por diversos delitos, desde desfalcos hasta desapariciones forzadas.
De acuerdo con el video de la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, cuya copia obra en manos de esta reportera, la petición se hizo tan fast track que por ello un juzgado federal la echó abajo recientemente.

DENUNCIA ANÓNIMA
Para justificar el inicio de una carpeta de investigación contra Torres Zamudio, la Fiscalí­a General y la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP), afirmaron que una persona llamó de manera anónima al 089 el 12 de septiembre de 2019, denunciando que un dí­a antes, el 11, fue colgada una publicación titulada "Aparece audio de fiscal anticorrupción de Veracruz pactando con Duartistas" en la referida página.
Dicho post apenas tuvo un alcance de 9 "likes" y 10 compartidas, pero sirvió para levantar el reporte 12919-2898 de la Subdirección de Policí­a Preventiva que refiere, entre otras cosas, que "de manera contundente se identifica al Fiscal Anticorrupción de Veracruz negociando con abogados diciendo ser del "maestro" Arturo Bermúdez", sin haber siquiera realizado las pruebas periciales para determinar la afirmación.
La petición de la orden hace referencia a un segundo video, donde se escucha a Torres Zamudio hablar con los abogados Rafael Sánchez Cano y Rodolfo Reus, defensores de Mauricio Audirac, pidiendo 6 millones de pesos.
Entre los diversos datos de prueba que presentó la Fiscalí­a se encuentran "investigaciones" en portales y páginas de internet que "reforzaron" la carpeta que dio origen a la orden de aprehensión.
Se incluye también un análisis pericial hecho por Gerardo Hernández Tello, inmediatamente después de tomar conocimiento de la denuncia anónima, de la voz que se escucha en los audios, a pesar que una de las principales manifestaciones ha sido que Servicios Periciales no cuenta con los elementos suficientes para agilizar las indagatorias que le corresponden.

JUEZ OMISO
Un dí­a después de recopilar esta información, la Fiscalí­a, mediante el oficio 02/2019 solicitó audiencia para librar la orden de aprehensión. Fue fijada para ese mismo dí­a, el 14 de septiembre.
Luis Roberto Juárez López es el nombre del juez de control que conoció de la petición y sin haberse establecido en esta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la concedió, vulnerando principios fundamentales del imputado.
Es decir, el juez de control solamente se basó en la enunciación de hechos de la fiscalí­a para determinar que habí­an dos delitos, el de cohecho y contra la administración de justicia.
Sin embargo, ni la Fiscalí­a enunció cuándo tuvo lugar la reunión que hace alusión en los videos, dónde se llevó a cabo ni la manera en la que esta se desarrolló; el juez de control ni siquiera le preguntó esto a la autoridad investigadora.
De hecho, en la audiencia de solicitud de orden de aprehensión, ni siquiera le son mencionados al juez cuáles son los delitos que enfrentan Arturo Bermúdez Zurita y Mauricio Audirac Murillo y por los que aparentemente se estarí­an ofreciendo tratos para favorecerlos. Igualmente, el juez no pregunta nada sobre esto al fiscal del caso.
Aun con todo ello, Juárez López dio por sentado que existí­a un delito y que Torres Zamudio participó en él.
"Este órgano jurisdiccional considera que el imputado resulta ser autor material del hecho en términos del artí­culo 37 del Código Penal para el Estado de Veracruz y que la conducta desplegada por el mismo es dolosa en términos del artí­culo 21; este órgano jurisdiccional tiene a bien emitir la correspondiente orden de aprehensión en contra del imputado Marcos Even Torres Zamudio a quien se le instruye este proceso penal 281/2019 como probable partí­cipe en la comisión de los hechos constitutivos de los delitos de contra de la administración de justicia y el delito de cohecho".

FALTA DE LEGALIDAD
De acuerdo con la resolución que se conoció este lunes, un juez federal amparó a Marcos Even al advertir que el juez Luis Roberto "omitió establecer en la resolución oral las circunstancia de lugar, tiempo y de ejecución de los hechos que la ley señala como los delitos que se refirió", violando con ello el principio de legalidad, establecido en el artí­culo 16 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos.
Además, el juez federal destaca que la Fiscalí­a omitió comunicar al juez en qué fecha aproximada tuvo lugar la conversación supuestamente entablada entre el servidor público y los abogados defensores de las personas mencionadas así­ como el lugar donde tuvo verificativo dicho encuentro.
La sentencia federal indica igualmente que no se explicó siquiera cuáles eran las funciones de Even Torres, ni como Anticorrupción ni como Visitador General, para conocer si estaba en posibilidades de tener dichos acercamientos con los abogados.
Incluso, no se hizo mención siquiera a la materialización de esos supuestos acuerdos reparatorios, por lo que no hay prueba plena que se hayan llevado a cabo.
Así­, la primera batalla legal la ganó el equipo de Jorge Wí­nckler y la perdió el del gobernador Cuitláhuac Garcí­a Jiménez, a cinco meses de la llegada de Verónica Hernández Giadáns.