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Lunes 22 marzo, 2021

Ley Garrote, ley Bozal, ley Mordaza

Reformas al Código Penal son "una camisa de fuerza" a la población porque hace trizas la libertad de expresión y que otra es la libertad de prensa
•Cometida la pifia, la bancada de MORENA en la LXV Legislatura utilizó a diputados opositores para "lavarse las manos" y asegurar que el error será enmendado
•Ocurrencia suprema, Gonzalo Guízar canturreó que omitieron "leer la letra chiquita" cuando en cualquier contrato es lo primero que ha de revisarse con lupa


Luis Velázquez/Foto de Yerania Rolón

Mucho antes de nacer, y cuando apenas, apenitas, uno que otro diputado incómodo imaginaba su arquitectura social le pusieron nombre.
Unos, la llamaron Ley Garrote.
Otros, Ley Bozal.
Otros más, Ley Mordaza.

  • Érika Ayala. Más Papista que el Papa

Unos cuantos, Ley Cubre-bocas, trepándose quizá en el COVID.
Ley Zíper, "Camisa de fuerza" a la población porque hace polvo la más sagrada de las garantías constitucionales como es el ejercicio de la libertad.
El caso es que cuando las reformas al Código Penal prohibiendo ofender, zaherir, lastimar, agredir, golpear, vejar, humillar y pitorrearse de un policía bajo la advertencia del arresto y hasta cárcel de dos a seis años, ya eran famosas.
Y como sucede con los apodos, el sobrenombre ganó a la razón legal.
Una que otra ONG reprodujeron la leyenda bíblica en las paredes de la Universidad de Nanterre en el movimiento estudiantil del 68 en Francia: "Prohibido Prohibir".
A toro pasado, la efervescencia social.
La mayoría de diputados locales votaron a favor como si se tratara del legado jurídico y penal, incluso, más grande de la LXV Legislatura.
Luego, y ante el fuego volcánico popular la bancada de MORENA en el Congreso local, mayoría que es, utilizó a la diputada priista, Érika Ayala (dueña de una compañía constructora con sus hermanos, perpetua dirigente sindical del Colegio de Bachilleres, priista guinda y marrón) para anunciar en medio de la tempestad huracanada que la ley, ajá, será revisada... para ver, entre otras cositas, si la ablandan.
Pero como reza el dicho popular, "palo dado ni Dios lo quita".
Con todo, una organización de abogados y maestros de la Facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana convocaron a rueda de prensa para declarar (a destiempo, claro) que la ley es anticonstitucional y significa un atentado, no a la libertad de prensa, sino a la libertad de expresión, de expresión ciudadana.
Incluso, la ONG Artículo 19 pidió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Namiko Matzumoto, tía política del priista Éric Lagos, secretario General de Gobierno de Javier Duarte) pronunciarse en contra de las reformas al Código Penal.
Y por tanto, abandone su silencio para promover, entre todos, recursos legales que permitan echar abajo, descarrilar, tumbar, la Ley Garrote cuya esencia es "amarrarse la lengua" como describe el Eclesiastés.
Todo, cuando habían transcurrido 9 días de que la Gaceta Oficial publicara el decreto número 848 avalando las reformas, entre ellas, la cárcel para quienes cometan el gravísimo delito de ultrajes a la autoridad.
Como por ejemplo, y entre otras variantes, el caso del perredista Rogelio Franco Castán, encarcelado en el penal de Pacho Viejo por agravios a un policía en Tuxpan a quien le rompiera una playerita de 325 pesos, pero mucho peor aún, de inmediato, luego luego, le originara daño sicológico y moral.

NARCISA MENDOZA DEL CONGRESO
¡Ay, Érika Ayala!
El niño ahogado, la diputada Érika Ayala se convirtió en la Narcisa Mendoza, la Pípila, de sus colegas.
Aceptó, por ejemplo, que en las reformas al Código Penal "hay vacíos" y que por ahora, trabajan duro, tupido y rudo, para taparlos.
Está "güeno".
Pero de inmediato un auxiliar le llevó una palangana con agua purificada y un jabón para lavarse las manos como el histórico Poncio Pilatos y decir, entre otras cositas, que el Congreso cumple con la población aprobando leyes... pero corresponde al Poder Judicial interpretar las normas.
Ajá.
Un maestro en la facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana empezaba su curso de la siguiente manera: "Desde el Imperio Romano, el Derecho Penal es el brazo ejecutor del Estado.
Y a la Fiscalía General (antes Procuraduría de Justicia) corresponde encarcelar a las personas y personajes incómodos porque está claro que las personas cómodas (las sumisas, las vasallas, las castradas, las, digamos, institucionales) nunca pisan la cárcel".

AQUELLA INTENTONA DE PONER BOZAL A DIPUTADOS
Antes, mucho antes, la LXV Legislatura quiso otra intentona de poner bozal a los diputados contestatarios.
Fue cuando lanzaron la iniciativa para prohibir a los diputados insumisos evidenciar, cuestionar, injuriar, exhibir a sus compañeros, en aquel entonces, el caso del diputado de MORENA, Magdaleno Rosales Torres.
Entonces, muchos legisladores se opusieron porque significaba que ellos mismos se pondrían un bozal.
Y segundo, volverse unos vasallos de la mayoría legislativa en el Congreso y en manos de MORENA.
Y tercero, porque implicaba silenciar a todos, sin excepción, perfilando una imagen equivocada de que los cincuenta "Conscriptos de la patria" (así les llamaban en la antigua Roma) habitaban el reino de la concordia y la fraternidad solidaria de las neuronas, los corazones y los hígados.
Aquella Ley Bozal fue debut y despedida.
Es decir, que en la esencia pura, en la filosofía política y social de la 4T está imponer un zíper a los ciudadanos incómodos.
Lo más canijo es que los diputados opositores (PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, anexos y conexos) levantaran el dedo aprobando las iniciativas y reformas de ley... así atenten contra la más alta garantía constitucional como es la libertad humana.

GANARSE LA CONFIANZA CIUDADANA
Punto número uno:
Si el gobierno del Estado tiene el sueño y la utopía legítima de que la población electoral respete a las corporaciones policiacas, entonces, simple y llanamente, que trabajen con eficiencia y eficacia para, y de entrada, frenar el tiradero de cadáveres y de impunidad y el creciente, imparable y descarrilado feminicidio.
Punto número dos:
Si la 4T convertida en gobierno sexenal en Veracruz abriga la legítima aspiración de que los policías inspiren confianza ciudadana, entonces, que se la ganen con hechos y resultados concretos, específicos y macizos, en un Veracruz primer lugar nacional en secuestros y feminicidios.
Punto número tres:
Nunca, jamás, un pueblo respeta por decreto y órdenes superiores al gabinete legal y ampliado del Estado ni tampoco a las corporaciones policiacas.
Bastaría referir que de acuerdo con la encuesta de Latinobarómetro, los policías, los políticos y los reporteros están en el sótano de la credibilidad pública.
El respeto y la confianza ciudadana se ganan...
¡Vaya diputados locales imponiendo reformas penales!
Y así, muchos pretenden reelegirse o brincar al cargo público siguiente como es la presidencia municipal, o de plano, el Congreso de la Unión.


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