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Historias de desaparecidos
Lunes 28 octubre, 2019

Que altos mandos de Seguridad Pública, detrás de levantón a policías de Galván

•Marcos Conde y Víctor Manuel Sandoval, empleados del duartista Arturo Bermúdez Zurita, señalados por desaparición forzada el 11 de enero del año 2013

Redacción

Marcos Conde y Víctor Manuel Sandoval, dos ex altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en los tiempos de Arturo Bermúdez Zurita, están señalados entre los 15 elementos de esa dependencia de ser responsables de haber detenido ilegalmente y operado la desaparecido forzada de 8 elementos de la Policía Municipal de Úrsulo Galván, el 11 de enero del 2013.
En la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (C.N.D.H.), para el expediente CNDH/4/2018/8403/Q/VG, que derivó en la recomendación 24VG/2019, resaltan los nombres de los ex oficiales que operaron en ese tiempo en Ciudad Cardel, y cuyo historial siempre va de la mano de la desaparición de docenas de personas. Especialmente de jóvenes entre 18 y 25 años.
Al tener acceso al expediente completo de dicha recomendación, resaltan los nombres que son omitidos en la versión pública que fue dada a conocer el pasado viernes sobre esta violación grave de a los derechos humanos, a los que se les asignan claves alfabéticas para proteger sus identidades.
En la misma se inscriben los nombres de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado que tomaron la denuncia de los oficiales desaparecidos, y lejos de realizar las investigaciones, no hicieron las diligencias para localizarlos con viva o detener a los perpetradores.

ACUSAN A PERSONAL DE LA FISCALÍA
Acá se señala a David Martínez Sánchez, ex ministerio público en Cardel en los tiempos de Luis Ángel Bravo Contreras quien cuenta con señalamientos y malas recomendaciones de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pese ello, se postuló en junio pasado para ocupar la Comisión Estatal de Búsqueda.
El otro es Víctor Carvajal Juárez, quien antecedió en el puesto a Martínez Sánchez, y venía de colaborar para Amadeo Flores Espinoza, durante su tiempo, el expediente de los ocho policías de Galván no se movió, lo que alargó el sufrimiento de sus familias.
Además, en sus acusaciones dentro de la recomendación, la C.E.D.H. encontró que no realizó las diligencias necesarias para darle seguimiento al caso, alentando la impunidad.
La otra M.P. para la que se piden sanciones y denuncia, es Luz Patricia Sánchez Hernández, quien fue la primera servidora pública que tuvo contacto con el caso. Luz Patricia Sánchez Hernández es identificada en la recomendación con la clave AR16.
La C.E.D.H. la acusa de haber omitido diversas diligencias que hubieran sumado para encontrar con vida a los elementos, como "dictar acciones inmediatas para la búsqueda y localización de los ocho policías municipales".
Tampoco pidió información y colaboración al C-4 en relación a posibles reportes de desaparición de personas en la fecha y lugar de los hechos.
No hizo "diligencia de inspección en el lugar de los hechos".
Tampoco realizó la búsqueda de la patrulla en la que desaparecieron a los elementos.
Y pese a que entonces ya había señalamientos al grupo Tajín de la S.S.P., ella nunca los molestó, ni les pidió informes "si llevaron a cabo operativos el día y en el lugar de los hechos".
No pidió "la colaboración de las autoridades estatales y federales de seguridad pública para la búsqueda y localización de las víctimas y de los responsables".
No recabó "las testimoniales de los familiares y testigos".
"En el presente caso AR16 únicamente se concretó en realizar diligencias básicas, sin ordenar acciones de búsqueda inmediata tendentes a la localización de las víctimas desparecidas, ni ordenó diligencias que tuvieran el fin de la identificación de los posibles autores y participes del ilícito".

SE LLEVARON A LOS POLICÍAS
Luis Alberto Valenzuela González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil, son los nombres de los once oficiales que el 11 de enero del 2013 fueron intervenidos ilegalmente por colegas de la S.S.P., del agrupamiento de élite Tajín.
Cerca de las seis de la tarde, los oficiales se encontraban en la localidad de El Arenal cuando quedaron cercados por los oficiales que comandaban Marcos Conde y Víctor Manuel Sandoval.
Después de ser sometidos y desarmados, los trasladaron a un punto incierto en donde les habrían dado muerte y sepultado en fosas clandestinas. Antes, la patrulla que manejaban la llevaron hasta Vega de Ala Torre, donde la incendiaron por completo.
Este evento marcó a Úrsulo Galván, esposas y madres que dependían del ingreso de estos oficiales, quedaron a la deriva. Se tiene registro de que son al menos 13 los huérfanos que han ido creciendo a lo largo de estos siete años con las dificultades de haber perdido a sus padres a manos de las autoridades.
En la recomendación abundan testimonios que ubican al personal de la SSP como los presuntos responsables de esta desaparición, desde esos años, hasta diciembre del 2018, la SSP no colaboró en las investigaciones, y siempre negaron la participación de efectivos de esa dependencia en dicho caso.
Fue hasta diciembre del 2018, con la llegada del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, que la SSP da nombres de los 15 oficiales que estarían bajo sospecha por haberse llevado a los colegas de Galván, entre ellos resaltan los nombres de Sandoval y Marcos Conde.
En el expediente se enumera que la CNDH se apersonó en los juzgados de San Andrés Tuxtla para saber la situación legal de Marcos Conde (AR14), quien estaba preso en el penal de Cosamaloapan por la desaparición y muerte de cinco jóvenes de Playa Vicente, el 11 de enero de 2016. Actualmente Conde y siete de sus subordinados están detenidos en un penal de máxima seguridad del norte del país, enfrentando acusaciones de carácter federal.
En tanto, Sandoval estaría en fuga, se desconoce desde cuándo. Fue en enero del 2016 cuando integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz le tomaron la Fiscalía en Arco Sur a Luis Ángel Bravo Contreras, ahí le entregaron un escrito en donde demandaban investigaciones y las renuncias de Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez, Víctor Manuel Sandoval, por estar involucrados en unos 60 casos de desaparición de personas en la zona de la Antigua y Úrsulo Galván.
Las mamás estaban seguras de que Sandoval era el gran operador de la delincuencia organizada para encabezar operativos que llamaban La Barredora, y no dudaron en hacerlo público.
Desde esa fecha, se le perdió la pista, más con el escándalo de los chicos desaparecidos a manos de su amigo y colega, Marcos Conde, en ese mismo mes y año.
Javier Duarte acabó en la cárcel, le espera proceso por desaparición de personas; Bermúdez igual pasó por Pacho Viejo y sigue su proceso en libertad, y de Sandoval no se tienen noticias o si cuenta con orden de captura pese a que dos integrantes del CJNG lo señalan de haber sido uno de los responsables directos de la desaparición de Pedro Huesca Barradas, y e asociación delictuosa.
Se trata de las declaraciones de Obed Pulido Murrieta, El Cocho, y Roberto Lewis Martínez, El Lewis o Pantera, dentro del expediente 116/2013, del Juzgado Primero de Primera Instancia del distrito Judicial de Uzuluama. Los dos están encarcelados, pero han sido exonerados del delito de Pedro Barradas, sin embargo, dejaron un expediente voluminoso sobre los perpetradores de desapariciones en Cardel, La Antigua, Galván, Puente Nacional y Paso de Ovejas.
Obed Pulido Murrieta dice sobre Sandoval:
"El comentó que quien había puesto a los policías de Úrsulo Galván que también fueron desaparecidos, fue un policía amigo de todos ellos de apellido “Lendechy” y que también estaban con Sandoval en la policía Estatal, y que esto se lo pregunté porque yo era amigo de uno de los policías de Úrsulo Galván de nombre Luis Alberto Valenzuela de apodo El Tachín, porque su papá tiene una taquería de ese nombre, y le pregunté al Lewis que les habían hecho y por qué y me dijo que a esos se los habían chingado junto con la policía Estatal y el Sandoval porque los habían puesto de que ellos andaban con Los Zetas y le pregunté que si los habían cocinado y me dijo que ni madres, que ellos no cocinaban a sus levantados, que los mataban y los enterraban y me dijo que hasta eso, andaban enterrados muy cerquita en un rancho en Salmoral".
Y agrega:
"Que los que sabían era El Huacho y que El Sandoval fue el que los sacó de ahí de Úrsulo Galván, que fue Sandoval con otros de sus elementos y que es los habían llevado en una sola patrulla de Úrsulo Galván, llevando al frente y atrás una patrulla de la SSP de las que jalaba El Sandoval y que la patrulla la habían quemado por Vega de Alatorre".
En el mismo expediente, Roberto Lewis Martínez también vincula el caso de los policías de Galván con operaciones de los grupos de limpieza que operaba la SSP para fortalecer al C.J.N.G. y señala que Sandoval y Lendechy fueron los responsables.
En la recomendación de la C.E.D.H. también se identifica a Lewis como el mismo que horas después de la desaparición de los gendarmes, arrribó al palacio en Galván para sustraer pertenencias de ellos, una computadora portátil y una cámara fotográfica que eran de uno de los mandos.
En la recomendación de la C.E.D.H. se incluyen partes de las declaraciones de estos detenidos dónde se ubica a Sandoval dentro de la estructura que desaparecía personas desde la filas de la S.S.P.
Los dos declarantes expresan que los oficiales de la municipal fueron limpiados por órdenes del Cartel de Jalisco Nueva Generación, cuyos mandos los vinculaba a operaciones de sus enemigos, Los Zetas.




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