Sin embargo, el secuestro sigue siendo la piedra en el zapato para el mandatario emanado de las filas de MORENA.
Así­, analizando las cifras históricas de secuestro en 20 años se tiene que el de Cuitláhuac Garcí­a Jiménez ha sido al que le ha tocado la peor parte en la evolución delincuencia en la entidad.
Estos datos dicen, por ejemplo, que con Miguel Alemán Velasco apenas hubo unos 50 casos en su sexenio, muy recordado y sonado, por ejemplo, el del hijo del doctor Mauro Loyo, el más prolongado en la historia de Veracruz, en lograr rescatar sana y salva a la ví­ctima.
Luego vino el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, en donde se dio el ingreso del cártel de Los Zetas, aplicando cobro de piso, sicariato y venta de droga al menudeo en las principales ciudades de Veracruz.
En su gobierno, se recuerda, por ejemplo, el secuestro de Óscar Lobo, el de la mesa que más aplauda, donde incluso los responsables terminaron muertos en el expenal Ignacio Allende, tras caer de la litera o suicidarse.
Al sexenio de Fidel Herrera siempre lo acompañó el estigma de que se maquillaban las cifras de secuestro, pues el año con más casos fue el 2010, en plena guerra de los Zetas con el Cártel de Sinaloa, y únicamente se reportaron 17 eventos, y en lo increí­ble, en el 2009 el gobierno de Veracruz reportó 0 casos de secuestros.
De hecho se comentaba en los espacios polí­ticos y los cafés polacos que desde alguna zona oscura del gobierno se decidí­a quien sí­ y quien no era secuestrado y que una llamada de un conocido personaje era suficiente para liberar a una persona que habí­a sido llevada por equivocación.
En ese gobierno, incluso, se llegó delinear que se establecerí­a un fondo oficial para pagar los rescates y disminuir al máximo el número de eventos fatales.
Y llega el de Javier Duarte de Ochoa, donde las cifras de secuestro se comienzan a disparar, el peor año fue el 2014, en la batalla con todo entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación contra los Zetas, y la escisión de ese cártel, para dar paso a otras organizaciones en norte y sur del estado, que usaron el secuestro de notables para capitalizarse.
En el de Duarte se da la aparición de las fosas clandestinas de gran magnitud conteniendo en su mayorí­a cadáveres de ví­ctimas de secuestro, la primera de su categorí­a, la del Rancho El Diamante, en Tres Valles, en 2014, delito que hasta ahora permanece en la impunidad.
En ese gobierno igual se da la noticia de la fosa de Colinas de Santa Fe, que suma 300 cadáveres localizados hasta el momento, a ella apuntan muchas investigaciones federales y estatales sobre secuestro.
El gobierno de Miguel íngel Yunes Linares no marcó la diferencia con el de Duarte de Ochoa en secuestros, en 2017 registró 194 casos y 187 en 2018.
En sus dos años se quedaron en el aire las promesas del sistema de video vigilancia que fue observado en su totalidad por el ORFIS ante las grandes fallas, y que mantienen a varios yunistas en vilo.
En estos dos años se incrementó la tendencia de personas secuestradas y que eran asesinadas, pese al pago del rescate, especialmente mujeres y hombres de negocio, doctores o maestros.
Pero llega el primer año de Cuitláhuac Garcí­a Jiménez y el Secretariado Ejecutivo lo pone a nivel nacional como primer lugar con 329 personas privadas de la libertad de enero a diciembre de 2019.
Veracruz, con el gobierno de MORENA en su primer año, le gana al Estado de México, que cerró 2019 con 233 ví­ctimas y a la Ciudad de México con 192 personas llevadas contra su voluntad para sacarle un rescate a sus familias.
Tanto la SSP como la Fiscalí­a General del Estado de la Cuarta Transformación siguen sin salir del atolladero que hoy le representa más reclamos al mandatario jarocho.
Actualmente, en la región de Playa Vicente y otros municipios de la Cuenca, los secuestros son mortales, quien es llevado, no regresa, aunque la familia pague.
En la zona sur, por ejemplo, ya se dan casos en donde los delincuentes ofrecen facilidades a la ví­ctima para efectuar el pago, así­, cobran una parte para dejarlo ir, pero al poco tiempo, llaman de nuevo para pedir la otra parte del monto acordado, y si no cumplen las ví­ctimas, otro miembro de la familia es el que paga, como pasó con el menor Eliazit Victorio Juárez, de 5 años, secuestrado en represalia por la falta de pago del rescate pendiente de una vecina.