Expediente 2011
Duartazo
Luis Velázquez Rivera
29 de enero de 2011

El abogado del Organo Superior de Fiscalización (Orfis), Alberto Uscanga Escobar, ha denunciado en la Procuradurí­a de Justicia, a cargo del litigante Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, a dos ex alcaldes que arañaron el recurso público.
Primero, fue con el ex presidente municipal de Angel R. Cabada, y ahora ha sido con el ex alcalde de Benito Juárez, municipio enclavado en la sierra de Chicontepec, quien ya está detenido.
En la mira también están sus compañeros como el sí­ndico único y el regidor, y el tesorero municipal, quienes al parecer están prófugos.
Según la exclusiva publicada por Notiver, la lista negra asciende a 33 ”˜”˜ex alcaldes rateros”™”™ (dice el titular) por un daño patrimonial de 67 millones de pesos.
Y si el listado se lee con detenimiento se advertirá que se trata de pollos flacos de la polí­tica aldeana en las demarcaciones locales, funcionarios menores, aprendices de polí­ticos, con el primer cargo en su vida en la administración pública.
Y, bueno, los ciudadanos quisiéramos pensar que se trata del inicio de la barredora, pues en caso de quedarse ahí­, en Ayuntamientos indí­genas, serranos, rurales, suburbanos, escondidos en la geografí­a estatal, significará que la aplanadora se está curando en salud, quedándose con el árbol sin mirar el bosque.
Se reconoce que tanto la Comisión Permanente de Vigilancia y la sesión plenaria del Congreso como el Orfis están cumpliendo con su deber, pues para eso mismo el pueblo que paga sus impuestos les está cubriendo salarios, compensaciones, viáticos y gastos de representación.
Pero de acuerdo con una parte de los informes del Orfis al Congreso publicados tanto en Imagen como en Diario del Istmo, ”˜”˜el presunto daño patrimonial”™”™ asciende a más, mucho más, teniendo bajo sospecha a funcionarios Fidelistas de primer nivel, algunos de ellos, incluso, compañeros de gabinete del diputado local, Américo Zúñiga Martí­nez, quien fuera secretario de Trabajo y Previsión Social.
Es más, para no ir tan lejos, el antropólogo Félix Báez Jorge, director del Instituto de Cultura, ha armado un mitote con el manejo del presupuesto en el sexenio anterior, y aun cuando el antecesor, Sergio Villasana Delfí­n, le aclaró paradas, ahora, dado el escándalo mediático, el Orfis y el Congreso le cumplen, y/o todo en caso, quedará bajo sospecha protagónica y mesiánica.

”˜”˜EL TíO”™”™ SUFRIÓ UN INFARTO...

Hace 18 años, con el economista Patricio Chirinos Calero se cometió el último escándalo de pornografí­a polí­tica a costa del erario, cuando Dante Delgado Rannauro, Porfirio Serrano Amador y Gerardo Poo Ulibarri fueron encerrados en el penal de Pacho Viejo.
En aquel entonces, siempre se afirmó que se trataba de una venganza, por un lado, de Chirinos, porque Dante habí­a trabajado la candidatura para Miguel Alemán Velazco, y por el otro, una desavenencia entre Dante y el presidente Ernesto Zedillo.
Antes, el mismo Dante Delgado, envió a las rejas a David Varona Fuentes, quien fuera director de Tránsito de don Fernando Gutiérrez Barrios, en tanto Miguel Alemán Velazco encerró en Pacho Viejo a su director de Comunicación Social, Sabás Huesca, quien purgara una condena.
Y hace 30 años, con otro economista, Agustí­n Acosta Lagunes, José Luis Lobato Campos, director del Instituto de Pensiones de don Rafael Hernández Ochoa, cayó en las mazmorras de Seguridad Pública, como una medida de presión para que el ahora convergente vendiera sus acciones mayoritarias en un periódico a punto de circular en la ciudad de Xalapa.
En ese mismo lapso, Chirinos Calero también aplicó la trituradora a Efrén López Meza, presidente municipal de Veracruz, y quien prófugo de la justicia, el director de Obra Pública y el tesorero municipal quedaron enclaustrados en el penal de Allende.
Fidel Herrera Beltrán nunca quiso mover el tapete a los Alemanistas, quizá por haber vivido la enjundia de José López Portillo remitiendo a la cárcel a varios echeverristas, entre ellos, los veracruzanos Félix Barra Garcí­a (secretario de la Reforma Agraria) y Eugenio Méndez Docurro (secretario de Comunicaciones), en tanto exilió en las Islas Fidji, en Australia, al mismo Luis Echeverrí­a, para calmar su tentación de seguir influyendo en el gobierno federal.
Pero ahora, con Javier Duarte, el desbarajuste administrativo, económico y financiero ha llegado a tanto que el silencio y la complicidad equivaldrí­a a un graví­simo pecado mortal que ni el arzobispado de Xalapa perdonarí­a.
”˜”˜El tí­o”™”™ debió haber sufrido un infarto.

GOBERNABILIDAD BAJO SOSPECHA

La orden de aprehensión contra los primeros 33 ex funcionarios públicos coincide con el anuncio (por segunda ocasión, lo que resulta extraño y raro) del programa de austeridad para ahorrar seis mil millones de pesos.
Pero por favor, todo mundo espera que la elite gobernante del Orfis y del Congreso sean congruentes.
a) Si únicamente para los charales se extienden órdenes de aprehensión, la gobernabilidad estará bajo sospecha.
b) Si los tiburones son perdonados, entonces hablará de encubrimiento.
c) Si la Secretaria de Turismo viaja a España, y si gastamos en el video de Tlacotalpan, y si los secretarios estrenan camionetas blancas, hágase un esfuerzo para pagar, por ejemplo, las miles de becas (miserables) a los niños de las escuelas primarias y secundarias, a quienes desde hace un año se les tienen retenidas.
El único camino para creer en los polí­ticos son los hechos y los resultados, pues en las declaraciones mediáticas ya nadie cree, y más cuando publican la misma foto y hasta el mismo titular en primera plana.