los tres mencionados, pero el 11 de marzo vencieron las primeras medidas cautelares que giró la jueza Gutiérrez, determinando prisión preventiva.

El 11 de noviembre del 2016, cuando los tres vinculados a proceso acudieron a audiencia en el Juzgado Segundo Penal Oral de Pacho Viejo, se les obligó a no salir del paí­s y solventar en 15 dí­as hábiles un pago económico como garantí­a de su permanencia en el proceso.

Para Bermúdez y Esquivel, un millón de pesos; mientras que a Contreras Uscanga 20 mil pesos depositados en efectivo en un banco que dictaminara el juez de control.

La garantí­a económica debió verse solventada entre las 8:30 y las 14:30 horas del periodo pactado por la resolución de la audiencia.

Allí­, el fiscal investigador de la Unidad de Procuración de Justicia del Décimo primer distrito judicial en Veracruz, Fernando Pensado Ortega, exclamó que Arturo Bermúdez Zurita debí­a firmar periódicamente para evitar una “fuga” y pagar 5 millones de pesos.

En cuanto a Roberto Esquivel, la juez calificó como excesivo la garantí­a económica de 5 millones de pesos, presentarse periódicamente a firmar e inmovilizar sus cuentas bancarias.

Para Alejandro Contreras, la juez desechó la sanción que propuso el fiscal Pensado Ortega, que oscilaba los 38 mil 500 pesos, reduciendo a sólo 20 mil pesos con un plazo de pago de 15 dí­as hábiles corriendo del viernes 11 de noviembre.
Al aceptar la resolución de la juez, Fernando Pensado Ortega, fiscal investigador de la Unidad de Procuración de Justicia del Décimo primer distrito judicial en Veracruz, mencionó que quedaba abierta la investigación para que en el proceso se pudieran anexar a más funcionarios por posible enriquecimiento ilí­cito, anexado los ya imputados: Arturo Bermúdez Zurita, Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández.

Cuatro meses después, la jueza Iglesias Gutiérrez giró nuevas medidas cautelares, decidiendo eliminar la libertad a Bermúdez Zurita y recluirlo en el Penal de Pacho Viejo.

No se modificó situación alguna en la condición del ex funcionario prií­sta, ya que desde el 3 de febrero del 2017, permanece recluido en la cárcel por estar acatando otra medida cautelar.

El oficio FGE/FESP/043/2017-XII-1 explica que Bermúdez Zurita es autor material del ilí­cito de enriquecimiento ilí­cito cometido en agravio del servicio público.

La sala cuatro del Juzgado Segundo Penal Oral de Pacho Viejo, donde la jueza de control, Verónica Portilla Suazo discutió con ocho abogados defensores del ex funcionario y fiscales.

Para esta nueva medida cautelar, su permanencia en la cárcel fue considerada por un año, pero fue apelada por la defensa, argumentando que era excesiva, convenciendo a la jueza Iglesias Gutiérrez para recluirlo sólo seis meses.

Con ésta decisión, Bermúdez Zurita seguirá en Pacho Viejo, cumpliendo un mes de los ocho decididos por estar vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilí­cito, más, seis por abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Por otra parte, la Juez de Control, Iglesias Gutiérrez, autorizó que un médico perito de la Fiscalí­a General del Estado (FGE) verifique el estado de salud de los dos procesados que no han acudido a las audiencias.

En la audiencia del pasado 3 de marzo -el primer mes encarcelado de Bermúdez -, la defensa del ex jefe administrativo de SSP, Alejandro Contreras Uscanga, presentó un certificado médico donde explica que su cliente permanece internado por problemas de salud en el Hospital Vital de Xalapa.

Mientras la abogada defensora de Roberto Esquivel, Claribel Guevara Pérez, presentó un escrito firmado por su cliente, donde argumentaba “no tener nada que agregar” y por ello, su inasistencia.

El ex funcionario durante cinco años de los seis que comprendieron el gobierno del prófugo Javier Duarte de Ochoa, seguirá en una celda ajena a la población recluida en Pacho Viejo.

En la misma cárcel, permanece el ex secretario de Gobierno y gobernador interino, Flavino Rí­os Alvarado, que el sábado 18 de marzo a las ocho de la mañana, será citado para la segunda audiencia por el delito de tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento por favorecimiento a Duarte de Ochoa.