Que corresponsal era María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de 2020 en Papantla.
Y corresponsal Julio Valdivia, asesinado y decapitado el 9 de septiembre del año 2020 en Tezonapa.
Y corresponsal Jacinto Romero Flores, asesinado el 19 de agosto del año 2021 en Ixtaczoquitlán.
En ninguno de los otros 4 crímenes se levantó luego luego, de inmediato, el dedo flamígero y acusador… como ahora.
Unos medios, por ejemplo, publicaron que Joaquín Espinoza Jiménez ya no era reportero…, caray, luego de que durante dos décadas se gastó la suela de los zapatos buscando la información y desgastando la espalda frente a la máquina de escribir y quizá la computadora.
Que era comerciante, cuando, caray, la mitad del mundo y la otra mitad saben que el periodismo es uno de los oficios más mal pagados, y peor, mucho peor, los corresponsales, en tanto hay varios chilpayates que comen todos los días.
Que sembraba la milpa en su parcela, caray, para en todo caso, redondear el ingresito en el tiempo desastroso del COVID y la recesión.
Que fue candidato del ex partido político Podemos a presidente municipal de Río Blanco, cuando, caray, significa una evolución propia de la vida.
Mucha, demasiada, excesiva saña y barbarie, alevosía, ventaja y premeditación, en el crimen del reportero Joaquín Espinoza:
Uno. Secuestrado en su parcela en Río Blanco.
Dos. Desaparecido.
Tres. Degollado y asesinado.
Cuatro. Amarrado de pies y manos.
Y cinco. Arrojado el cadáver en una brecha caminera.
Ha de preguntarse, entonces, si la Fiscal General ya cumplió con la detención de los asesinos físicos e intelectuales de los otro cuatro reporteros ejecutados (una mujer y tres hombres, uno de ellos, decapitado) en el tiempo de la 4T, porque ahora, se agrega un número más.
Así, igual, igualito, inició el sexenio de Javier Duarte y lo terminó con diecinueve reporteros asesinados, más tres desaparecidos, y la mayoría de los familiares aún esperan justicia, simple y llanamente, justicia.
Mal fario para la 4T en Veracruz. Veracruz sigue liderando el asesinato de reporteros, no en el país, tampoco en América Latina, sino en el planeta, a tono, digamos con el duartazgo, cuando el Estado jarocho ascendió como “el peor rincón del mundo para el gremio reporteril”.

NI UN SISMO TUMBA A LA FISCAL GENERAL

Por fortuna, los cimientos del palacio de Justicia en Xalapa son muy fuertes, resistentes y poderosos que ni un sismo lo tumba.
Por ejemplo:
Seguimos en uno de los primeros lugares nacionales en feminicidios.
Y en el primer lugar nacional en secuestros.
Extorsiones.
En el crimen de la comunidad sexual.
El asesinato de políticos, como los últimos dos, y de la izquierda, en Córdoba, a finales del mes de agosto. Grodet Ríos Andrade, líder del PT, y José Escamilla Aguilera, regidor electo de MORENA.
El crimen de 44 (cuarenta y cuatro) menores.
Etecé. Etecé.
Y, sin embargo, la mayor parte de homicidios en la impunidad.
Y la Fiscal General, caray, se mantiene en el cargo, pues, de seguro, “tendrán otros datos” mientras el día y la noche de Veracruz se han vuelto más salvajes que nunca.

PLENITUD DE ASESINOS FÍSICOS E INTELECTUALES

Para Ripley, entonces:
Un ciudadano de a pie (de la clase media media, media baja, baja) es secuestrado, desaparecido y asesinado.
Y los días y las noches y las semanas y los meses y hasta los años transcurren, sin dejar huella.
Los asesinos físicos e intelectuales viviendo a plenitud la incapacidad oficial para detenerlos y llevarlos a un proceso penal.
Y en el otro lado del palenque público, los políticos dándose furibundos “golpes de pecho” de que todo está bien y de que tienen identificados a los asesinos y de que pronto caerán y de que harán justicia, pronta, rápida y expedita.
Tal cual, los meses y los años se van ensortijando y la misma cantaleta se repite… como una ofensa, una humillación, un desdén, un menosprecio, una indiferencia, una apatía del lado oficial.
Un reportero y otro y otro y otro y otro (cinco en total) asesinados en el sexenio de la 4T.
Nadie, claro, los declara culpables, pero mientras “son peras o manzanas”, son responsables.
Más si se considera el apostolado social número uno del Estado de Derecho y que consiste en garantizar la seguridad en la vida y en los bienes.
Jorge Celestino Ruiz, María Elena Ferral, Julio Valdivia, Jacinto Romero y Jacinto Espinoza son el quinteto de trabajadores de la información ejecutados.
Sus hijos, huérfanos. Sus parejas, viudas. Sus padres ancianos, de seguro quedados a la deriva económica y social.