*Nohemí Martínez Martagón busca a su hijo Luis Alberto Calleja Martínez desde el 18 de septiembre del 2010. Fue “secuestrado” por Policías Municipales y Federales afuera de un bar en Poza Rica

*Uno de los policías federales que lo “secuestró”, Antonio Ordóñez Cabrera, recibió sentencia de 35 años de prisión, pero fue dejado en libertad por un juez corrupto en el 2018

*Nohemí Martínez teme por su vida. En el juicio, el policía Antonio Ordóñez le dijo: “Algún día nos vamos a ver las caras”

*Virginia Guerrero Rojas busca a su hija, Silvia Alejandra Aguilar Guerrero. Ella, ejecutiva de Telcel, fue “desaparecida” junto con otra joven de Tuxpan afuera de su departamento

*Su madre sospecha que se la llevaron Los Zetas con fines de trata. Su Facebook continúa activo, pero da como localización el país de China

Por Noé Zavaleta/Blog Expediente/En Misión Especial en Poza Rica

Desde hace doce años le cambiaron la vida a la familia Calleja Martínez. El secuestro de su hijo, Luis Alberto Calleja Martínez, entonces de 24 años de edad, junto con dos amigos, Roberto Carlos Martínez, de 22 años de edad, y René Rodríguez Pérez, de 25, al salir del bar “Gabino” en la 20 de noviembre de Poza Rica, al norte de Veracruz, a manos de Policías Intermunicipales y de Policías Federales ha desatado una búsqueda por todo el país que parece no tener fin.

La madre de Luis Alberto, Nohemí Martínez Martagón, fundó su propio colectivo “Ayuda a Regresar a Luis Alberto Calleja”. En este colectivo ya hay madres y padres de desparecidos recientes en el 2023, 2022 y 2021. Pero la señora Martagón, su esposo, Gerardo Calleja, y el hermano del joven desaparecido llevan doce años buscándolo en fosas clandestinas, en brigadas nacionales y exigiendo justicia en los juzgados de Veracruz y juzgados federales. Estos últimos le han jugado una mala pasada a la familia Calleja Martínez, por lo que temen por su vida.

El 18 de septiembre del 2010 al salir del bar Gabino, en Poza Rica, los jóvenes, Alberto Calleja, Carlos Martínez y René Rodríguez, fueron “detenidos” por la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán Coatzintla,. Dichos policías entregarían a los jóvenes, tras golpearlos, a un comando compuesto por cuatro personas.

Las propias investigaciones de Nohemí Martagón y Gerardo Calleja permitieron, a través de cámaras de video, la identificación de dos de los cuatro sicarios, Víctor del Ángel García y de Antonio Ordóñez Cabrera quienes durante el día ejercían funciones de Policías Federales en activo.

García y Ordóñez fueron detenidos seis meses después de este secuestro (en el 2010 aún no estaba tipificado el delito de desaparición forzada). Al pasar de los años, el expolicia federal, Víctor del Ángel García, recibió una sentencia de 37 años, la cual está purgando en una cárcel federal de Oaxaca; mientras que Antonio Ordóñez recibió 35 años de condena. Sin embargo, el 28 de septiembre del 2018, el magistrado federal Alejandro Javier Hernández Loera dejó en libertad a Ordoñez, en un artilugio jurídico irregular y con muchas arbitrariedades.

La familia Calleja Martínez tiene temor por represalias, pues en el careo de Ordóñez con la mamá y papa de Luis Alberto Calleja éste les lanzó: “Algún día nos vamos a volver a ver las caras”. En la apelación de la revocación de sentencia, otro juez volvió a dictar orden de reaprehensión en contra de Antonio Ordóñez, aunque ahora sólo por 20 años y un día; el problema es que el expolicía federal sigue prófugo de la justicia y no parece que la Fiscalía General de la República (FGR) lo ande buscando mucho, para regresarlo a una prisión de máxima seguridad.

“Yo ya le expuse mi caso al presidente López Obrador hace ocho meses, que necesitamos protección, que tememos por nuestra vida… El presidente me contestó que lo iba a ver… Hasta ahora, nada… Yo sé que no soy la mamá del Chapo ni de nadie importante, pero nosotros también merecemos atención y buscar con seguridad a donde fueron a dejar a nuestros hijos”.

Nohemí Martagón siempre porta un sombrero de palma tejida, al frente trae dibujado el rostro de su hijo y en la parte de atrás una imagen dibujada de la Virgen de Guadalupe; ella, con su familia, ha hecho búsqueda de desaparecidos en los estados de Puebla, Zacatecas, Hidalgo y en el norte del país y de Veracruz. Sabe con exactitud la ubicación de los predios La Gallera, La Guapota, Arbolillo y Colinas de Santa Fe.

Martagón soslaya que siempre que se reúne con alguna autoridad, presidente, gobernador, fiscal o secretario, suele tomarse fotos con ellos, no por lambisconería, sino para recordarles a futuro que ha solicitado apoyo para localizar a su hijo y hasta ahora gobiernos van y vienen; fiscales han pasado y todo ha sido en vano. Todos los políticos son iguales, pugnando antes por sus intereses personales.

“Nosotros ya no festejamos diciembre ni 10 de mayo. La vida nos cambió para siempre, sí, tengo otros hijos, pero cada uno de mis hijos tiene un pedacito de tu vida y cuando me arrebataron a Luis Alberto Calleja se llevaron un pedacito de mi vida”.

El 4 de febrero del 2023, el colectivo “Ayuda a Regresar a Luis Alberto Calleja” inauguró en el Parque Furberos de la 20 de noviembre un memorial para los desaparecidos, donde hay cerca de 30 mosaicos de jóvenes –en su mayoría- que desaparecieron principalmente en la última década.

“Este memorial es un grito a tiempo, para los jóvenes, para los padres y madres que tienen hijos jóvenes y que deben de cuidar de ellos, para que no se tengan que ver en nuestros zapatos. Que no olviden lo que paso aquí; esta avenida fue un gran agujero negro por donde desaparecieron a nuestros jóvenes, a mi hijo”.

En la desaparición de Luis Alberto Calleja, Roberto Carlos Martínez y René Rodríguez ningún Policía Intermunicipal fue vinculado a proceso, entre ellos se protegieron y ninguno fue identificado. De los cuatro sicarios que se llevaron a los tres jóvenes sólo los dos policías federales en activo pudieron ser procesados. De los otros dos se ignoran sus nombres y apellidos.

De esta causa penal hay una carpeta vinculante relacionada con el delincuente Antonio Pérez “El Oso”, el jefe de una célula criminal que administraba una casa de seguridad en Costa Esmeralda, donde tenían secuestradas a cinco personas. Aunque “El Oso” está en prisión, ninguno de los otros detenidos pudo ser obligado a declarar, como la mayoría; en aquel entonces eran menores de edad y fueron enviados al Centro de Readaptación Social en Palma Sola. Hoy seguramente ya se encuentran en libertad.

Cuando ocurrió el triple secuestro, en septiembre del 2010 en Poza Rica, sólo había unos amos y señores de las actividades licitas e ilícitas: Los Zetas con los jefes “El Puchini”, El Eder y Karim –exmando policial- a la cabeza y como “lavador de dinero” y financiador de campañas políticas, como la de Francisco “Pancho” Colorado Cessa, delincuente que falleció a causa de un infarto en marzo del 2018 en un centro penitenciario de Texas, Estados Unidos.

“Y SÍ NO LA VEO AQUÍ, A LO MEJOR ALLÁ ARRIBA”
Virginia Guerrero Ramos también lleva 12 años buscando a su hija, Silvia Alejandra Aguilar Guerrero. Ella desapareció junto con una amiga oriunda de Tuxpan el 10 de julio del 2010. El coche de Silvia Alejandra, un Jetta blanco 2010, quien se desempañaba como ejecutiva en la empresa Telcel, también desapareció.

A Silvia Alejandra se la tragó la tierra. Su hijo, Mauricio Casas Aguilar, de 7 años de edad en aquel entonces, ya tiene hoy 19. La abuela, Virginia, lo tuvo que criar, mantener y educar y la búsqueda de Silvia Alejandra la tuvo que dejar para después; apenas hace un par de años puso la denuncia.

“Yo se lo tuve que decir a mi nieto: No busqué a tu madre por dedicarme a ti. Ahora me toca buscarla y la tengo que encontrar… y sí no la veo aquí, a lo mejor allá arriba” (apunta hacia el cielo).

A Guerrero Ramos también le tocó la vorágine de violencia en el norte de la entidad, durante la transición del gobierno de Fidel Herrera al de Javier Duarte, cuando el coletazo delincuencial se desató en la huasteca veracruzana.

“A mí me aconsejaron que ya no la buscara, que ya no estaba (sic). Alguien se me acercó para decirme: se las llevaron”, en alusión al crimen organizado. Mi hija era muy guapa, licenciada en Mercadotecnia, yo he llegado a pensar qué a ella y a su amiga se las llevaron con fines de trata”.

La cuenta de Facebook de Silvia Alejandra Aguilar continúa activa, incluso en cada onomástico recibe felicitaciones de sus amigos que saben que está desaparecida, pero también de personas que creen que Alejandra continúa una vida normal. Uno de los inbox que la cuenta de Alejandra marco como “leído” otorgó una localización en el país de China. Como en otros casos, la Fiscalía General del Estado (FGE) nunca investigó esas pistas.

Silvia Alejandra Aguilar se encontraba separada de su esposo, una madrina de la Policía Judicial, quien, una vez que perdió la custodia de su hijo, frente a la mamá de Silvia se desentendió del niño, Mauricio, quien hoy ya es un joven que estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad Veracruzana.

“Desde los 7 años mi nieto tuvo que ir al psicólogo. Creció sin papá, sin mamá fue muy difícil para él. Los primeros días me decía: ¿Qué le pasó a mi mamá? Hoy es un joven introvertido que le cuesta relacionarse con la gente”.

Lo último que supo Virginia Guerrero de su hija fue que ya no llegó a casa de su abuela, donde habían quedado de comer y recoger a su hijo. Al otro día, Virginia la buscó en su departamento de Las Palmas, ahí fue abordada por un señor, que también estaba buscando a su hija, la cual también se encontraba desaparecida. De ninguna de las dos hay una pista concreta hoy en día.

“A mí me aconsejaron que no pusiera denuncia. En ese entonces era una colusión entre Ministerios Púbicos y el narcotráfico. Hoy hay mucho más desaparecidos en la región, es un cuento de nunca acabar”.

Virginia muestra zozobra, pensar que su hija pudo ser reclutada para trata y dónde la puedan tener o si fue privada de la vida, no saber a dónde tener que irle a llorar o a llevar unas flores: “Sólo Dios sabe que paso con mi hija… Yo de mientras tengo que buscarla”.