el crimen organizado y se lo negó. Y producto de la confusión o los cinturones que la aprietan, la emprendió contra medios y periodistas, a los cuales llamó “carroñeros”. Increíble. Se enoja con nosotros, pero no contra los criminales. Tampoco le reclama al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que le dejó el tiradero de país en el que chapotea todos los días.

¿Por qué no se indigna con la Guardia Nacional, a la que le mataron a Manzo bajo su vigilancia? ¿Por qué no se molesta con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, cuyo aparato de inteligencia no detectó el plan para asesinarlo? Si la presidenta empezara a pedir explicaciones a su gobierno, o su gabinete de seguridad fuera, en verdad, transparente, las cosas podrían ser diferentes. Pero la salida fácil de este régimen, como la de gobiernos pasados y de otros en el mundo, es dispararle al mensajero. Cuidado, no sea el mensajero la próxima víctima.

La propaganda sin resultados es un búmeran. La autocrítica, sin embargo, no se le da a Sheinbaum. De hecho, una característica del régimen obradorista es siempre victimizarse. Abusa también la presidenta de la verborrea política para cerrar los ojos. Por eso es inmune a realidades encima de la mesa. ¿De qué sirve que el gabinete de seguridad esté “indignado” por el asesinato? No son actores ajenos a los acontecimientos. ¿Por qué no demostraron el coraje desplazando a cientos de fuerzas federales para cazar a los asesinos?

García Harfuch dijo que la pistola que mató a Manzo había sido utilizada en dos actos criminales, uno de ellos el 23 de octubre, cuando un grupo armado atacó a una pareja en un bar de Uruapan. Tendría, por lo tanto, una primera hipótesis sobre la autoría material del crimen. Pero no hicieron nada. Ni siquiera han atraído el caso por el alto impacto del crimen. Lo han dejado en el ámbito local, y como el homicidio es un delito del fuero común, la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, que no ha mostrado eficiencia, es la que lleva el caso.

García Harfuch dijo que el Ministerio Público ya interrogó a los escoltas y policías de Uruapan para deslindar responsabilidades, pero no informó nada de los 14 elementos de la Guardia Nacional que estaban a cargo de la seguridad periférica, como la llamó el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Ellos son parte importante de la investigación. La seguridad perimetral tiene protocolos para casos de alto riesgo, como era el de Manzo, y los comisionados a su seguridad debieron haber sido sometidos a pruebas extraordinarias de confianza. Su papel, también, era mantener contacto estrecho y permanente con la escolta. ¿Dónde estaban? A saber.

En ninguno de los videos que tomó la gente tras la ejecución se ve a algún elemento de la Guardia Nacional. Cuando yacía caído, no estaban ahí. Cuando los paramédicos le dieron los primeros auxilios, estaban ausentes. Ayer, en la mañanera, uno de los periodistas de verdad le preguntó dónde estaban en el momento del asesinato. El general no respondió. No se puede pensar otra cosa, salvo que está escondiendo un fragmento importante de esta tragedia. El general Trevilla, que entiende el valor de la información, ha ocultado su proceder ante los ojos de todos.

Los militares, como lo son en la Guardia Nacional, están entrenados para registrar, minuto a minuto, lo que hacen y lo que sucede. Es inadmisible, por imposible, que el general oculte la información que existe, una bitácora que ayude a construir la verdad de lo que sucedió en Uruapan. El general Héctor Francisco Morán, comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, la debe tener. Pero, de qué tamaño podrá ser la verdad para preferir el general pasar como desinformado o que no tiene control sobre las áreas bajo su responsabilidad.

La desviación de las cosas de fondo ha sido notable en las últimas 48 horas. El spin de comunicación desde el domingo –eliminando la basura de la retórica que salió de Palacio Nacional– es el énfasis de la seguridad perimetral, para atajar las críticas de que el gobierno federal dejó a Manzo a su suerte, como sucedió en los hechos, de acuerdo con las peticiones públicas que hacía reiteradamente en las últimas semanas. Prefirieron curarse en salud el gabinete de seguridad por encima de que se les considere incompetentes y emerjan las fallas que tuvieron.

Uno, a la vista de todos, es la seguridad de Manzo. El alcalde llegó a la presidencia municipal en Uruapan, el principal centro aguacatero y paso crítico del tráfico de metanfetaminas, con la promesa de no pactar con criminales, y ante las extorsiones a los agricultores, comenzó a pedir ayuda al gobierno federal y a emplazar a Sheinbaum y García Harfuch para que fueran a Uruapan y vieran que su estrategia de seguridad ahí no servía. Manzo era una persona de alto riesgo, que requería atención especial, sobre todo tras el asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo, hace dos semanas, que debió haber elevado aún más las alertas. No fue así. Lo abandonaron.

Michoacán es un laboratorio de pruebas de la militarización policial y de la colaboración con Estados Unidos en la lucha contra las extorsiones. Al ser el microcosmos de la estrategia de seguridad, el trabajo de inteligencia debió haber tenido en Manzo una prioridad. Pero el Centro Nacional de Inteligencia, controlado por García Harfuch, no detectó ninguna amenaza en su contra, a menos que, como la Secretaría de la Defensa, esté ocultando información.

Qué tanto sabe la presidenta y el gabinete de seguridad del asesinato, es un misterio. Pero resolver las cosas de fondo, como nuevamente prometen, no es costumbre de la casa. Los crímenes de alto impacto se quedan en la epidermis y, para que nadie rasque o pida explicaciones, disparan la escopeta para que la atención se vaya hacia otra parte, como ayer.