de tres y media toneladas, 38 de tonelada y media, 35 cajas sanitarias y 27 refrigeradas que realizarán las “Rutas de la Salud”. El modelo está inspirado en el programa “Camionetitas de la salud”, que desarrolló en Veracruz la gobernadora Rocío Nahle, aunque, a diferencia de este, todavía no hay claridad sobre los procesos de licitación en la iniciativa federal.

La información que se conoce es que la Secretaría de Salud licitó los medicamentos y que se adquirió, principalmente mediante arrendamiento, la flotilla de vehículos, pero en la industria hay dudas sobre el programa que está a cargo de Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, porque lanzaron la iniciativa sin haber hecho un estudio de mercado, sin licitaciones –fuera de los medicamentos– y con contratos integrales. La percepción es que fue otra iniciativa, como las que se vieron en el sexenio pasado, sin planeación y sin haber analizado la logística en su totalidad.

Uno de los problemas principales que ven en la industria es el de la logística de la distribución. “Dijeron que iba a costar 146 millones de pesos, pero no hay manera”, expresó uno de los industriales. “No hay almacén, ni bodegas, ni está contemplado aún los costos en nóminas y de operación, como las gasolinas. Tienen el arrendamiento de las camionetas, pero la distribución que están planeando no es real”.

Entre las observaciones y críticas que tienen al programa, está el control de la cadena de custodia de las medicinas. Alegan que no sólo se necesitan camiones refrigerados para transportar las medicinas más delicadas, sino refrigeración en los puntos de distribución, que dicen que aún no existen, como tampoco un mecanismo de verificación de la caducidad de las medicinas. La experiencia negativa más reciente fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde las deficiencias logísticas y el tortuguismo burocrático, junto con las malas decisiones del zar del coronavirus, Hugo López-Gatell, provocaron que miles de dosis contra la covid-19 caducaran.

En el sector privado existe un 2% de merma en las medicinas, pero el gobierno lo obliga a sustituirlo. En el caso del gobierno, el promedio de merma que calculan es de 15%, pero, a diferencia de los privados, al no haber vigilancia y debido al descuido de los lotes de medicinas, el riesgo de caducidad es enorme. La red fría tiene una certificación internacional, que no les han informado que la tenga el programa “Rutas de la Salud”. Esto lleva al riesgo potencial en el caso de los analgésicos, en particular el fentanilo y la morfina, ya que la exigencia en la distribución privada es que cada pieza tenga control y supervisión, lo cual no existe con el nuevo programa.

El gobierno federal no realizará la supervisión de los analgésicos, y, hasta donde se ha informado a la industria, le van a trasladar a los estados la distribución de esos medicamentos, donde en su mayoría no hay gente capacitada para hacerlo, ni los recursos para instrumentar ese mecanismo. El dinero es un problema adicional que no está resuelto en el programa. De acuerdo con lo que le informaron al sector, los estados se van a hacer cargo de los costos de operación, pero no tienen los recursos para ello, porque esos presupuestos se los transfirieron al IMSS-Bienestar.

El problema de los recursos es más grave de lo que se ha visto. En todo el año no se ha pagado a los proveedores de medicamentos, insumos y equipos del IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de la Defensa Nacional. Sólo en lo que va del año, el IMSS ha dejado de pagar 12 mil millones de pesos en adquisiciones. Tampoco hay dinero para hospitales, algunos de los cuales visitó recientemente la presidenta, sin saber que lo que vio se arregló artificialmente para que no notara los atrasos. Otros hospitales fueron puestos bajo responsabilidad del Ejército –para seguirle dando obra pública–, pero, de acuerdo con los expertos, las adjudicaciones directas que están haciendo –como lo practicaron en el Tren Maya, el AIFA y otras obras del obradorismo–, elevan los costos hasta en un 300%.

Las “Rutas de la Salud”, creen, profundizarán el desmantelamiento de la red de distribución de medicamentos, agudizando el daño que provocaron las políticas de salud de López Obrador. Esta iniciativa crea una empresa o un servicio similar a lo que fueron las Gasolineras del Bienestar, que terminaron en fracaso. Creada en 2021, no cumplió sus objetivos por problemas operativos, comerciales y administrativos, y sus ingresos fueron decrecientes: de 254 millones de pesos en 2022, a 174 millones el año pasado, pese a que Pemex le inyectó 300 millones para impulsarla.

El propósito del nuevo programa es corregir los errores del modelo impuesto por López Obrador, donde se dio el desabasto crónico de medicamentos, se cancelaron contratos con distribuidores sin reemplazos funcionales –que provocaron un costo mayor en la adquisición de urgencia de medicinas a lo que existía, en algunos casos con los mismos proveedores que habían vetado–, y haberlos sustituido con Birmex, no sólo resultó en un desastre logístico, sino en la segunda más grande administración corrupta de ese sexenio.

La iniciativa involucra a la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar y Birmex, y ofrece resolver todas esas deficiencias e insuficiencias y garantizar que los medicamentos y los insumos básicos lleguen al 100% de las alrededor de 12 mil unidades médicas rurales y hospitales comunitarios. El modelo de distribución que le han informado al sector privado, no obstante, ha generado preocupación de que sea utilizado fundamentalmente con un enfoque político, utilizando a los Servidores de la Nación en el reparto de medicinas con un objetivo propagandístico, como ha sucedido con los programas sociales que han tenido como fin ulterior el clientelismo electoral. Esta duda prevalecerá hasta que se vea cómo funciona, y si logra superar el gobierno los problemas de logística y coordinación institucional que tanto han fallado en años recientes.