La Cuarta Transformación del Gobierno Federal y del local de Cuitláhuac García Jiménez rehúyen la trasparencia y la rendición de cuentas; las secretarías de despacho, los organismos autónomos y las unidades de trasparencia de estas dependencias se niegan a transparentar lo que gastan en difusión, publicidad e incluso a contestar correctamente solicitudes de información.

Ante el embate nacional de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por parte de la mayoría de MORENA en el Senado de la República y en Veracruz con la intentona legislativa por hacer lo mismo con el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Blog Expediente se dio a la tarea exhaustiva de revisar los incumplimientos que generan las dependencias estatales a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, así como de los organismos autónomos, afines al actual régimen cuatroteísta.

En la Coordinación General de Comunicación Social, su titular, Iván Joseph Luna Landa, y su Unidad de Transparencia no han trepado un solo archivo de las partidas presupuestales mensuales que destinan a medios de comunicación de prensa digital, televisión, radio revistas y Fan Page de Instagram y de Facebook, las cuales se pagan con dinero público.

En el ejercicio fiscal 2022 la Coordinación General de Comunicación Social ejerció 109 millones 988 mil pesos, sin embargo los contratos y convenios con medios de comunicación están “bajo resguardo” de la Dirección Jurídica, pretextaron a un particular en el oficio número UA/0794/2022, rubricado por Hugo Alberto Esperilla Castro.

Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave te obliga a subir trimestralmente a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) los gastos en comisiones oficiales, sobre todo en un área operativa como comunicación social, la oficina de Luna Landa no ha subido un solo reporte o factura llevada a cabo en las giras de Cuitláhuac García y demás secretarios de despacho.

Así queda en la opacidad el gasto que periodistas de radio, prensa y televisión, así como también pasan inadvertidas las facturas que el pool de prensa oficial ha generado en las giras como Cumbre Tajín 2023, Festival de la Salsa 2022, las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río o la conferencia magistral de la doctora Claudia Sheinbaum en el puerto de Coatzacoalcos, por citar sólo algunos ejemplos.

En esa mismo política de no fiscalizar el gasto público, la Unidad de Transparencia del Poder Legislativo en el Congreso Local que presiden Margarita Corro Mendoza y el titular de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, evaden las obligaciones de transparencia.

Desde la PNT y desde la página de legisver.org es imposible acceder al rubro de “Gastos de Publicidad Oficial”, así como al de “Gastos en Comisiones Oficiales” del ejercicio fiscal 2022, pues el navegador te declara inexistentes ambos casilleros.

El Poder Legislativo de Veracruz apenas transparenta y permite visualizar los salarios y compensaciones de los 738 trabajadores que tiene dados de alta en dicho poder. Tras driblar un zigzag cibernético de varios hipervínculos, te desglosa los salarios de cada representante popular, así como las dietas de sus choferes y asistentes legislativos, estos últimos con sueldos de 30 mil pesos mensuales.

En el rubro de difusión es común, que tanto el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, como la Presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro, suelan presumir ante otros diputados de MORENA, incluso de la oposición, que ellos a diferencia del Gobierno Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) no tienen “ataques” de la prensa, pues tienen “bajo control” y “sometimiento” a más de 400 medios de comunicación.

En la Fiscalía General del Estado (FGE), Blog Expediente ha realizado varias solicitudes de información y todas y cada una de ellas han sido contestadas de forma absurda, pues la Unidad de Transparencia de la oficina de Arco Sur te remite a “links” rotos y archivos XML ininteligibles.

A la Fiscalía General del Estado (FGE) de Verónica Hernández Giadáns se le ha pedido en varias ocasiones información sobre el número de fosas clandestinas halladas en su sexenio, el número de cuerpos identificados y entregados a sus familiares en cada año de su gestión, así como el número de cuerpos sin identificar en los distintos Servicios Médicos Forenses de la entidad y la respuestas han sido “enlaces rotos” en el ciberespacio.

En el Ayuntamiento de Xalapa, que preside Ricardo Ahued Bardahuil, la Unidad de Transparencia de plano “le tomó el pelo” a los ciudadanos que consultan su información, pues en el área de “gastos de publicidad oficial” se limitaron a subir el catálogo de fotografías del Plan Municipal de Desarrollo y sus propuestas de acciones y obra pública de gobierno.

Ante la intención pública del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) y la omisión deliberada del Senado de dejar a este organismo autónomo sin el quórum legal para sesionar, pese a que tienen una carga de miles de recursos de revisión, inconformidades en las solicitudes de información sin desahogar, periodistas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil lanzaron una iniciativa de “recabar firmas” en change.org para exigir al Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador que deje de rehuir la transparencia.

Aunque en el plano local el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, descartó la desaparición del IVAI pues esté órgano –dijo- “trabaja muy bien”, la realidad, es qué la mayoría de sus oficinas estatales y los organismos autónomos rehúyen, y severamente, a la transparencia y la rendición de cuentas.

Incluso, ayer la comisionada nacional del INAI, Julieta del Rio Venegas, exhibió que varios “encargados de las unidades de transparencia” se han quejado de qué “ya no van a poder entregar nada” de solicitudes de información, pues es una instrucción del “segundo de abordo” del Gobierno Federal, en clara alusión al exgobernador de Tabasco y actual secretario de Información, Adán Augusto López.