un mensaje de aparente normalidad. Incluso el último, en un giro alarmante, menciona amenazas dirigidas a algunos de sus integrantes y familiares.

Pero hay silencios que pesan más que cualquier palabra cuidadosamente redactada.

Hoy enfrentamos uno de esos silencios. La Dra. María Angélica Buendía Espinosa, integrante de la Junta de Gobierno, ha renunciado en pleno proceso de definición sobre el futuro de la rectoría, y ese hecho, de enorme trascendencia institucional, no ha sido comunicado oficialmente por la Junta de Gobierno.

La noticia la conocimos por la prensa, no por los canales oficiales de nuestra universidad. ¿Por qué tanta celeridad para publicar comunicados que justifican un procedimiento altamente cuestionado, y al mismo tiempo, ninguna palabra sobre la salida de una de las integrantes del órgano colegiado más observado en estos momentos?

Hago un llamado público a la Junta de Gobierno: es urgente que se informe formalmente sobre esta renuncia, que se expliquen sus motivos y que se comunique de manera clara el procedimiento para designar a quien habrá de sustituirla.

Hasta el momento, sólo contamos con la versión periodística, que señala que la Dra. Buendía Espinosa se retiró “en un claro deslinde del proceder del órgano colegiado, al que señaló como objeto de presiones internas”. De ser así, estaríamos frente a una situación grave, no solo por lo que revela, sino por la omisión institucional que le ha seguido.

El vacío informativo ha abierto la puerta a múltiples conjeturas. Yo tengo la mía: considero que se trató de un acto de dignidad, un gesto ético de quien se negó a convalidar un procedimiento debilitado en su legitimidad, comprometido en su legalidad e insensible al sentir mayoritario de la comunidad.

Invito a la Junta de Gobierno a que confirme o refute mi interpretación, en un comunicado convincente. No por una exigencia personal, sino porque la verdad es un deber universitario, especialmente en tiempos de crisis.

El artículo 5 de la Ley de Autonomía establece que corresponde a la propia Junta designar a la persona que sustituya a quien ha dejado el cargo por renuncia. Sin embargo, en estas condiciones —con un proceso claramente erosionado por la opacidad y la pérdida de confianza— ese nombramiento no debe realizarse bajo la misma lógica.

Propongo, con pleno respeto a la ley, que por esta única ocasión el lugar vacante sea asignado con criterios de transparencia y participación universitaria, como gesto mínimo para restituir la confianza y recomponer el tejido institucional.

Lo que hoy enfrentamos va mucho más allá de un trámite de prórroga. Se trata de una fractura en el sentido de comunidad, de una pérdida de confianza en los principios que nos han sostenido como institución. La Universidad Veracruzana, que durante décadas fue referente de civilidad y cultura democrática, hoy se ve socavada por omisiones, silencios deliberados y decisiones alejadas del espíritu universitario.

Nuestra casa de estudios no puede mantenerse al margen ni callar frente a hechos que lesionan su integridad institucional. Merece claridad, legalidad y altura moral. Y merece, sobre todo, que se le informe con la verdad.
Mientras eso no ocurra, corremos el riesgo de ver cómo se desmorona una institución que a todos nos ha costado generaciones construir.