Se pitorrean políticos de desaparecidos
•Hacen escarnio de familiares de comerciantes desaparecidos y del Colectivo de Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba
•Menospreciados por el gobernador y la diputada María Francisco Candelas Doce; la legisladora no tuvo tiempo para escuchar sus demandas y luego los dejó plantados en su Casa de Atención
•Les quisieron imponer a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien fue rechazada por los afectados debido a su desinterés para asistir a otras reuniones
Por ANTONIO OSORIO OJEDA
Ciudad Mendoza, Ver.- Además del dolor que causa la desaparición de siete comerciantes de Ciudad Mendoza, los familiares de las víctimas han tenido que soportar la indiferencia, el desinterés y la burla de las autoridades a las que se han acercado para pedir ayuda. Primero, se les condicionó dialogar con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y luego fueron plantados por la diputada del distrito XXI de Ciudad Mendoza, María Francisco Candelas Doce, que llegó a dar su informe a la misma zona donde se reúnen los familiares de las víctimas y aunque acudieron a solicitarle su intervención en el caso, prácticamente no los atendió.
El pasado lunes 16 de diciembre, la diputada rindió su Primer Informe de labores en un auditorio de la colonia El íguila, de Ciudad Mendoza, donde además de dar a conocer sus gestiones realizadas, reconoció que este año ha sido un año “doloroso”, en cuanto a seguridad.
Al enterarse del evento, al lugar acudieron los familiares de los comerciantes desaparecidos: los hermanos Jorge Obet y Joel Reyes Flores, de 41 y 43 años, así como la esposa de este último, Luisa Carrera Valdés, además de sus compañeros tianguistas Ricardo Montesinos Núñez, Daniel García Reyes, Humberto Gil García y Jorge Alducin, de 20, 25, 32 y 45 años, respectivamente, víctimas de desaparición forzada el pasado 26 de octubre, a manos de policías de Ixtaczoquitlán, quienes los interceptaron cuando retornaban de Fortín, a donde habían ido a dejar una camioneta con ropa.
Ana Lilia Jiménez Sandoval, integrante del “Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, dio a conocer que por la gravedad del asunto, la carpeta de investigación fue remitida a Xalapa, donde la tiene a su cargo la Fiscal de Desaparecidos, Martha Lilia Pérez Gumercindo, quien ha hecho un excelente trabajo con las líneas de investigación, con cateos a la comandancia para recabar evidencias y tratar de esclarecer los hechos.
Sin embargo, considera que a la fiscal le están poniendo “trabas” para dejar de venir a ver a los afectados, porque después de estar en constante comunicación con ellos y trasladarse a Orizaba, para dar información de las investigaciones, ya tiene tres semanas que no han sabido de ella; a pesar de que los familiares tratan de comunicarse con ella por Whatsapp para saber cómo van las investigaciones, ahora no puede darles información, y se piensa que le están poniendo límites, a raíz de los movimientos que han estado haciendo los afectados, con manifestaciones y el cierre de la vialidad que hicieron en Escamela, cuando se cumplió un mes y un día de la desaparición de los tianguistas.
De acuerdo con la representante de los afectados, ese día “íbamos a una manifestación tranquila afuera del Palacio de Ixtaczoquitlán, pero sufrimos una burla por parte del alcalde Miguel íngel Castelán Crivelli; nos mandó al secretario, quien nos dijo que el presidente estaba en una reunión en Xalapa y no podía atendernos, pero después nos dimos cuenta que estaba escondido en el Palacio, de donde salió en un automóvil, por una puerta lateral, escoltado por una patrulla”.
En ese lapso, cuenta, fue cuando solicitaron la intervención de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto, para que fuera el enlace con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y viniera a atender a las familias, “así como lo ha hecho con familiares de empresarios, pero no hizo nada, igual que la presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda, nadie hizo ni una llamada para hablar con la señora Aracely Salcedo Jiménez, que es con la que tienen el contacto”.
Después de ver la acción del presidente municipal, el enojo de los familiares de los desaparecidos fue tanto, que dieron un ultimátum para que los atendieran, ya que de lo contrario cerrarían la vialidad; esta era la primera vez que el Colectivo tomaba una medida de esta naturaleza, ya que siempre habían hecho otras acciones, pero el enojo por la mala atención de este servidor los orilló a eso. Por eso, el 27 de noviembre hicieron el bloqueo en Escamela, municipio de Ixtaczoquitlán.
Aunque el personal de Política Regional del Gobierno del Estado trató de convencer a los compañeros para desistir del movimiento, con la promesa de ser un enlace con el gobernador, ahí permanecieron hasta las 01:00 horas del día 28 y ningún funcionario se presentó, salvo el delegado regional de Derechos Humanos en Córdoba, Manuel Antonio Sánchez Hernández.
Hubo solidaridad de la gente, que se acercó a llevarles café, pan y abrigos, además de que ”“a pesar del caos vial- muchas personas les dieron su apoyo al conocer sus demandas.
En esa ocasión, las autoridades municipales retiraron la ambulancia de Protección Civil que resguardaba a los inconformes, y en contraparte llegaron policías estatales y municipales a tomarles fotografías y videos, aparentemente para intimidarlos y por eso ahora temen represalias.
Días después, agrega Ana Lilia, enviaron un oficio para dialogar con el gobernador, por lo que terceras personas gestionaron una reunión, pero les ordenaron a los afectados que no le informaran nada a la coordinadora, Aracely Salcedo Jiménez, argumentando que ella en lugar de ayudarlos, los estaba perjudicando, a pesar de que hasta ahora el trabajo del Colectivo, dirigido por Salcedo Jiménez, ha dado varios resultados, al ser halladas varias víctimas y otras que han sido rescatadas vivas.
Esa reunión fue pactada para el 3 de diciembre, recuerda, pero contrario a las indicaciones recibidas, los familiares le informaron a Aracely; previamente hubo comunicación con la presidenta de la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos, Lorena del Carmen, para contactar a las familias, a quienes vino a decir que la había mandado el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, para dialogar y propuso que fueran a Xalapa para ser atendidos, pero los familiares pidieron que mejor el Gobernador fuera el que viniera.
Cuando se aproximó la fecha de la reunión con el Gobernador, personal de Política Regional y gente de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto, hablaron por teléfono a los familiares, para concertar la cita, diciéndoles que hasta el último momento les informarían del lugar de la reunión.
No obstante, el día del encuentro, los familiares de los desaparecidos fijaron su postura: si no entraba la señora Aracely, ellos no entraban a la reunión, que finalmente se llevó a cabo en el hotel “Holiday Inn” de Orizaba.
El personal de seguridad y de la delegación de Política Regional empezó a negar la entrada; el delegado Luis Arturo Santiago fue quien anunció que Aracely no entraba, aun cuando ella también tiene una hija desaparecida.
Según Ana Lilia, en casi dos meses, el Gobernador no se había pronunciado para nada y el día del encuentro, a pesar de la urgencia de que el gobernador les diera informes de las investigaciones, los afectados decidieron no entrar, por haber sido prohibida la entrada de Aracely.
Ahí estaba también la presidenta de la Comisión Ejecutiva de Búsqueda, Lorena del Carmen, a quien la señora Aracely increpó, porque a pesar de estar apoyando a los familiares, no le informó de esa reunión al Colectivo.
Al igual que ocurrió días antes, con el Colectivo de “Madres Luna”, en Córdoba, el gobernador huyó por una puerta lateral del hotel, escondido en un vehículo del Ayuntamiento de Orizaba, sin dar la cara a los familiares, ni a los reporteros que estaban en el lugar.
Dos semanas después, los familiares de los comerciantes desaparecidos se enteraron del Informe que iba a rendir la diputada del Distrito XXI, María Francisco Candelas Doce, por lo cual la coordinadora Aracely Salcedo propuso que se le entregara un oficio, solicitando la presencia de la fiscal Martha Lilia, para dar información sobre los avances de las investigaciones.
“El informe de Gobierno empezaba a las 11 de la mañana, pero llegamos media hora antes, entendimos que la diputada iba a estar ocupada; su personal nos quitó de la hilera de sillas de adelante, argumentando que ese lugar era para niños discapacitados, y entendimos, pero vimos que el lugar fue para sus invitados especiales, ahí nos damos cuenta que hasta en eso hay preferencias”, reprochó la mujer.
Cuenta que “nos acercamos a la diputada, pero su personal nos replegó y cuando pudimos le entregamos el oficio, nos escuchó menos de cinco minutos, y ordenó que se le diera el documento a uno de sus asesores, el encargado del área jurídica, José Miguel Castro, a quien se le entregó el oficio firmado por los familiares; nos dijo que nos iban a abrir un espacio en su agenda para que nos atendiera y se fijaron las 14:00 horas, en la Casa de Atención de Nogales”.
Ana Lilia también se quejó de que ningún diputado, local, ni federal, del distrito de Orizaba o de Ciudad Mendoza, se ha acercado a dialogar con los familiares de los desaparecidos, y aunque sólo en una ocasión lo hizo el diputado Nahúm ílvarez Pellico, en ningún momento se reunió personalmente con los afectados.
En el evento de la diputada, el director jurídico les informó a los afectados que serían atendidos por la doctora Namiko Matzumoto, en el mismo auditorio, asegurando que ya tenían un espacio adecuado para atenderlos, pero los familiares rechazaron ese encuentro, porque en fechas anteriores la comisionada no había acudido a ninguna reunión, y exigieron que si quería atenderlos acudiera a la reunión programada en la Casa de Atención de Nogales.
Horas después, ante la molestia de los familiares por la tardanza de la diputada, el asesor jurídico les reprochó que habían despreciado el encuentro con Namiko Matzumoto y que él se había salido del informe para hacerles el favor de ir a abrirles la Casa de Atención. Luego, les indicó que serían atendidos al otro día en el Congreso Local y les pidió que hicieran una lista a fin de poder solicitar ayuda a los alcaldes de la zona, para costear los gastos de transporte.
Debido a que la diputada nunca llegó a la reunión, la coordinadora de los familiares de los desaparecidos, Aracely Salcedo, se comunicó con su secretaria particular, para informarle que ya tenían mucho tiempo esperándola y en respuesta les dijo que por favor entendieran que para la diputada era un día muy especial y que de plano no iba a poder atenderlos.
Ese día, dos horas después, con todo y su desencanto, los afectados se retiraron sin ningún resultado, y ya no pudieron hablar con ningún personaje, porque no respondieron las llamadas.
Al otro día, la representante de los familiares, Aracely Salcedo, recibió un mensaje de la diputada, donde manifestó que desconocía lo que había sucedido con la organización de la reunión y prácticamente les echó la culpa a sus colaboradores.
Aunado a lo anterior, un periódico local informó en las redes sociales que los familiares de los desaparecidos fueron plantados por la diputada; ante eso, un lector hizo un comentario donde demeritó el trabajo del Colectivo, asegurando que los familiares de los desaparecidos no solicitaron una cita formal con la diputada, y que además irrumpieron en el recinto donde dio su Informe, con insultos y gritos, y que llegaron de forma arbitraria a abrir la Casa de Atención.
Por eso, los familiares del Colectivo le mandaron una carta a la legisladora, donde expusieron lo siguiente:
“Diputada María Francisco Candelas Doce, los que suscriben, familiares de los desaparecidos del municipio de Ixtaczoquitlán, y oriundos de Ciudad Mendoza, municipio que se ubica dentro de su distrito electoral, y el Colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, que preside la C. Aracely Salcedo Jiménez, lamentamos que hayamos sido objeto de una burla más, por parte de quien nos debería garantizar respeto y atención hacia lo que nos adolece”.
“El día 16 de diciembre se le entregó un oficio, en donde se le solicitaba que fuera intermediaria para que la Fiscal de Desaparecidos, la maestra Martha Lilia Pérez Gumercindo, venga a la zona de Orizaba, para darle información a las familias sobre los avances de las investigaciones, en un marco de absoluto respeto a su evento, tan es así que usted giró instrucciones a su personal, para que nos atendiera, ya que estaba a punto de realizar su informe”.
“Desde el momento en que llegamos, su personal nos quitó del lugar donde nos habíamos sentado, argumentando que esa hilera de asientos era para unos niños con discapacidad, pero se los dieron a sus invitados”.
“Nos hicimos hacia atrás para entregar el oficio al licenciado José Miguel Castro, encargado del área jurídica de su equipo, mismo que nos aseguró que seríamos atendidos a las 14:00 horas, en la
Casa de Atención de su Distrito, ya que se excusó que en el auditorio no había un lugar adecuado para recibirnos”.
“El licenciado José Miguel, a través de terceros, contactó a la coordinadora del grupo Ana Lilia Jiménez para avisarle que quien los atendería en ese mismo auditorio sería la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto, ya que, siempre sí, había un espacio dentro del auditorio. La respuesta fue que Namiko en ninguna de las reuniones del Colectivo se acercó personalmente, y que si tenía buena voluntad se presentara a la reunión de las 14:00 horas, lo que provocó el enojo del asesor jurídico de la diputada”.
“Dadas las 14:00 horas, se le informa al licenciado José Miguel que ya lo estaban esperando los familiares de los desaparecidos, en la casa de gestión, donde momentos después llegó, junto con dos personas para abrir, y luego invitaron a los afectados a pasar a una pequeña oficina, donde se les indicó cómo deberían trabajar y así recibir el apoyo, a lo que se le dijo que eso que pedía ya se había hecho y lejos de dar solución causó indignación por su forma de decir las cosas”.
“Al cuestionar al licenciado sobre su llegada, él la excusó, diciendo que estaba detenida por el tránsito en la autopista, siendo ya las 15:00 horas; en ese lapso, el licenciado José Miguel les informa que los podía recibir al día siguiente en el Congreso del Estado, para hablar con el presidente de esa entidad y otros diputados, y nos apoyarían con el traslado de Ciudad Mendoza a Xalapa”.
“Posteriormente, se le volvió a preguntar por usted y a qué se debía su retraso, y respondió que usted se había ido a Córdoba y desconocía su hora de regreso, que le preguntaba a sus demás compañeros y nadie le contestaba, lo cual provocó nuevamente el enojo de los afectados, quienes le recriminaron, expresándole que nuevamente se burlaron de nosotros. Finalmente nos retiramos de sus oficinas después de las 4 de la tarde”.
“-Al licenciado José Miguel- se le entregó una lista de 31 nombres de personas que asistirían a Xalapa y al otro día respondió que apenas iba a buscar qué presidentes municipales le apoyarían con el traslado y que más tarde se contactaría con nosotros para ponerse de acuerdo, pero horas después ya no contestó el teléfono”
“Cabe resaltar que ni en el auditorio, ni en su oficina, fuimos altaneros, ni gritamos, como lo están haciendo ver terceras personas y en redes sociales”.