del transporte para mover drogas, contrabando y lavar dinero, golpeó al gobernador Pablo Lemus, al aparecer en una fotografía abrazado con él.

En una entrevista con Carmen Aristegui, Lemus se deslindó del líder sindical. Lo conocía por haber coincidido con él en varios eventos públicos, dijo, pero no tenía relación con el dirigente obrero y mucho menos le brindaba protección.

Sin embargo, no es lo que piensa el gobierno de Donald Trump, cuya relación con el dirigente sindical Ramírez es una de las razones por las que lo están investigando por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. La aparición de Lemus en las investigaciones estadounidenses genera una mancha, cuando menos de sospecha –por ahora– sobre Movimiento Ciudadano, que se presenta como una alternativa electoral a Morena, PAN y PRI, distanciándose siempre de actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con las investigaciones en Estados Unidos, la relación entre Lemus y Ramírez se remonta a su periodo como presidente municipal de Guadalajara, cuando el gobernador de Jalisco era Enrique Alfaro. El nombre del exgobernador, que vive fuera de México, que también tenía relación con Ramírez, no ha figurado en lo que ha trascendido, como una persona que también estén investigando en aquel país.

Lemus presuntamente forma parte de una larga lista de 300 nombres de políticos, empresarios, artistas y deportistas que le proporcionó el gobierno estadounidense al mexicano, aunque no se encuentra en una relación más corta –de 12– contra los que desde Washington se ha pedido a México que inicien investigaciones y los sometan a proceso en este país.

El nombre del gobernador de Jalisco no había trascendido a la opinión pública hasta la detención de Ramírez, al que señalan las autoridades mexicanas como operador del CJNG, quien se encargaba de extorsiones, el cobro de piso y distribución de droga.

Las investigaciones estadounidenses señalan que Lemus presuntamente recibió dinero del CJNG a través de Ramírez para campañas políticas, además de movilizar a sindicalistas con el apoyo del cártel en los procesos electorales, a cambio de haber otorgado contratos que aseguran beneficiaron al líder sindical. El dirigente de los transportistas en Jalisco recientemente estuvo en el informe de gobierno del alcalde de Oriental, en Puebla, donde nació el morenista Fidel Flores Concha. En ese municipio sí hay registro de haber participado en obra pública y de tener una relación con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, lo que no se ha encontrado hasta este momento en Jalisco.

El gabinete de seguridad mexicano informó tras la captura sobre la relación de Ramírez en Oriental, que coincide con parte de la investigación estadounidense contra Lemus, para establecer si sus presuntas actividades criminales tienen un vaso comunicante con Puebla. No se sabe cuándo comenzó la investigación contra el gobernador de Jalisco, pero se extiende varios lustros atrás, que incluye información que viene desde los 80, sobre su suegro Hugo Salvador Villa Manzo, de quien tienen documentado que tuvo una estrecha relación con grupos de extrema derecha, como Los Tecos, una organización que el columnista Manuel Buendía describió como un grupo de choque secreto, vinculado a la Universidad Autónoma de Guadalajara, con una ideología ultraconservadora y anticomunista.

La razón de esta línea, de acuerdo con la investigación, es para poder determinar si aquella relación con Los Tecos se inscribía sólo en el tema ideológico y sus nexos con la jerarquía eclesiástica de Jalisco, o formaban parte de una estructura criminal. Lemus, su esposa y su suegro Villa Manzo tienen la mitad de las acciones de Caabsa, una empresa constructora que, según reportes de prensa, ha sido la contratista más importante de los gobiernos locales de Zapopan y Guadalajara, que gobernó Lemus de 2015 a 2018, y de 2021 a 2023, respectivamente.

Los investigadores también están revisando los presuntos negocios que tuvo Lemus con el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, con quien coincidió algunos años cuando fue alcalde de Zapopan, en la zona conurbada de Guadalajara. Sandoval fue asesinado en un restaurante en Puerto Vallarta en diciembre de 2020, después de haber terminado su periodo como gobernador. Tres años después, el Ejército abatió a una persona identificada como Saúl Alejandro que, de acuerdo con el exfiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, era el jefe de esa plaza del CJNG y autor intelectual del crimen.

Adicionalmente, las investigaciones en Estados Unidos abarcan también a notarios y empresarios en Jalisco, por presuntas operaciones en beneficio del CJNG y en el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, que conecta con exfuncionarios del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que en otros textos futuros se profundizará.

El interés del gobierno de Estados Unidos por Lemus es subrayado por el hecho del control del CJNG en Jalisco y la forma como se ha extendido, aprovechando la implosión del Cártel de Sinaloa, especialmente en Michoacán, donde están probando tecnología de punta, utilizada por Rusia en Ucrania, para el manejo de drones letales que vuelan sin poder ser detectados. De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la organización criminal que encabeza Nemesio Oseguera, El Mencho, opera en 84% de los municipios de Jalisco; es decir, en 105 de los 125 que hay en el estado.

El nombre de Lemus, según las investigaciones, no figura en la lista de 50 políticos y funcionarios de Morena y una docena de militantes de otros partidos, a los que se les canceló la visa para entrar a Estados Unidos, pero de acuerdo con lo que ha trascendido, se está evaluando si el Departamento de Estado toma esa medida en su contra. De ser así, sería el segundo gobernador en funciones, después de Marina del Pilar Ávila, a quien se la retirarían.

Lemus no ha figurado en las investigaciones del gabinete de seguridad mexicano sobre el CJNG y posibles relaciones criminales, como sí se han seguido pistas para establecer esos nexos con el exgobernador Alfaro. Pero las alertas sobre el gobernador existían desde hace meses.