Los rostros de los pendones y lonas son caras sonrientes, jóvenes con gorras y ropa deportivas, señoritas en modo selfie o recortadas de una foto familiar. Fotografí­as extraí­das lo mismo del último cumpleaños, que de la fiesta de graduación y en el peor de los casos, la última que el hoy desaparecido trepó a su Facebook.
“Aquí­ fueron los quince años de mi hijo. Aquí­ mi mundo era color de rosa”, rompe en llanto, Alicia Gallegos, madre de Nathan Jesús Hernández Gallegos, joven de 22 años secuestrado en el norte de Veracruz en febrero del 2018, entidad del Golfo de México que, de acuerdo con cifras no oficiales, sino recabadas por Colectivos de Desaparecidos tiene documentadas más de 230 desapariciones en el último lustro, tan solo en los municipios de Papantla, Coatzintla, Poza Rica y Tuxpan. En la mayorí­a de estos casos se presume -por omisión o complicidad- la participación de fuerzas policiacas municipales y estatales.
“Hubiera preferido que me secuestraran a mí­. Que me llevaran y me mataran, porque hoy me han dejado vací­a, casi muerta”, continúa la madre de Nathan Jesús. Feligreses observan atentos el testimonio de una madre que lleva dos años buscando a su hijo por todo el paí­s.
Ojos llorosos en integrantes de la quinta brigada nacional, Juan Carlos Trujillo, uno de los lí­deres de la Brigada Nacional y quien tiene desaparecidos a cuatro de sus hermanos, abraza a Alicia y la saca tantito de la iglesia para que tome aire fresco y recupere un poco la tonalidad de su piel, pues ante el tono desgarrador se ha puesto pálida.
“Yo ya no busco justicia, solo buscó a mi hijo, Nathan te necesito”, exclama Gallegos antes de salir de la iglesia. Una hora y media antes, más de 200 personas han salido a marchar desde el zócalo de Coatzintla hací­a las calles del pueblo para visibilizar entre la sociedad, la emergencia nacional que son los desaparecidos del paí­s.
Coatzintla, es un pueblo ubicado en la región del Totonacapan, sitio de tránsito montañoso en donde han sido frecuentes los levantones y enfrentamientos entre células del crimen organizado. Nativo de esta ciudad es Raúl Hernández Barrón “El Flander 1”, exmilitar desertor de la Secretarí­a de la Defensa Nacional en 1999 y fundador de la organización delincuencial de Los Zetas. El Flander fue aprehendido en marzo del 2008, precisamente en esta pequeña ciudad del norte de Veracruz, acusado de ser uno de los autores materiales del asesinato del cantante Valentí­n Elizalde.
Actualmente, en Coatzintla y en otros municipios de la región hay una pugna triple entre Zetas Vieja Escuela, Cártel de Jalisco Nueva Generación y El Cártel del Golfo por el control de las actividades ilí­citas, que ya no solo incluye el tráfico de drogas, sino la trata de personas, la extorsión y el cobro de secuestros y el derecho de piso.
Aquí­ en esta tierra de asentamiento de Los Zetas, marchan 300 familiares de personas desaparecidas en 22 entidades del paí­s, personas consideradas por el estado mexicano como “ví­ctimas” y que son una muestra representativa de los más de 60 mil desaparecidos en la última década en nuestro paí­s.
Desfilan en el contingente de familiares de desaparecidos, ví­ctimas de la violencia en Culiacán, Tijuana, Chihuahua, Veracruz o de entidades cuyo tsunami de violencia es incipiente como Puebla y Oaxaca.
Son integrantes de 73 colectivos de desaparecidos en México, quienes desde el pasado 5 de febrero y hasta el próximo dí­a 21 se encuentran en territorio veracruzano haciendo búsquedas en vida de sus seres queridos, pero también en fosas clandestinas. Los resultados hasta ahora han sido magros, apenas dos hallazgos tenues de restos óseos en el municipio de Coyutla y en una congregación de Poza Rica. Ello, pese a que se reportan al menos 200 desapariciones ocurridas durante el sexenio del priista, Javier Duarte y el bienio del panista, Miguel íngel Yunes Linares.
Marí­a Herrera Magdaleno, quien busca a cuatro de sus hijos, Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo -ví­ctimas de desaparición forzada en Guerrero (2008) y en Veracruz (2010), asegura que hoy le apuestan también a la sensibilización de la sociedad y por qué no -dice- al cobijo de la Iglesia, pues el estado, los ha dejado solos, pues el apoyo -insiste- solo se ve en el discurso.
“El presidente López Obrador habla muy bonito de dar solución a los desaparecidos, pero la realidad es otra, no hay avances, no hay búsqueda y se nos regatea el recurso”, expone Herrera en entrevista.
Incluso, pone de ejemplo, que hubo un voto de confianza al Secretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas quien el año pasado “agarro pico y pala” y salió con los colectivos de desaparecidos a trabajo de campo en fosas clandestinas. Sin embargo -lamenta Herrera- “nunca más se volvió a parar por aquí­, supongo debe de andar muy ocupado”.
Al menos en esta quinta brigada, la Diócesis de Papantla los ha cobijado en municipios como Papantla, Coyutla, Coatzintla, Poza Rica, Misantla y en los puntos que faltan por visitar.
En el caso de Marí­a Herrera, sus hijos Salvador y Raúl fueron “levantados” en el 2008 en Huitzuco, Guerrero; dos años después, Armando y Gustavo “desaparecieron” en un trayecto de Poza Rica a Vega de Alatorre en el norte de la entidad, otros dos de sus hijos, fueron “detenidos” en un retén por elementos de la Policí­a Intermunicipal, han pasado once y nueve años en ambas desapariciones y ningún presidente de la república, ni gobernador de Guerrero o Veracruz ha podido dar informes concretos de que paso con sus hijos, quienes se dedicaban al comercio en la modalidad de compra y venta de plata.
Y aquí­ en el contingente, mientras marchas en calles y colonias que han sido laceradas por la violencia, familiares de desaparecidos y prensa local comentan los últimos dos casos de ausencias en la región: Antonio Raúl Hernández Reyes, moreno de 1.55 de estatura y ojos café, desapareció el 6 de febrero del 2020; apenas el 19 de diciembre pasado desapareció Ana Karen Rodrí­guez López de 24 años, tez morena clara y pelo ondulado, ambos jóvenes en el municipio de Coatzintla. Estás dos desapariciones han pasado inadvertidas para el gobierno de Veracruz, cuya polémica y presión radican en los 17 desaparecidos de Ixtaczoquitlán ocurridas en el 2019 y los 10 desaparecidos de Playa Vicente en los últimos dí­as de enero.