De la mano de su presidenta, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, el Instituto Veracruzano del Acceso a la Información (IVAI) se ha vuelto en la principal tapadera de Juan Javier Gómez Cazarín, alias “El Carón”, para las tropelías que está cometiendo en el Congreso Local, al amparo del poder absoluto, y temporal, que ostenta.

Ejemplos, muchos, pero de entrada, el IVAI acaba de decretar, así, de un plumazo, que en el Congreso Local, el señor Gómez Cazarín no tiene asesores.

Menos, mucho menos, sus colegas diputados de MORENA ni los demás legisladores.

Aunque legislatura con legislatura, el Congreso es una agencia de colocación de ahijados, parientes, operadores, incluso, noviecitas, en los puestos de asesores para cobrar jugosas sumas de recursos públicos, en la presente legislatura resulta que los legisladores, por arte de magia, ya no los tienen.

Y no se puede negar que haya escándalos de corrupción dentro de ese organismo legislativo, solo con recordar el escándalo, la guerra de lodo que se lanzaron diputados líderes de MORENA, y el mismo Cazarín, contra Maleno Rosales, luego de que se descubriera que éste tenía a sus parientes en nómina, precisamente, cobrando en puestos clave para los que no estaban calificados.

Y es que un particular, mediante la solicitud 01351019, dirigida al Poder Legislativo, solicitó: "Para cada uno de los diputados locales que integran la presente legislatura, deseo saber los nombres de las personas que tienen contratadas como asesores, nombres completos, salarios en bruto y neto, así como prestaciones".

A mediados de mayo del 2019, por medio del oficio UTAICEV/01351019/220/2019, el Congreso indicó que no contaba con este tipo de empleados asignados a los legisladores, ni a los de MORENA, menos a los opositores.

"Me permito hacer de su conocimiento que de acuerdo de los registros que obran en el departamento a mi cargo, actualmente el puesto de asesor no es ocupado por ningún trabajador de contrasto adscrito a las oficinas de esta soberanía", dice el oficio rubricado por Miguel Ángel García Alarcón, Jefe del Departamento de Personal.

Para finales del mismo mes, el solicitante presentó Recurso se Revisión (RR) ante el IVAI para exponer sus agravios por la repuesta del Congreso, al tratar de ocultar los nombres, salarios y papel de cada uno de los asesores que hay en esa legislatura.

Por los escándalos del IVAI, que derivaron en temas de rezago, el encarcelamiento de su ex titular, Yolli García, la crisis del COVID-19, y la posterior imposición de Naldy Rodríguez desde la oficina de su aún jefe máximo, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, este asunto fue resuelto a mediados de febrero del 2021.

Se le asignó el expediente IVAI/RE/V/2592/2019/I, cuya comisionada ponente fue Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, resolvió en favor a Juan Javier Gómez Cazarín, decretando que el Congreso no había violentado los derechos del ciudadano.

En todo el estudio que hace Naldy Patricia Rodríguez no hay una sola parte en donde ordene una búsqueda exhaustiva de la información en comento, dando por buena, sin cumplir con los principios de máxima publicidad para este tema, más cuando se trata de información pública.

Como si desconociera del tema, Naldy Patricia Rodríguez y el resto de los comisionados, que también le deben la chamba a Gómez Cazarín (“El carón”) y a Éric Cisneros, se pasan los principios de transparencia por el arco del triunfo con tal de no darle dolores de cabeza al “Carón”.

En la ampliación de la información, dentro del proceso de sustanciación del Recurso de Revisión, el Congreso reconoce que sí hay sólo cuatro asesores, pero son de planta, y envía una liga de internet en la que supuestamente se pueden consultar sus datos, la cual, al momento de abrirla, aparece deshabilitada. Todo esto fue avalado por la extitular de Acceso a la Información de Éric Patrocinio Cisneros.

Así, si se pensaba que el IVAI estuvo en su peor etapa en manos de Rafaela López Salas, ahora llega Naldy Patricia Rodríguez, empleada de Cisneros Burgos y subordinada a “El carón”, para demostrar que ese instituto no está para velar por los intereses ciudadanos, sino de proteger lo más posible a los Sujetos Obligados de la Cuarta Transformación.

Y si de corrupción se trata, ahora mismo el Congreso Local es torpedeado por una auditoría realizada por la ASF en la que encontraron un agujero 118 millones de pesos en las finanzas de la cuenta pública 2018, donde el señor Juan Javier Gómez Cazarín tiene mucho que aclarar, mientras sus subordinados en el IVAI se erigen en dirigentes gatos pendientes de su gran cajón de arena.