Cada vez que Matilde Villa Benavides acude a una marcha de desaparecidos para reclamar por la localización de su hijo, Iván Aurelio Aguilar Villa se sorprende de ver siempre rostros nuevos de madres que buscan a sus hijos a lo largo y ancho de Veracruz.

Cada vez que Matilde acude a la Fiscalía General del Estado (FGE) en el inmueble de Arco Sur se vuelve a sorprender pues registra que hay más fotos de “fichas de búsqueda nueva”. Y mientras la madre de Iván Aurelio sale desencantada de la oficina de procurar justicia, pues no hay “ninguna novedad”, siempre ve con estupor e indignación como se van “juntando” los expedientes y las carpetas de investigación. Cada una, con la historia de un nuevo desaparecido en Veracruz. “Tienen tantos expedientes de gente desaparecida en Veracruz, de casos recientes, no te imaginas”.

Iván Aurelio Aguilar Villa, mecánico automotriz de 27 años “fue levantado” por un comando armado el dos de julio del 2020 en la congregación de Palo Gacho en el municipio de Emiliano Zapata. Junto con Iván, fueron secuestrados, Cedrick Abdiel Ramírez Aguilar, de 19 años; Marco Javier Reyes, de 30 años; Mario Figueroa Domínguez e Iván de Jesús Sosa Lagunes, ambos de 32 años. La última vez que estos jóvenes enviaron una fotografía a sus familiares fue en el interior del bar “Michelucas”. Las madres de los otros cuatro jóvenes, aunque participan en las marchas de desaparecidos, tienen miedo de hablar con la prensa.

Por esta quíntuple desaparición, la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas No Localizadas abrió la carpeta de investigación 118/2020/FGE. En dicha carpeta –fustigan familiares de las víctimas- todos los que han ido a declarar lo han hecho bajo la figura de “identidad resguardada”, lo que entorpece las investigaciones paralelas de los propios padres de desaparecidos.

A escasos diez días de que se cumplan dos años de está quíntuple desaparición -la cual ocurrió en el segundo semestre del segundo año de gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez-, las respuestas de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado siguen siendo las mismas: “No tenemos avances, ni noticias de su paradero”.

“Es muy desgastante emocional, física, moral y económicamente no saber qué pasó con nuestros hijos. Nos hemos cansado de pedir favores de que nos apoyen a dar con nuestros hijos”, comenta Matilde Villa, mientras toma un café en la cafetería del Congreso Local, donde entró a trabajar hace tres décadas, durante el sexenio del priista, Patricio Chirinos Calero. Recuerda que entró al Palacio Legislativo a laborar justo cuando estaba embarazada de Iván Aurelio, el hijo mayor, del cual hoy ignora a donde fue a parar.

Matilde muestra en su celular, la galería de imágenes inundadas con fotografías de su hijo. Aparece la última foto de cuando fue a comer con Iván Aurelio unas “garnachas” a Rinconada, acompañados de su nuera y su nieto. Iván sonriendo, gorra al revés y posando a la cámara. La fotografía de la madre orgullosa posando con sus tres hijos durante la boda de una prima. Todos vestidos de gala, como una familia feliz que no avizoraba la desgracia; la imagen de Iván Aurelio sonriendo cargando a su hijo y abrazando a su esposa.

En el teléfono hay ya también fotos de Iván Aurelio con ese marco azul o naranja y ese logo espantoso de la FGR que indica que la persona fotografiada se encuentra “desaparecida”. Hay fotos también de Matilde Villa participando en marchas y en protestas con madres de los otros cuatro jóvenes que se los tragó la tierra en Palo Gacho.

“Hay mucho desaseo, poco interés en que nos digan, ¿qué paso con nuestros hijos?. Los dueños del bar Michelucas tardaron semanas en admitir un peritaje de la Fiscalía y cuando este por fin se realizó, concluyeron que las cámaras estaban “descompuestas. Hay dos versiones: Que tuvieron una riña adentro del bar y se los llevó la delincuencia organizada; hay otra versión que señala que camionetas con hombres armados ya los estaban esperando afuera. Los vecinos nunca quisieron hablar por miedo”, expone Matilde.

Los cinco jóvenes desaparecidos eran “vecinos de trabajo” en las cercanías de la colonia El Mirador en Xalapa: Uno era peluquero, el otro mecánico automotriz, uno más trabajaba en un negocio de mofles, otro taxista. Del quinto, poco se sabe. El taxi en el que viajaron al bar, con número económico de Xalapa y con placas XL-4533 aparecería desvalijado en la congregación de Chichicaxtle, a 20 kilómetros de ahí y ya muy cerca del municipio de Puente Nacional.
Curiosamente, en las investigaciones que han hecho los padres de los jóvenes, a través de la sábana de llamada de los teléfonos celulares de sus hijos. La geolocalización de los aparatos conducen hacía esa zona de Puente Nacional y Ciudad Cardel. La Fiscalía no ha podido o no ha querido enfocar sus baterías de búsqueda por esa región.

Cuando el priista, Javier Duarte de Ochoa dejó su gobierno, la cifra de carpetas de investigación abierta por desapariciones marcaba las 3 mil 600 –cientos de ellas desaparición forzada-, cuando el panista, Miguel Ángel Yunes Linares concluyó su bienio, aunque su Fiscal, Jorge Wínckler intentó ocultar la cifra de desaparecidos en el periodo 2016-2018, está a subió a las cuatro mil 200; ahora entrando a la segunda parte del cuarto año del gobierno de la Cuarta Transformación se han elevado las cifras a cuatro mil, 800, de acuerdo con fuentes internas de la Fiscalía. De estas cifras habría que descontar un centenar –en estos últimos cuatro años-, cuyas localizaciones se dieron, pero sin éxito, es decir, el desaparecido fue hallado “sin vida”.
En la campaña del 2018, el entonces candidato presidencial por tercera ocasión, López Obrador prometió que en su sexenio ya no habría “desapariciones”, ni impunidad para los “levantones” que ocurrieron –dijo- en periodos neoliberales.
Incluso, poco antes de sus múltiples cierres de campaña, hubo un peculiar, en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas donde invitó a madres de desaparecidos de todo el país –decenas de ellas de Veracruz- para prometerles que ni perdón, ni olvido en el caso de sus hijos. Al poco tiempo, las palabras, el discurso oficial presidencial, se lo llevo el viento.

Apenas el último día de marzo del 2022, López Obrador envió un “garrafón de agua” para apagar este incendio político y social que es la crisis de desaparecidos en México, pues envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. La cual, apenas se va a discutir en las máximas tribunas del país.

FAMILIA DESQUEBRAJADA…

Con la desaparición de Iván Aurelio, la familia Aguilar Villa quedo desquebrajada. Iván era el mayor de tres hermanos y el más amoroso, dice Matilde. Los otros dos hermanos ahora tienen que ir al psicólogo.
El hijo de Iván, hoy de cinco años, solo ha podido continuar recordando a su padre con los videos que le enseñan de Aurelio en el celular. Videos jugando, videos haciendo tonterías que hacen padre e hijo en la prematura infancia. Las primeras selfies en el seno familiar. El nieto de Matilde también tiene que ir, acompañado de su madre, al psicólogo.
Matilde Villa se tiene que refugiar en el trabajo y en el gimnasio. En éste último desfoga sus desesperaciones y ansiedades. En el Congreso Local al igual que en los últimos 30 años tiene que trabajar con diputados de todos los partidos políticos.
“No me puedo caer, no me puedo desplomar. Sí yo me caigo, ¿Quién va a buscar a mí hijo? Mi hijo, no porque sea mi hijo, pero no andaba en malos pasos; era un joven autosuficiente batallando para salir adelante, seguido me pedía dinero prestado que para unas refacciones, que para tal gasto, yo le echaba la mano… ¿Tú crees que si anduviera chueco crees que tendría la necesidad de pedirme apoyo?” expone Matilde.
En dos años, la madre de Iván Aurelio ha tenido que someterse a dos pruebas de ADN, una a través de la Fiscalía local y otra en la Federal, dependencias que presumen de trabajar de la mano y coordinadamente, pero que en los hechos demuestran lo contrario.

LA EXTRAÑA MUERTE DE LA BRISA

Con un emoticón gris de una calavera y un “tu amigo ya fue”, presuntos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) le avisaron vía WhatsApp a un amigo de Abdiel Ramírez que ya ni buscaran al joven de 19 años, pero tampoco a los otros cuatro pues daba a entender que habían sido privados de la vida. En el avatar de WhatsApp del teléfono de Abdiel se colocaría la fotografía de una joven identificada como “Brisa del Mar”.
Para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), “Brisa del Mar” murió un 14 de septiembre del 2020, junto con los sicarios del CJNG, José Antonio, “El Chupón” y José Omar, “El Greco” en un enfrentamiento en Palma Solas, pues policías solamente repelieron la agresión delincuencial.
Los tres sicarios habían sido liberados tres días antes –de este abatimiento con tintes de ejecución extrajudicial- por un juez regional quien encontró falta de pruebas y violaciones en el procedimiento de detención.
Según la versión de familiares de Brisa del Mar –vendedora de zapatos por catálogo-, ella no fue detenida en flagrancia criminal, sino sacada con lujo de violencia de su casa en Ciudad Cardel en septiembre del 2020, por policías estatales del grupo elite de Hugo Gutiérrez Maldonado.
Una semana después sería presentada ante un juez, menos de 72 horas después liberada, tres días después sería “abatida” por fuerzas policiales. Brisa del Mar era el “eslabón perdido” clave para dar con el paradero de los cinco jóvenes “desaparecidos” en el Michelucas.