una consecuencia lógica de su propia naturaleza. Solo la ley y la moral, pueden establecer lí­mites a la conducta de los seres humanos que viven en una sociedad organizada y en una época y lugar determinados; así­ describe a la libertad el jurisconsulto Rafael De Pina.
De Pina Vara, habla de un conjunto de libertades individuales y colectivas, reconocidas por el Estado mexicano, que van de la mano con los derechos humanos y el conjunto de aspiraciones de todo individuo que forma parte del conglomerado social, que no pueden ser renunciables ni excluidas de la observancia de la ley. De ahí­ que la privación de la libertad corporal, de conformidad con el nuevo sistema de derecho penal vigente en nuestro paí­s, únicamente impone la prision, en los términos y condiciones establecidos por el artí­culo 20 constitucional.
El decreto aprobado por el congreso, que autoriza al ejército a realizar funciones de seguridad pública, fue resuelto en favor de la propuesta presidencial, debido a que los í­ndices de criminalidad van en aumento y la Guardia Nacional ha resultado insuficiente para combatir a las bandas criminales. Esto constituye un reconocimiento al trabajo que los militares vení­an realizando desde las dos administraciones anteriores, encabezadas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Sin embargo la efectividad de las operaciones tácticas de la SEDENA, como en el caso de la detención de El Marro, corren el riesgo de anularse cuando los delincuentes recuperan su libertad, bajo el más socorrido pretexto, que constituye una violación al debido proceso legal, sin importar que se detenga a los infractores de la ley en flagrancia, pues pueden más los tecnicismos legaloides, que la justicia en el más amplio sentido.
El Titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, ha pedido públicamente al Poder Judicial y a las fiscalí­as locales y la Federal, “que valoren el riesgo” al que se exponen los elementos de las fuerzas federales en la persecución de los delincuentes, para que no fracase o resulte infructuoso el trabajo de las fuerzas armadas.
El pueblo exige que no se anulen las acciones militares contra la delincuencia, por la corrupción de jueces y magistrados. La respuesta la tiene la SCJN.