Incluso, ciudadanos de a pie.
Civiles.
La Fiscalía General interpuso la denuncia en su contra y los abogados lo han amparado una y otra vez.
El martes 29 de noviembre, el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal, con sede en la Ciudad de México, le negó un amparo más contra órdenes de aprehensión.
En el caso está de por medio la denuncia por el probable delito de desaparición forzada “en agravio de una víctima identificada con las iniciales DLC” (La Jornada-México, 3 de noviembre).
De hecho y derecho, y en un país con más de cien mil desaparecidos (cinco mil en Veracruz), el señor Javier Duarte, aquel de “Aquí (en Veracruz) no pasa nada”, se ha convertido en el primer político, el primer gobernador, el primer funcionario público, en ser acusado por la vía penal por la (presunta) desaparición forzada.
El expediente abierto se refiere a una de las diecinueve personas arrojadas a la barranca de “La aurora” en el municipio de Emiliano Zapata en su sexenio.
Por cierto, una de ellas, un policía estatal que fue asesinado a madrazo limpio por unos compañeros.
El 15 de abril del año 2017, Duarte fue detenido en Guatemala. Extraditado a México en el mes de julio de ese año, tres meses después. Y acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fue cuando el presidente Enrique Peña Nieto, todavía en funciones, le retiró confianza, apoyo y protección. Y dejó que la acusación del sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares, procediera.
Tanto que llevó a su esposa, Karime Macías, al exilio en Londres, la ciudad más cara del otro extremo del mundo, y quien también sigue luchando para evitar la extradición acusada de un presunto desvío millonario.
Desde entonces, abril 2017, Duarte vive en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Cuatro años y siete meses privado de la libertad y que, claro, nada lo vale con los dieciocho años en el poder político.
Seis al lado de Fidel Herrera Beltrán como senador de la república.
Más los seis con Fidel como gobernador.
Más los seis como jefe máximo de la política en Veracruz.
Secretario particular de Fidel, subsecretario y secretario de Finanzas y Planeación, diputado federal y gobernador.
Carrera meteórica, cierto, pero con un desenlace fatal.
Más, mucho más, cuando ahora está denunciado por la presunta desaparición forzada.
¡Vaya paradoja!:
En aquel sexenio, par de gigantescas fosas clandestinas con “Colinas de Santa Fe” en el puerto jarocho y “El Arbolillo” en Alvarado con más de seiscientos cadáveres localizados por los Colectivos, integrados con padres con hijos y parientes secuestrados y desaparecidos.
Nunca, claro, en América Latina, fueron detenidos y procesados por desaparición forzada Augusto Pinochet en Chile, Rafael Leónides Trujillo en la República Dominicana, Jorge Videla en Argentina, Fulgencio Batista en Cuba, por ejemplo, como tampoco, claro, el par de presidentes de la república, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, a quienes correspondió la Guerra Sucia, la masacre de Tlatelolco en el movimiento estudiantil del 68 y la matanza del diez de julio en 1971 con “Los Halcones”.
Javier Duarte, de cara a la historia sórdida y siniestra de la república amorosa y humanista.
De Veracruz, pa’el mundo.
Tiempo, cuando, y entre otras cositas, Veracruz ascendió al primer lugar mundial como “el peor rincón para el gremio reporteril”.
En total, diecinueve trabajadores de la información asesinados y hasta decapitados, más tres reporteros desaparecidos.

LA GENERACIÓN PERDIDA

La generación política de Javier Duarte y asociados, en el limbo.
Duarte, preso.
Su exesposa, en el exilio luchando para evitar la extradición.
Érick Lagos, en la RENATA, Reserva Nacional del Talento.
Adolfo Mota, en la Renata.
Jorge Carvallo Delfín, en la Renata.
Alberto Silva, por ahí.
Arturo Bermúdez, tratando de librarla.
Antonio Gómez Pelegrín, arraigado en casa.
Carlos Morales Aguirre, librándola.
Tomás Ruiz González, librándola.
Mauricio Audirac, en el retiro.
Anilú Ingram Vallines, diputada local.
Luis Ángel Bravo Contreras, en el retiro.
Felipe Amadeo Flores Espinoza, iniciado en la vida pública desde Rafael Hernández Ochoa, en el retiro.
María Georgina Domínguez Colio, en la vida privada.
Etcétera.
En unos casos, seis años en el poder.
Otros, menos de un sexenio.
Unos cuantos, dos sexenios encaramados en el escalón más alto de la política estatal.
Unos, con cargos federales desempeñados y luego regresados a provincia y aquí arraigados como pudieron.
En el siglo XXI, quizá, el peor sexenio de la historia local con setenta y nueve gobernadores a la fecha.
Y el peor, porque con y sin denuncias penales por desaparición forzada en la Fiscalía General, en el llamado imaginario colectivo quedó la percepción de que decenas, cientos de personas fueron secuestradas y desaparecidas y sabrá el chamán si asesinadas y enterradas en fosas clandestinas.
Veracruz, en las grandes ligas de la feroz persecución contra quienes pensaban y actuaban diferente.
Y/o en todo caso, la debían.
Y/o fueron plagiadas y desaparecidas por desacato, resentimiento, odio, venganza.
O estuvieron en el lugar equivocado y en el momento equivocado.