la presencia de más de una decena de “cocinas”, una idea que se va instalando en el imaginario del colectivo que ha escalado cerros y recorrido predios urbanos en el norte de la entidad.

Las “cocinas” son una forma perfeccionada de desaparición que lleva al extremo de volver prácticamente imposible la identificación de una persona. La práctica que hace destacar a la zona norte de Veracruz en un estado plagado de fosas y desaparecidos estaría condicionada a la producción petrolera de la zona, infiere Miguel Ángel Trujillo Herrera: entre los cientos de pozos petroleros y mechones que flamean en medio del espesor de la vegetación de los cerros, desde tambos también rugían las llamas de las “cocinas humanas”, como se denomina a la práctica en la que las personas eran destrozadas, metidas en contenedores de metal de 200 litros de capacidad, acomodadas en el interior como en un emparrillado y disueltas en químicos o combustible, que hasta el momento los buscadores no han podido precisar. La eficacia es tal, que no quedan ni huesos o terminan sumamente dañados.

Mientras el eje de búsqueda en campo trabajaba con resguardo de la Guardia Nacional o Policía Federal, Miguel y otros buscadores se iban de avanzada, sin seguridad, a explorar otros puntos. De 30 sitios, Miguel revisó 12 y comprobó que tenían indicios de ser “cocinas”. A veces quedaba el rastro de los tambos abandonados que ni siquiera los vendedores de chatarra se atrevían a llevar, en otras, sólo el testimonio de pobladores o de algún informante anónimo que aseguró haber visto o participado, como la hermana de un presunto “cocinero” que les daba información por mensaje.

En la congregación de El Aguacate, al sur de Papantla, un día empezaron a desaparecer los tambos que usaban para echar la basura, contó un poblador a Mario Vergara. Al poco tiempo los encontraron arriba, en los cerros.

El colectivo María Herrera se resistía a creerlo. Por medio de un taxista Maricel fue contactada con una persona que se autodenominó “cocinero”. Primero le dijo que no sabía de su hijo y el grupo de amigos con el que desapareció en 2011, porque no se los llevaron a él. La última vez que se entrevistaron, en 2016, a cinco años de búsqueda, la citaron en el parque de Papantla y le pidieron 5 mil pesos.

—Me dijeron: usted ya nunca va a encontrar a su hijo. Ya no lo busque, porque su hijo fue “cocinado”. —Fue la última vez que pagó por información—. Fue algo muy duro para mí, pero al final yo pensé que sólo había sido por el dinero, que eso —las “cocinas”— no era, no eran verdad, me negué a creer eso. Claro que, ahora cuando viene la Brigada andamos en la búsqueda y vamos descubriendo esto, no te puedes imaginar lo que sentí. Darme cuenta que es muy difícil que nosotros encontremos a nuestros hijos.

Ella transmite la desesperanza que exhala el colectivo los últimos días de actividad en campo. Concuerda que con la Brigada confirmaron algo a lo que se resistían, que arañaban como una cruel mentira para desanimarlas. Ahora lo califica como una barbarie.

En el informe final, la Quinta Brigada hace pública la situación de las “cocinas” en el norte de Veracruz y exige a la Fiscalía que investigue. Por otras vías también darían a conocer el contubernio entre las autoridades y el crimen y que las “cocinas” eran del conocimiento de las autoridades federales, sin que hubieran hecho algo al respecto.

Lo sabían desde 2011, cuando Felipe Calderón Hinojosa era Presidente de México, quien implementó la estrategia que se conocería como la “Guerra contra el Narcotráfico” cuando México tenía los índices más bajos de homicidio doloso.

La clave está en el documento que nos entregan para documentar esta omisión: la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIARV/073/2011 que incluye una declaración realizada el 31 de agosto de ese año por Karim M. C., detenido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y presentado ante la Unidad Especializada en Investigación de Asaltos y Robo de Vehículos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El comunicado de prensa 279/2011 de la SEMAR, entre 80 detenidos, menciona a Karim como “jefe de plaza” e incluye a seis policías vinculados con delitos como secuestro y homicidio según las averiguaciones previas PGR/VER/VER/V/467/2011 y PGR/SIEDO/UEIDE/570/2011. La nota señala que desmantelaron una red de telecomunicaciones digitales encriptada operada por Los Zetas en el norte de Veracruz.

En la declaración ante la SIEDO, Karim dijo que trabajó como policía intermunicipal en Poza Rica entre 1996 y 2007, pero renunció. En 2010 ingresó a las filas de Los Zetas hasta escalar a “jefe de plaza”. A lo largo de las hojas flanqueadas por las huellas y firma del compareciente y de sellos oficiales, Karim explicó no sólo la forma en la que operaba la organización delictiva, sino que reiteró la colusión de Los Zetas con la Policía Intermunicipal del norte de Veracruz, la Policía Ministerial y la Policial Federal.

En la hoja foliada con el número 607 relató que mensualmente entregaba 386 mil pesos a la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla y que por esa razón no eran molestados cuando circulaban por la zona. El dinero para la nómina de la policía se obtenía de la extorsión o “cobro de piso” a vendedores de piratería, actividad por la que ingresaban 500 mil pesos al mes. También habló de otros negocios como el trasiego de combustible.

A Karim lo detuvieron en poder de una licencia de conducir apócrifa que, aclararía después, compró por 2 mil pesos en la oficina de Tránsito de Poza Rica con una persona que se dedicaba a emitir identificaciones falsas.

—Es cuestión investigar a los elementos de las corporaciones policiacas —expuso.

Pero además de aludir al contubernio, lo más destacable fue que desde entonces otorgó indicios de la existencia de las “cocinas”. Al final de la declaración adjuntaron capturas de Google Maps en las que el detenido señaló con un círculo dónde se cometían esos actos.

—Es el punto aproximado donde ocupaban de cocina, donde cocinaban a la gente los sicarios de la organización delictiva los “ZETAS —se lee con letra de molde al pie de una imagen georreferenciada.

En al menos dos ranchos entre Poza Rica y Cazones, “El Palmito” y el “Del Abuelo”, se “cocinaban” personas, tanto a quienes consideraban “rivales” como a víctimas de secuestro. De acuerdo con la declaración, la entrada del primer rancho está cerca de donde se instalaban retenes militares. Ahí, tras un portón falso del que tenían la llave del candado, a un kilómetro de la carretera, el declarante contó a las autoridades haber visto cómo sus compañeros se internaban con dos personas y dos tambos metálicos de doscientos litros, donde, aclara, “cocinaban” a la gente. Cuatro horas después volvieron sin aquellos dos pasajeros, pero ignoraba qué hacían con los cuerpos.

Desde aquella declaración fechada en agosto de 2011, las autoridades federales mexicanas tuvieron indicios de que en el norte de Veracruz se cometía la práctica de “cocinar” a personas privadas de su libertad, además del activo contubernio entre instituciones policíacas y crimen organizado. Pese a la entrega de nombres de ranchos y ubicaciones en mapas de Google, lo que ya se hacía nueve años atrás, nunca se reveló. Fue hasta que la Quinta Brigada buscó en la región y que la reiterada presencia de tambos, pero no de restos humanos, y de testimonios de vecinos que escucharon gritos o vieron el baile del fuego entre el espeso follaje que no correspondía a un mechón de Pemex, como la realidad de las “cocinas” cobró fuerza. La desaparición por combustión sería la respuesta a la falta de hallazgos sólidos durante las búsquedas en campo durante casi dos semanas, pero también significaría la reducción de las esperanzas darle paz a una familia.

El colectivo María Herrera coincide en el contubernio entre la Policía Intermunicipal y Tránsito con los delincuentes. En algunos casos, por detener y entregar personas; en otros, al permitir operar impunemente a los grupos criminales. Miguel Ángel Trujillo, después de averiguar que los teléfonos de sus hermanos mostraron actividad en donde operaba la Intermunicipal, concluyó que ahí los lastimaban y luego los entregaban a Los Zetas. Autoridades cómplices, de cualquier forma.

—Ahí son puras cocinas en Poza Rica —comenta Yadira, para quien los resultados son dolorosos. No es que no dieran con puntos positivos, sino que por esa razón no encontraron restos—. Encontramos las cenizas, encontramos la tierra manchada, desgraciadamente la gente fue ahí ultrajada de esa manera. Ya no vamos a encontrar sus restos.

—Yo siento que ya no lo voy a encontrar nunca —lamenta Maricel.

Ángel Raymundo Castro Ortiz desapareció el 16 de marzo 2015 con 19 años de edad. Grabaría un disco de rap en la capital del país al regresar de vacaciones. Fue a Papantla a ver a su novia, explica su madre, María de los Ángeles Ortiz. El muchacho viajó en taxi colectivo de Papantla a Poza Rica. Ahí se esfumó el rastro. Apenas llegó al sitio de taxis en Poza Rica, habría sido detenido por la Policía Intermunicipal, tres meses antes de que la corporación fuera desmantelada.

Lo que empezó con ánimo, para María colapsó de dolor al descubrir tantas “cocinas” donde deshacían cuerpos sin dejar rastro. Eso la lleva a pensar que no encontrarán a sus desaparecidos y también a reflexionar por qué tanta inhumanidad. Que si ya los asesinaban, por qué debían desaparecerlos; que los hubieran dejado expuestos para tener un lugar donde llorarles, insiste. Porque cuando se pierde un ser amado, sólo queda la opción de llorar cuando se va a estos sitios, cuando salen a buscar porque no tienen idea de dónde quedaron.

—Realmente eso es un dolor muy, muy grande. Con eso siente uno que muere más, que de por sí una está muerta en vida. —María no puede aguantar el dolor al dimensionar el descubrimiento que hace la Quinta Brigada en el norte de Veracruz. Para ella, las “cocinas” del contubernio y ocultamiento del Gobierno son desesperanza y una estocada al corazón. Entonces, se rompe. Porque todo esto—: ahorita, es como si te hubieran echado la última palada de tierra.