El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, humedeció sus labios con la lengua, tomó el atril con las dos manos, y se dispuso a responder las preguntas que fueran lanzadas durante la conferencia matutina del 18 de marzo del 2022.

Aquel día, la discusión pública giraba en torno a lo ocurrido 24 horas antes en la Cámara de Diputados: se había aprobado en esta primera instancia una reforma que regulaba los créditos de nómina con cobranza delegada, donde el empleador descuenta de manera automática del salario del trabajador la parcialidad de un crédito para entregarlo a la entidad acreditante. A pesar de que esta modalidad no está definida en la ley, en la práctica opera en todo el territorio mexicano.

––¿Qué opina de esta reforma? ––Fue la primera pregunta que surgió en aquel encuentro con la prensa.

––No estoy de acuerdo con esa reforma, no creo que deba embargarse el salario de los trabajadores bajo ninguna circunstancia. El salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia ––respondió––. No se pueden apropiar de la nómina del trabajador (...) ningún banco o institución financiera debe hacerlo, y el gobierno no debe prestarse a eso.

–¿La vetaría? ––Se escuchó desde el área de prensa.

–Sí, si se aprobara sí ––replicó el mandatario mexicano, que con sus palabras hizo naufragar la iniciativa que legalizaba la figura de los créditos de nómina con cobranza delegada. Ahora la propuesta se encuentra en el Senado de la República, junto a otras 182 minutas aprobadas por la Cámara de Diputados, y que forman parte del rezago parlamentario.

En México la Constitución y cuatro artículos de la Ley Federal del Trabajo establecen que el salario de los trabajadores está protegido de descuentos, embargos y retenciones; y de qué, disponer libremente del salario es irrenunciable, y no se puede ceder ni a patrones ni a terceros.

Mientras la iniciativa para normarlos se empolva en algún cajón del Senado, la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Amden), que agrupa el 90 por ciento de los créditos con retención de nómina otorgados por instituciones financieras no bancarias, reporta que los mexicanos han solicitado tres millones de créditos de este tipo.

Estos son operados casi en su totalidad por las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), creadas en México en 2006, sin una regulación prudencial supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de elevar la inclusión financiera, al darle préstamos a personas o empresas sin acceso al crédito bancario.

En pocos años se convirtieron en el mayor proveedor de servicios financieros del país en número, con un rango de 2,066 instituciones. También, acumularon críticas: 174 mil mexicanos han denunciado condiciones abusivas en la operación de estos créditos. Como Willy Luis –quien prefiere usar un nombre ficticio para no revelar su condición económica– que acudió a un préstamo luego de que el sismo de 8.2 grados destruyera su casa en 2017.

Con su vivienda hecha añicos y desesperado porque los apoyos gubernamentales para la reconstrucción fluían lento, Willy solicitó un préstamo de 60 mil pesos a la financiera HXTI S.A Sofom E.R.N., con el propósito de apurar los trabajos para recomponer su casa.

Después de seis meses de pagos al crédito, con cuotas quincenales de mil 200 pesos, y cuando la emergencia tras el temblor se lo permitió, este profesor de Cívica y Ética decidió hacer un balance de sus finanzas y acudió a la financiera a solicitar un informe de sus pagos.

Durante un mes, hizo llamadas telefónicas a la financiera, pero HXTI no accedió a otorgarle un reporte de pagos o entregar un estado de cuenta.

“Yo solo veía cómo me quitaban dinero, pero no sabía cuánto había pagado, o cuánto me faltaba por pagar. El promotor del crédito me decía que en el call center debían darme informes; y en el call center decían que era el promotor quien tenía los datos”, relata el hombre.

Ante las evasivas, Willy acudió a las oficinas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ubicada a 300 kilómetros de su lugar de origen. Y después de tres meses de oficios y citatorios, la financiera accedió a entregar un reporte de sus pagos.

Cuando Willy Luis tuvo el reporte de su deuda, identificó las inconsistencias entre la información que le dieron verbalmente, y los términos reales en que la financiera gestionaba su deuda. De entrada, el plazo de pago no era por 60 mensualidades como le indicó el promotor verbalmente sino por 72.

El profesor hizo cuentas, y a pesar de que había pedido un préstamo por 60,000 pesos, le faltaban por liquidar 144,000 pesos. Willy no sabe cuál fue el porcentaje de tasa de interés que le cobraron, porque no se aclaró en la reunión.

El equipo investigativo buscó a HXTI por correo electrónico, redes sociales y teléfono para conocer su versión sobre esta denuncia, pero no hubo respuesta.

Raúl Valencia del Toro, consultor en la firma Valencia del Toro, que asesora a Sofomes, señala que la mínima tasa de interés en este tipo de créditos ronda el 27 por ciento anual, pero comenta que también hay tasas que pueden llegar al 90 por ciento anual de los créditos de nómina.

Del Toro explica que las personas acuden a este tipo de créditos, y están dispuestas a pagar tasas altas de interés porque están en apuros. Y así lo confirma Willy Luis: “Resulta atractivo solicitar un crédito para salir de un problema, pero cuando uno se da cuenta, entra a un hoyo, a una situación que se vuelve insostenible”.

Una investigación realizada por La Jornada, NV Periodismo de Investigación, y CONNECTAS revela que a pesar de la respuesta que dio López Obrador a la reforma que buscaba regular esta modalidad de créditos, su gobierno permite que se mantenga.

Peticiones de información a secretarías de Salud, Finanzas y Educación de los 32 estados y búsqueda de información en la Plataforma Nacional de Transparencia permitió identificar que, de 2014 a la fecha, las entidades de la república firmaron más de 500 convenios con 127 financieras para dar créditos de nómina con cobranza delegada, y que los cobros de créditos contratados al amparo de esos convenios continúan vigentes.

Además, una revisión de los anuarios estadísticos de la Condusef permitió identificar que el 60 por ciento de las entidades financieras que tienen el mayor número de convenios con los gobiernos estatales acumulan el 30 por ciento del total de las quejas dirigidas hacia las Sofomes. Es decir, la reputación de las compañías no es un requisito para contratar con los gobiernos estatales.

Encima, cuatro gobiernos locales: Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa incurrieron en una mala gestión de los créditos, al realizar descuentos a los trabajadores sin entregar el dinero a las entidades crediticias. Los trabajadores han tenido que pagar multas por esta negligencia.

Desde el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se aceptó que las tasas elevadas de interés que en este tipo de créditos son un problema para los trabajadores públicos. Incluso creó un programa para refinanciar las deudas de los maestros. Sin embargo, el programa no finalizó y también fue señalado por anomalías.

Mientras las autoridades miran hacia otro lado, los mexicanos solo cuentan con la Condusef, una entidad para quejarse, pero que solo concilia las partes en conflictos. La falta de regulación en esta actividad permite que intermediarios financieros vulneren derechos de los acreedores.

Para Alberto García, asesor parlamentario en temas relativos al trabajo y la seguridad social, la insistencia de los diputados en impulsar una iniciativa con deficiencias y el rechazo presidencial, no es el mejor escenario para las personas que requieren un crédito en México.

“Decir: ‘Si la aprueban la veto’, no es la mejor postura, como jefe de Estado se puede decir: ‘Hay que corregirla, porque no está bien así’. La parálisis legislativa que se dictó desde Palacio Nacional deja las cosas como están, y no están bien”, dijo.

En aquella reunión ante la Condusef, Willy Luis trató de llegar a un acuerdo con la financiera. Y a pesar de que todavía costeaba gastos por la reconstrucción de su vivienda, propuso a la financiera realizar un pago anticipado para reducir su deuda.

Pero los representantes de HXTI se negaron. Aunque la respuesta no es ilegal, porque no hay una norma que expresamente lo prohíba, sí es abusiva a los ojos de los defensores de usuarios crediticios como Carbajal Vázquez.

Un año después de aquella cita en la Condusef, Willy Luis recibió una llamada de la financiera a su teléfono celular reclamando el pago de las últimas cinco parcialidades de su crédito.

Al poco tiempo, se enteraría de que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) faltó a su responsabilidad de entregar los descuentos de su salario a la entidad financiera. Para resolver aquel embrollo en que lo metió el Instituto tuvo que ir a Oaxaca en varias ocasiones, y poner una queja en el área jurídica. Meses después, logró que el Ieepo depositara los pagos pendientes.

Con esa amarga experiencia a cuesta y cuando ya había pasado 2 años y medio, con pagos a la deuda por un monto de 72,000 pesos, Willy Luis recibió el apoyo de su familia para reunir 50,000 pesos y dar un pago anticipado a la financiera.

“Sí, yo pagué 122,000 pesos por un préstamo de 60,000 pesos, mucho más de lo que pedí” dice el hombre a seis años de aquel sismo y de solicitar aquel crédito.

Créditos que empobrecen

Corría el 2013, y Rossy —quien por temor prefiere usar un nombre ficticio— llegó a Comitán, Chiapas, para trabajar como enfermera de la Secretaría de Salud. Recuerda que aunque tenía grandes esperanzas por lo que estaba por vivir, también tenía que enfrentar muchos retos. De entrada, había dejado la casa materna y necesitaba acondicionar un lugar para vivir. Así acudió a la financiera Kondinero (Directodo México, S.A.P.I de C.V, Sofom) y solicitó un préstamo por 30 mil pesos que usaría para comprar una cama, una estufa y un cilindro de gas.

En aquel momento, la financiera solo le dió a firmar un contrato en una oficina del centro del pueblo, pero no le quedó copia de aquel acuerdo ni tabla de amortización. Y aunque le extrañó, no preguntó por los documentos.

Días después, su empleador comenzó a descontar las parcialidades del salario. Los montos eran irregulares: había quincenas que le quitaban 751 pesos, otras 1,398 pesos, y hubo varias ocasiones en que le descontaron 2,672 pesos.

Con cuatro años abonando a la deuda, con un total de casi 80,000 pesos pagados, seguía sin liquidarla, y lo inaudito estaba por ocurrir. Salud, que administraba los descuentos del crédito, no entregó el dinero a la financiera. Y eso le ocasionó multas que la mantienen endeuda.

Rossy sigue sin liquidar su crédito. Para vivir, le tocó trabajar extra. Se ha puesto a vender empanadas de arroz con leche junto con su madre.

La Jornada y CONNECTAS contactaron a Kondinero por correo y vía telefónica, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Según María de Jesús Espinosa de los Santos, quien fue lideresa de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en el periodo 2018-2022, señaló que en aquel momento, había en Chiapas 10 mil trabajadores multados y enviados a buró de crédito como Rossy.

El abril de 2017, enfermeras del hospital Rafael Pascacio Gamboa, ayunaron para protestar. Demandaban el abasto de medicamentos e insumos para los hospitales públicos del estado, y pedían que el gobierno de Manuel Velasco Coello (Partido Verde Ecologista de México), cumpliera con entregar las parcialidades de créditos, que pese a descontarse de los salarios de los trabajadores no se entregaban a las financieras.

Después de 10 días y varias mesas de diálogo, lograron un acuerdo con las autoridades estatales, quienes se comprometieron a liquidar los adeudos. Y en reuniones subsecuentes, las enfermeras pugnaron porque se revisara las condiciones en que las entidades financieras operaban los créditos de nómina con cobranza delegada otorgados a trabajadores.

La Jornada y CONNECTAS buscaron la versión de la Secretaría de Salud de Chiapas, pero no hubo respuesta.

Dos años pasaron para que los reclamos fueran atendidos. En julio del 2020, el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Cruz Escandón Cadenas, publicó un decreto en donde reconoció que los convenios entre financieras y el Gobierno de su antecesor Manuel Velasco Coello expusieron a las personas a prácticas abusivas.

Ante los vicios de las financieras, el Gobierno de Chiapas canceló los convenios de colocación de créditos firmados por el Gobierno de su antecesor, y prohibió la firma de nuevos acuerdos.

Pero a tres años de aquel decreto, los descuentos a los trabajadores continúan activos.

Las financieras acudieron al Poder Judicial, el cual les otorgó amparos que les permitieron continuar con las retenciones sobre créditos pactados antes de la aplicación del decreto.

En respuesta a una solicitud de información realizada para esta investigación, el Gobierno de Chiapas informó que en la actualidad se aplican descuentos de nómina a 18,183 trabajadores, en favor de 15 empresas derivado de los amparos.

Rossy se benefició del decreto un año y medio, pero cuando las entidades financieras obtuvieron el amparo, los descuentos regresaron.

Su sueldo como empleada administrativa por contrato en el hospital de Comitán “María Ignacia” es de 6,000 pesos al mes, pero a su bolsa sólo llegan 2,000 pesos, el resto le queda a la financiera. Rossy está planeando migrar a otro país porque esta situación la tiene agobiada. No sabe cuánto le falta por pagar.

“No hay alguna oficina a dónde ir a preguntar, a reclamar y la Secretaría de Salud tampoco me informa cómo es que estos descuentos regresaron y por qué lo permiten”.

“Yo busqué un abogado, pero me cobra dinero que no tengo, entonces ¿cómo le hago? ¿Vuelvo a pedir dinero prestado?”.

Investigación realizada por La Jornada, NV periodismo de investigación y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists.