de seguridad.

El viaje hubiera sido visto en otro momento como uno de los recorridos imprescindibles para un nuevo embajador en su reconocimiento del país donde va a trabajar por los próximos años, pero el contexto lo hizo diferente. No es sólo por la percepción de su gobierno sobre los esfuerzos insuficientes de México en materia de combate a los cárteles, al tráfico ilegal de fentanilo y al huachicol, sino porque volvió a colocar al elefante en la sala.

Johnson no se reunió con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que en este momento es persona non grata para su gobierno. El Departamento de Estado le canceló la visa, la primera de una decena de políticos –sin especificación de si son de Morena o de otros partidos o funcionarios públicos– cuya situación se encuentra en la última fase de revisión.

Ávila, que ha solicitado el apoyo federal para gestionar la reactivación de su visa ante el Departamento de Estado, es la segunda política de Morena con la cual el embajador ha mostrado públicamente su distancia. El primero fue el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien poco después de anunciar que lo visitaría en su oficina, recibió la cancelación de ese encuentro, programado como algo de rutina: la primera visita oficial que realiza un embajador estadounidense en México es al Senado. Johnson, sin embargo y sin explicación alguna, no quiso reunirse con él.

La incertidumbre sobre qué medidas va a tomar el gobierno de Estados Unidos contra políticos del régimen ha generado temores en la clase política de Morena y precauciones, por las dudas, y por si acaso. Ricardo Monreal, coordinador del partido en el poder en la Cámara de Diputados y cuya familia ha estado señalada durante años por presuntos vínculos con el crimen organizado en Zacatecas, dijo esta semana que ya no buscaría ningún cargo público y que su carrera política se encontraba en “proceso de salida”. Varios legisladores optaron por suspender sus viajes a Estados Unidos y hay funcionarios que retomaron la recomendación que hizo en el sexenio pasado el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que evitaran pisar territorio estadounidense.

Viejos abusos o descuidos, bañados en impunidad, se han convertido en miedos.

El miedo más importante, de acuerdo con fuentes de primer nivel, es el de la familia López Obrador. El presidente emérito ha estado muy pendiente de los pasos y los dichos del embajador, y respiró tranquilo cuando después de que Johnson presentó sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum, fue informado desde Palacio Nacional de que la reunión había sido cordial y sin referencia alguna a él. Aquella paz, sin embargo, se acabó desde hace unas semanas, coincidente con la escalada de presiones públicas del gobierno de Estados Unidos sobre resultados parciales de México en materia de combate a la delincuencia organizada, y la creencia en el Zócalo de que no satisfará la sed de Washington la entrega de más capos de la droga, como hizo Sheinbaum a finales de febrero cuando envió 29 capos de la droga a Estados Unidos, porque las señales que están llegando son de que esperan figuras públicas.

En los niveles más altos del gobierno se comenta que quien ha expresado una mayor preocupación de que se encuentren miembros de la familia López Obrador en las listas negras de Washington es Andrés Manuel López Beltrán, conocido ampliamente como Andy, secretario de Organización de Morena, y responsable, como afirma él mismo, del legado de su padre. No es el único miembro de la familia sobre quien existe intranquilidad. También sobre su hermano mayor, José Ramón.

El gobierno mexicano no tiene información sobre quiénes están bajo la mira de Estados Unidos, ni cuáles son las consideraciones para cancelarles la visa, o para que presenten eventualmente una petición para que se les investigue y abra la Fiscalía General una carpeta de investigación.

La incertidumbre ante la falta de información precisa ha extendido los temores a Palenque, donde el expresidente, de acuerdo con las mismas fuentes, le pidió a su hijo José Ramón, de quien se sabe vive en la zona metropolitana de Monterrey, se mude al sur del país, a las zonas donde el obradorismo es fuerte y tenga la protección de gobernadoras y gobernadores incondicionales de López Obrador.

Estados Unidos, como se reportó en este espacio a principios de mes, tiene una lista inicial de 300 personas mexicanas bajo sospecha de nexos con los cárteles, integrada del trabajo de varias áreas del gobierno. Dos de ellas, reveladas por el portal ProPublica fueron integradas por un equipo en la Casa Blanca, encabezado por Anthony Salisbury, asesor adjunto del Consejo de Seguridad Nacional, y otra elaborada por los exagentes de la DEA Terrance Cole, administrador interino de esa agencia, y Matthew Donohue. Hay otra lista compilada del Departamento de Estado. Ninguna de ellas es definitiva, por lo que se sabe, y está siendo alimentada de manera regular.

En la lista figuran no únicamente políticos, sino empresarios, artistas e incluso, deportistas, de acuerdo con las más recientes informaciones sobre los segmentos que están siendo revisados, que en caso de que se actuara contra ellos o ellas, sus familias también sufrirían consecuencias; de entrada, la cancelación de sus visas. El primer deportista contra el que actuaron fue Julio César Chávez Jr., que tomó por entera sorpresa a la presidenta Sheinbaum.

Las más altas autoridades mexicanas han estado buscando acceso a los nombres de quienes aparecen en esa lista, pero los estadounidenses se lo han negado. La principal razón del hermetismo es el temor de filtraciones que alerten a las personas bajo la lupa de Washington. El gobierno mexicano también ha solicitado que le informen previamente de quiénes son a los que le cancelarán la visa, pero la respuesta ha sido que es una prerrogativa del Departamento de Estado. La mayor preocupación en el Zócalo y Palenque es si los López Obrador están en el horizonte.