Ayer mismo se presentaron en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para pedir su intervención y que, primero, se levante una queja para que el Estado se haga responsable de las muertes, y dos, que lleguen los apoyos ofrecidos por las autoridades.
Durante este tiempo han esperado que se presenten los respaldos que fueron prometidos por funcionarios de los tres órdenes de gobierno, y todo ha sido mentira.
Desde el alcalde Nicolás Reyes ílvarez.
El súper delegado del gobierno de la república, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, encargada de Atención a Ví­ctimas del gobierno del estado.
El gobernador, Cuitláhuac Garcí­a Jiménez.
Y el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Entrevistados por este reportero, durante su proceso para presentar la queja en la delegación de la CEDH de la zona sur, los deudos señalaron que desde el dí­a de los hechos están abandonados por el gobierno.
La euforia por la atención a las ví­ctimas, la foto para los medios de comunicación y los grandes encabezados, le duró a las autoridades menos de un mes.
Ese fue el mismo tiempo en que la Guardia Nacional dejó de verse patrullando por calles de Minatitlán, donde hoy docenas de padres de familia, hermanas, madres y tí­as mantiene tomada la autopista Cosolecaque-La Tinaja exigiendo un alto a la desaparición de mujeres y a los feminicidios.
Representados por Alán Domí­nguez Muñoz, defensor independiente de los Derechos Humanos, los deudos señalaron que ni si quiera han sido reconocidos como ví­ctimas, tuvo que venir el abogado Domí­nguez Muñoz desde el DF para que la Fiscalí­a les reconociera su situación legal.
Habló de su caso la señora Sugey del Carmen Salinas Jiménez, esposa de Heber Ricardo Reyes Martí­nez, El Potro, y hermana de Leobardo Salinas Jiménez, ella es la dueña de la palapa Los Potros, donde ocurrió la masacre, y es la fecha en que no le devuelven el inmueble.
Desde el 19 de abril, la Fiscalí­a General del estado la tiene bajo resguardo y no le ha dado fecha para devolverla.
El fiscal del caso, Zaidel Nolasco Fernández, de plano, ya ni las llamadas ni mensajes le contesta.
"Antes me decí­a que tuviera paciencia, que lo esperara, que le diera chance, que me iba a devolver la llamada, y nunca me la regresa", señaló.
Entrevistada durante su asistencia a la delegación sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), denunció que pese a que han transcurrido más de seis meses de esa tragedia, es lamentable que su casa no haya sido liberada por las autoridades.
Sugey del Carmen Salinas Jiménez, ama de casa y madre de familia, recordó que durante la balacera en la palapa Los Potros festejaban a otra familiar.
Desmintió que, como se dijo en medios, la palapa sea un salón de fiestas o una cantina. Reiteró que el espacio es un área familiar en donde eventualmente celebraban cumpleaños, reuniones, encuentros y eventos meramente de los más cercanos a sus seres amados.
A penas dí­as antes, su esposo Heber Ricardo Reyes Martí­nez, El Potro, trabajador de Pemex, habí­a celebrado su onomástico, y en esa ocasión la habí­an prestado la palapa a una familiar, quien llegó con sus invitados. A muchos no los conocí­an.
Ese dí­a, recordó, fue asesinado su marido y su hermano, Leobardo Salinas Jiménez, y desde entonces, ella y su familia cargan con el dolor de la doble pérdida.
Ambos laboraban para Pemex, y su partida representó un golpe emocional y económico.
Como la Fiscalí­a tiene la propiedad donde se alza la palapa bajo resguardo, y en ese mismo inmueble está la casa en donde tení­a más de 20 años con su esposo e hijos, se tuvo que salir para pagar renta, pues las autoridades le han dicho que siguen investigando.
"Les pido que me puedan ayudar, necesito que me devuelvan mi casa, porque no solo tengo un hijo, tengo cuatro, me es difí­cil esta situación", relató.
Comentó que muchas de sus pertenencias fueron sacadas de su residencia, pese a que no era necesario pues ahí­ no pasó nada, los hechos se centraron en el espacio de la palapa, y ahora las está dando por perdidas.
La sangre que se regó en el lugar, de hecho, ni si quiera ha sido lavada pues las autoridades no lo permiten.
De hecho, ni el Presidente ni el gobernador han hecho una llamada a alguna de las ví­ctimas, asentó que ese es su caso.
Por ejemplo, durante una reunión en Palacio, en Minatitlán, con el delegado Manuel Huerta, éste les prometió apoyos económicos.
Allá fue la mayorí­a de las ví­ctimas pensando que se trataba de la reparación del daño y cuál fue la sorpresa que los estaban censando para ingresarlos a los programas del Nuevo Gobierno federal.
"Dijeron que eran los apoyos, pero eran unos préstamos, chiquitos, que tení­amos que pagar tiempo después, al ver eso, muchos no quisimos meternos a algo así­", dijo.
Alá Domí­nguez Muñoz, defensor independiente de los Derechos Humanos, que está dando acompañamiento a las ví­ctimas de la Papalapa Los Potros y Caballo Blanco, señaló que pareciera que las autoridades quieren buscar el mecanismo de extinción de dominio para dejar a su representada sin propiedad.
Relató que es preocupante la situación de los derechos de las ví­ctimas en el sur de Veracruz, pues pese a tanto tiempo de la masacre, las personas no han sido atendidas por instancias como la Comisión de Ví­ctimas, por lo que no les han pagado ni los servicios funerarios.
Adelantó que al igual que el caso Caballo Blanco, buscará que este tema sea llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de ahí­ se pida que se les reconozca la calidad de ví­ctimas para luchar por la reparación del daño, pues esas muertes sin duda fueron responsabilidad del Estado Mexicano.
Otros familiares, bajo anonimato, señalaron que pese al paso del tiempo, no han recibido apoyos para los gastos funerarios. Pese al arribo de autoridades federales, durante los primeros dí­as después a la tragedia, todo quedó en promesas.
Algunos solo están siendo atendidos por sicólogo, cuando es evidente la urgencia de tanatólogos, dijo la Presidenta de la Fundación Karime, Nora Reyes Baruch, especialista en el tema, "incluso, pueden ir con nosotros, no se les va cobrar nada".