organización estatal.
El Estado Mexicano tiene todo, desde que adquirió la forma republicana, representativa, democrática y federal, en su conformación en 1824 con la promulgación de la primera Constitución que consolida el triunfo de la Independencia; y en ella, estableció la obligación de los mexicanos para contribuir al gasto público.
De la misma manera, en la Segunda Transformación de México, también se incluyó en la Constitución Polí­tica de corte liberal y progresista promulgada en 1857, que mientras el Estado debe garantizar la tranquilidad y La Paz, que permiten el ejercicio del poder soberano del pueblo para su bienestar y desarrollo, éste debe contribuir al gasto que representa la función pública.
Si aceptamos la idea del Presidente López Obrador, de dar por concluida la Tercera Transformación del paí­s que se inició en el Constituyente de Querétaro de 1917, y así­ dejar sentadas las bases de la Cuarta Transformación, no hay que pasar por alto que la Constitución del 17 que hoy nos rige, en el artí­culo 31 Fracción IV, establece como obligación de los mexicanos “contribuir para los gastos públicos, de la Federación, Estados y Municipios en que se resida; de la manera proporcional y equitativa como lo dispongan las leyes”.
Y esos principios de proporcionalidad, equidad y legalidad, no han sido aplicados con el criterio de una Justicia Fiscal Distributiva, propiciando el enriquecimiento de unos cuantos y el empobrecimiento de la mayorí­a; lo que no se justifica en un régimen donde el Estado tiene la propiedad originaria de las tierras y aguas nacionales; la potestad de expropiación por causa de utilidad pública y el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público; el Estado cuenta con las herramientas que sean necesarias para redistribuir la riqueza nacional.
Es por ello que limitando la voracidad de “los dueños de México” y protegiendo a las clases sociales marginadas, para que accedan a mejores empleos, educación, vivienda y mayores ingresos, el desarrollo de los niños y jóvenes estará garantizado. Solo falta para la construcción de la Cuarta Transformación del paí­s, una nueva Constitución Polí­tica que garantice su estabilidad y desarrollo.