José Antonio Meade, a cambio de inmunidad para él y varios de sus cercanos. López Obrador mantuvo el acuerdo secreto y resistió todas las presiones que los radicales en Palacio Nacional y su movimiento ejercieron para buscar meter a Peña Nieto a la cárcel. Esa fue la razón por la que, para darle posibilidades de maniobra, le pidió que se fuera discretamente del país. Ese pacto, hoy en día, parece haberse extinguido, y los poderosos priistas están entrando a un túnel de tormentas judiciales.

Peña Nieto y Osorio Chong no figuraban en la investigación que inició la Fiscalía General en 2020 contra 58 funcionarios, Samuel Weinberg, su hijo Alexis, y su socio, Natan Wancier Taub, proveedores de servicios de seguridad al gobierno mexicano por más de un cuarto de siglo, acusados de peculado, recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La idea original era perseguir al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apostando a que en algún momento imputaría al expresidente Felipe Calderón. La investigación de la fiscalía la tomó el entonces titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para presentar una demanda civil en Miami contra García Luna y los Weinberg, por presunta corrupción.

El juicio en Miami llevó por caminos insospechados en ese momento, que tomaron nuevo brío cuando los Weinberg y Wancier Taub pidieron a la Fiscalía General el criterio de oportunidad, y Pablo Gómez, que había relevado a Nieto, enfocó sus baterías políticas. Durante meses presionó para que los Weinberg imputaran a Peña Nieto, pero, sobre todo, a Osorio Chong. Varios borradores de la declaración ministerial que iban a hacer en Miami para lograr el criterio de oportunidad fueron revisados y rechazados, hasta que en México quedaron satisfechos.

Los Weinberg entregaron documentación sobre decenas de contratos que les otorgó el gobierno de Peña Nieto entre el 22 de julio de 2013 y el 20 de abril de 2018, por 465 millones de dólares, y cobraron una parte similar que les adeudaban del sexenio anterior. Inicialmente, se comprometieron 10 contratos para la empresa de los Weinberg y Wancier Taub, dentro del esquema de corrupción que acordaron con los financieros de Miami, Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Arámburu.

Hay algunos antecedentes que hay que conocer.

1.- Diez contratos con el OADPRS entre febrero de 2012 y octubre de 2017, por un total de 403 millones de dólares. Cinco de esos contratos, por poco más de la mitad del costo, fueron adjudicados en el último año de Calderón, pero no se pagaron. El gobierno entrante de Peña Nieto se los liquidó. Los penales federales, que en el gobierno de Calderón dependían de García Luna, en el de Peña Nieto fueron trasladados a la Secretaría de Gobernación, que encabezaba en ese momento Osorio Chong.

2.- Catorce contratos con el Cisen –actualmente llamado Centro Nacional de Inteligencia-, entre julio de 2013 y abril de 2018, por un total de 256 millo–es 831 mil dólares.

3.- Cinco contratos con la Policía Federal entre febrero de 2009 y mayo de 2012, por un monto de 60 millones 312 mil dólares, que no fueron saldados en el gobierno de Calderón, lo fueron en el de Peña Nieto.

4.- Un contrato con la Procuraduría General de la República por 214 mil dólares.

“Todo lo anterior”, dijeron los Weinberg y Wancier Taub, “a cambio de la obtención de beneficios personales para los servidores públicos involucrados”.

El gobierno mexicano realizó los pagos a Nunvav Inc. S.A., y a sus empresas relacionadas, como Nunvav Technologies Inc. S.A., donde 82.5% de la compañía, fundada en 2014, era propiedad de Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu. Las transferencias de dinero se realizaron a 17 bancos mexicanos y 18 en Barbados e Israel. La documentación que aportaron los testigos de la Fiscalía, en 15 anexos a sus declaraciones, mezcla transferencias que se realizaron en el gobierno de Calderón y en el de Peña Nieto.

Las adjudicaciones, en sí mismas, no significan que fueran irregulares o ilegales.

Lo que fue ilegal, de probar sus dichos en un tribunal, los Weinberg y Wancier Taub, fueron los presuntos sobornos que le dieron a Peña Nieto y a Osorio Chong, que suman más de 100 millones de dólares directos a lo que llamaron su “organización”.

Las revelaciones de los Weinberg son un golpe para el gobierno de Peña Nieto, con el cual López Obrador tuvo grandes consideraciones y encubrimientos de posibles actos de corrupción. El expresidente nunca estuvo en el imaginario colectivo hasta que se negoció el criterio de oportunidad con ellos y Wancier Taub. Abrir este caso es cancelar el pacto de inmunidad que acordó López Obrador con Peña Nieto y, posiblemente, el fin de su impunidad.