con una afrenta que pegó en la narrativa de soberanía e independencia. Se hundió el gobierno en una crisis de información bilateral. Estalló una guerra en Culiacán que no se ha podido contener. Se amplificó la ingobernabilidad. Y, sobre todo, quedó expuesta la vulnerabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum por el desastre que le dejó Andrés Manuel López Obrador.

En este año, el régimen experimentó una intervención estadounidense quirúrgica para capturar al jefe del Cártel de Sinaloa y amenazas militares a cielo abierto, con dos regimientos en la frontera con México listos para intervenir militarmente, algo que no sucede desde 1916, cuando se dio la Expedición Punitiva contra Pancho Villa. Aquel 25 de julio de 2024 provocó una guerra interna en el Cártel de Sinaloa y propició que El Mayo Zambada acusara de traidor y cómplice del narco al gobernador Rubén Rocha Moya días después.

Durante muchos meses, el gobernador dejó de habitar su casa en un fraccionamiento en Culiacán y envió a su familia a vivir a Los Ángeles desde hace casi un año. Hace poco había regresado a ella, pero fue una esperanza efímera. La relación de políticos de Morena que el gobierno de Donald Trump quiere tras las rejas y la cancelación de visas le regresó el espanto. Recientemente pidió que la presidenta Sheinbaum no cediera cuando le soliciten su extradición a Estados Unidos –que está seguro que viene–, justificando la razón de sus relaciones con el narco, señalando, como si fuera destino manifiesto, que no hay otra forma de gobernar.

Rocha Moya es un cabo suelto que el gobierno de Sheinbaum no ató, quizás, por su contradicción: la lealtad a López Obrador. ¿Cómo va a iniciar un proceso contra él cuando su mentor lo fue a respaldar a Culiacán tras la denuncia de Zambada, y la arrastró como presidenta electa para cobijarlo juntos, tras ordenar a los gobernadores de Morena y los líderes del partido a pronunciarse por él?

Ese apoyo masivo del régimen no calculó que el último envión del gobierno del presidente Joe Biden iba a multiplicarse con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, acompañado de un amplio equipo que desde hace años piensa lo que dice públicamente: que México está capturado por los cárteles de las drogas, y las relaciones de gobernantes y políticos van más allá de las complicidades: son estructurales.

Sheinbaum, teóricamente, tendría posibilidades de zafarse, pero no lo ha hecho. Cuando Zambada imputó al gobernador en una carta en la que detallaba aspectos de su captura –motivo del apoyo masivo del régimen–, la fiscalía general abrió una investigación sobre todos los aspectos que mencionó, pero no tocó a Rocha Moya. Si se actuara estratégicamente, se aceptaría que el gobernador está políticamente liquidado y es un lastre cada vez más pesado. La opción más inteligente, desde la perspectiva del régimen, sería investigarlo, procesarlo y encarcelarlo, cuidando que no lo maten y, sobre todo, levantando una muralla legal ante un eventual pedido de extradición.

El gobierno, en su lógica, no puede permitir que Rocha Moya termine en una prisión en Estados Unidos, o que, en su desesperación –como está en estos momentos–, negocie ser testigo cooperante, ante el riesgo de que se venga abruptamente la Teoría del Dominó. El gobernador podría ir poniendo el dedo en quienes saben de sus complicidades con el narco o, como hicieron para condenar al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, testificar sin necesidad de aportar ninguna prueba. De la narrativa se encargan los fiscales estadounidenses. La duda es si consumiría el fuego a Palenque. Esta sería una decisión política en Washington, donde López Obrador tiene muchos enemigos, pero sobre todo una baza para terminar de hincar a la presidenta, que, no importa lo que haga, para Trump será siempre insuficiente.

A un año de la captura de El Mayo, es una obviedad lo que un sector de la prensa había visto con anterioridad: la comunicación entre el gobierno de López Obrador y Washington estaba rota por la desconfianza en él, que se restableció en el gobierno de Sheinbaum, pero no lo suficiente para que la información fluya sin candados. Los detalles de la operación ejecutada hace un año en Sinaloa siguen sin ser compartidos con Palacio Nacional, como reconoció ayer la presidenta.

La información que tiene el gobierno sobre lo que sucedió hace un año en un fraccionamiento en las afueras de Culiacán es básicamente la misma que fue revelada en este espacio dos semanas después: un comando estadounidense, aparentemente de la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Nacional, ejecutó una operación de captura y extracción con la información que proporcionó un grupo del FBI en Washington, que ha investigado al Cártel de Sinaloa desde hace 15 años, con la colaboración de Ovidio Guzmán López, hermano de Joaquín.

Los detalles sobre cómo fue la operación no llegaron al gobierno mexicano de fuentes institucionales, sino del Cártel de Sinaloa. Según esta versión, los comandos se llevaron a Zambada y Guzmán López a una aeropista –que controlaba el Ejército– y los subieron a un turbohélice Beechcraft King Air, donde, además de ellos, viajaron seis comandos y un solo piloto. Volaron por debajo de los radares mexicanos para no ser detectados con dirección a Tamaulipas, en cuyo trayecto giraron hacia el aeropuerto regional en Santa Teresa, Nuevo México, donde aterrizó, escoltado por un helicóptero Apache, que sólo utilizan las fuerzas especiales estadunidenses. De ahí los llevaron al cercano El Paso, donde fueron oficialmente detenidos. La versión oficial es que Guzmán López engañó a su padrino y lo secuestró.

La captura rompió la certeza política y criminal. La guerra entre las facciones de Zambada y los Guzmán, que estalló el 9 de septiembre del año pasado, ha dejado cerca de mil 800 muertos. La Pax Narca se acabó, pero el punto es que existía porque López Obrador la permitió y cohabitó con ella.