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Expediente 2022
Lunes 23 mayo, 2022

Familias enlutadas

Veracruz busca a unos policías. De entrada, pareciera que no tienen nombre ni edad y tampoco rostro ni identificación.
Pero en Actopan, la mitad de la población y la otra mitad, allí donde los presidentes municipales matan a reporteros incómodos, saben y conocen la perversa maldad que los polis hicieron.
Y fue hace nueve años. En el mes de noviembre del año 2013. Javier Duarte, “en la plenitud del pinche poder”, con el asesinato de reporteros y la creación y recreación

Luis Velázquez

de fosas clandestinas. Primera ocasión cuando Veracruz se puso al nivel de América Latina en el tiempo aquel de los dictadores militares desapareciendo a los ciudadanos indeseables.
Entonces, en Actopan, los polis y los policías de la secretaría de Seguridad Pública (Arturo Bermúdez Zurita el jefe máximo) desaparecieron a cinco muchachos.
Si es cierto lo que dicen, el martes 17 de mayo, la Policía Ministerial de la Fiscalía detuvo a un policía. Solo ellos y la Fiscal sabrán su nombre, edad, identidad, ubicación. Pero al mismo tiempo, lo omitieron.
Y lo habrían omitido, quizá, digamos, para la faramalla y acaso, bien pudiera estar comisionado en lo más recóndito de la sierra de Chicontepec y Huayacocotla.
Los polis se llevaron a los cinco muchachos de Actopan. Así nomás. Inventando algún pretexto.
A partir de aquella fecha, noviembre del año 2013, los padres en frenética búsqueda de sus hijos.
Pero con los años encima, años truculentos y adversos, duros y rudos, sombríos y sórdidos, los padres de tres muchachos desistieron.
Era mucho, demasiado, excesivo el desgaste humano, sicológico, existencial, espiritual, emocional, neurológico y del corazón.
¡Vaya dolor y sufrimiento!
Además, cargando en la espalda el desdén y el menosprecio oficial con largas y largas y la venta burda, ramplona, barata y demagógica de esperanzas.
Ahora, todo indica, solo dos madres de familia siguen buscando a sus hijos.
Una, la mamá de José Manuel Hernández Ortiz.
Y la otra, la mamá de Angélica Domínguez.
Ellas, integradas en el Colectivo “Buscando a Nuestros Desaparecidos (as)” y organizando y participando en marchas, plantones, caminatas, reclamando justicia.
Simple y llanamente, justicia, porque los señores policías estatales se llevaron a cinco muchachos sin deberla ni temerla.
Y, bueno, si policías intervinieron en aquel secuestro y desaparición, el delito adquiere otro nombre.
Se llama desaparición forzada.
Y es la resultante de la alianza de políticos, funcionarios públicos, jefes policiacos, policías y carteles y cartelitos, sicarios y pistoleros, malosos y malandros para plagiar y desaparecer personas.
“Un delito de lesa humanidad”.
Además, caray, insólito, para Ripley, cometido en el Estado de Veracruz.
Un delito (ojo, mucho ojo) que nunca, jamás, jamás, jamás, prescribe.
Y, por tanto, la Fiscalía General obligada por derecho divino a seguir rastreando pistas “hasta las últimas consecuencias” como alardean las conciencias.
Cinco familias en Actopan, enlutadas.
Y enlutadas nueve años después de la desaparición de sus hijos de quienes ninguna información han tenido.
El Estado de Derecho que en teoría está para garantizar la seguridad en la vida y los bienes de los ciudadanos.
Más, mucho más, la seguridad en la vida porque los bienes van y vienen… si vuelven, como en la historia bíblica de Job.

TRANSPARENTE HA DE SER LA JUSTICIA

Según el trascendido, la Fiscalía General detuvo a un policía sospechoso de participar en el secuestro de los cinco muchachos en Actopan.
Pero al mismo tiempo, dinamitó la relación institucional y respetuosa de la dignidad humana con los Colectivos, integrados con padres con hijos desaparecidos.
Y la dinamitó cuando el nombre del policía fue omitido. Quizá, quizá, quizá, por la discrecionalidad de la ley, digamos.
Pero cuando han transcurrido nueve años de que los padres siguen buscando a sus hijos, ta’cañón, una grosería, incluso, una bofetada social ocultar los hechos.
Más, luego de la pifia imborrable, memorable y citable de la Fiscalía General con la detención del estudiante del Tecnológico de Xalapa, Antonio de Jesús, acusado en la desesperación social, del asesinato del par de reporteras en Cosoleacaque el nueve de mayo del año que camina.
De momento, nadie sabe dónde está el policía detenido. Tampoco si ya le abrieron un juicio. Si ya tienen identificados a los otros policías estatales secuestradores. Incluso, hasta aliados con los carteles desde aquel entonces.
La identidad del policía, digamos, preso, se pierde en la noche violenta de Veracruz, lejos, mil años luz, “de la noche tibia y callada” de Agustín Lara, El Flaco de Oro.
Justicia, entonces, a medias. Casi casi como el grito festivo de aquella adolescente diciendo a su madre “mamá, mamá, estoy medio embarazada”.
La justicia ha de ser “pronta, rápida y expedita”, pero más aún, transparente. Cien por ciento transparente.


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