importantes vasos comunicantes.

El primero, que lo manejaba el empresario Sergio Carmona, asesinado cuatro meses después de aquellas elecciones, no se investiga en México, pese a que la DEA informó al gobierno mexicano hace casi año y medio de la red de complicidades políticas y criminales que se extendían a los altos mandos de Morena.

El segundo sí se investiga en México, por decisión soberana de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque lo detonó la presión de Estados Unidos para dar resultados en el tema del huachicol, que tuvo como respuesta el aseguramiento de un barco-tanque en Altamira, que nació y se alimentó con políticos en el sureste del país. El huachicol, en sus dos modos de negocio criminal, se cruza con la corrupción en las aduanas y vincula el sureste del país con el norte, aunque deja sin tocar la costa del Pacífico hasta Sinaloa, que tiene otro tipo de problemas.

Toda la zona del Golfo es ocupada por rutas del huachicol, aunque la que tiene su origen en Tamaulipas, con Carmona al mando, se relaciona directamente con Texas, mientras que la que surge en Chiapas y Tabasco, que también tiene vínculo con Texas, sube por Veracruz, se desvía hacia Nuevo León y concluye en Sonora, en cuyo puerto Guaymas están las raíces del aseguramiento en Altamira.

En ambos están involucrados al menos un secretario de Estado del actual gobierno, dos exsecretarios de la administración de López Obrador, un exsubsecretario, dos directores de Aduanas –hasta hora–, dirigentes de Morena, legisladores del partido en el poder y militares, según las investigaciones en ambos países.

La presidenta Sheinbaum no sabía, cuando ordenó la operación de Altamira a un almirante, hasta dónde iba a escalar. Sin conocerse si fue enterada en su momento, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo que proceder contra los sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda –su amigo desde que ambos estuvieron en Guerrero–, porque sabía que el secretario de Estado, Marco Rubio, traía en su portafolio de narcopolítica –en vísperas de su encuentro con ella– los nombres de los sobrinos políticos.

En la reunión que tuvo Rubio con la presidenta en Palacio Nacional no mencionó los nombres, pero de acuerdo con funcionarios federales, cuando tocó el tema del huachicol, subrayó la incapacidad del expresidente Andrés Manuel López Obrador para atacarlo –dijo que en su sexenio se profundizó el problema–, y expresó que esperaba que procediera inmediatamente en la judicialización de los implicados, aunque ello significara tocar a oficiales de la Marina. Para tener una comunicación fluida en el combate a este delito, acordaron que hubiera un enlace único de la presidenta con Estados Unidos. Rubio le pidió que fuera García Harfuch.

La información comenzó a fluir. Además de los nombres de los sobrinos políticos, el almirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, que ya los traían, le entregaron fichas del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y el exdirector de Aduanas, Horacio Duarte, secretario general de Gobierno en el Estado de México. Las investigaciones realizadas por García Harfuch y el Centro Nacional de Inteligencia tras el aseguramiento encontraron pistas que llevaban a dos hijos del expresidente, Andrés y Gonzalo López Beltrán, y a otro contralmirante.

El contralmirante es Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, quien fue coordinador de la Guardia Nacional en Quintana Roo en 2020, de donde fue trasladado dos años después a la aduana terrestre que controla la Marina en Pantaco, en la Ciudad de México, por recomendación de El Santo, testigo protegido de la Fiscalía General, a los hermanos Farías Laguna, que controlaban todo el negocio criminal en ese patio aduanero. De acuerdo con lo que han encontrado los investigadores, el contralmirante fue trasladado el mismo 2022 a la aduana del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, por decisión de los Farías Laguna.

Entre más avanzan las investigaciones, más vínculos de presuntas relaciones criminales van encontrándose con políticos. Lo que se ha revelado oficialmente hasta ahora muestra la red de complicidades existentes y los altos niveles que están tocando. Los intentos de encubrimiento que se mostraron en este espacio la semana pasada han elevado el costo político de intentarlo en cuestión de días. Ayer, la columna Bajo Reserva, de El Universal, reveló que la presidenta decidió tomar distancia de Adán Augusto López, hasta que se aclare el rumbo de las indagatorias en el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, que durante el periodo en que fue gobernador el hoy senador, fundó y fue líder de un grupo criminal llamado La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El senador está imputado en dos investigaciones criminales que tienen vasos comunicantes, no sólo presuntamente a través de él mismo, sino también por medio de un militar muy cercano al expresidente López Obrador, que protegió a Bermúdez Requena y, al mismo tiempo, tenía contacto con un alto exfuncionario en ese gobierno que era enlace con varios cárteles de las drogas –incluso rivales–, y en especial con la organización criminal que capitaneaba Carmona en Tamaulipas.

Lo que se va sabiendo casi de manera diaria permite asomarse a la magnitud de la corrupción institucional en el gobierno de López Obrador, y por la forma atascada con la que actuaban, por decirlo de alguna manera, dejan ver que la impunidad era tal, que fueron descuidados en sus negocios ilícitos. Pensaban, porque no hay otra manera de entenderlo, que nunca habría un séptimo año del obradorismo, y no pensaron que el segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca sería tan agresivo con México. Las presiones han ido orillando a la presidenta Sheinbaum a tomar acciones para evitar que sea Washington la que las tome por ella en territorio nacional. No tiene espacios ni márgenes de maniobra, y parece haber cruzado el Rubicón. Los primeros síntomas ya se ven en el horizonte.