licitaciones desiertas, procesos inconclusos y contratos sin firmar, lo que ha generado un caos sin precedentes en la operación del gasto público del estado.

La situación ha escalado al punto de afectar al propio titular de la SEFIPLAN, Miguel Reyes Hernández, quien, según fuentes internas, ya no sabe cómo lidiar con la creciente presión que representa Beatriz Guillén, señalada como “la amiguita incómoda” de la gobernadora Norma Rocío Nahle.

Los trabajadores burocráticos de la dependencia no han dudado en responsabilizar a Guillén del colapso en la Administración Pública Estatal, acusándola de ser una imposición política más que una funcionaria capacitada. La señalan como una “amiga incondicional” de la mandataria estatal, lo que ha encendido alertas sobre posibles actos de nepotismo y corrupción.

El malestar no sólo es interno, ciudadanos, empresarios y sectores clave que dependen de los recursos públicos comienzan a resentir los efectos de esta crisis operativa. La falta de licitaciones consolidadas efectivas y la parálisis contractual están generando retrasos e incertidumbre en proyectos prioritarios para Veracruz, aunado al querer todo comprar por las Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley, su favorito de esta nueva y verde Administración.

Incluso comparando con administraciones anteriores, en particular los gobiernos priistas, no se recuerda un nivel de ineficiencia tan marcado en el manejo de las finanzas públicas. Lo que prometía ser un gobierno de transformación y de MODA parece hundirse en prácticas de opacidad, improvisación y favoritismo (sobre todo a los proveedores de la zona sur del estado)

¿Está el gobierno de Rocío Nahle priorizando amistades sobre capacidad? ¿Quién supervisa el ejercicio del gasto público cuando el control parece haber sido entregado a manos de confianza más que a profesionales? Estas son preguntas que los veracruzanos merecen que se respondan con claridad y responsabilidad.