•El organismo de fiscalización diagnosticó un daño a la hacienda pública por mil 44 millones 523 mil 721 pesos
•Se detectó obra de mala calidad, con deficiencias técnicas y operando parcialmente.
•Empresa Comtelsat, de Manuel Arroyo, dueño de El Financiero, fue inhabilitada por tres meses por la Secretarí­a de la Función Pública en el año 2013

El Sistema Estatal de Video Vigilancia anunciado por el gobernador panista Miguel íngel Yunes Linares (2016-2018) como una decisión estratégica para combatir la violencia y restablecer la seguridad pública en Veracruz resultó un fraude.
En el Informe de la Cuenta Pública 2018, que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregó al Congreso Local durante esta semana, se detectó que el equipamiento y las instalaciones para la puesta en operación del sistema “no cumplen con las especificaciones señaladas en el anexo técnico del contrato”.
“Se detectó obra de mala calidad, con deficiencias técnicas y operando parcialmente. Hay un incumplimiento en las especificaciones generales, y particulares, establecidas en la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)”, dice la auditorí­a.
Por lo cual, el organismo de fiscalización diagnosticó un daño a la hacienda pública por mil 44 millones 523 mil 721 pesos.

INCONSISTENCIAS

En octubre del 2017, ante el pleno de su gabinete y representantes de sectores empresariales, Yunes Linares anunció que el Sistema Estatal de Video Vigilancia estarí­a integrado por seis mil 476 cámaras de videovigilancia en lugares estratégicos de seis regiones del estado: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084, que darí­an cobertura a 21 mil 594 kilómetros cuadrados del territorio veracruzano.
En la explanada principal Palacio de Gobierno y apoyado con videos, el mandatario detalló que el Sistema de Vigilancia contarí­a con estaciones de monitoreo para el seguimiento de la persecución de los delitos, centro de datos para el almacenamiento y análisis de video, y prometió que serí­a administrado y operado por personal certificado de monitoreo.
Para convencer a la audiencia de que la inversión valí­a la pena, describió que el equipo tecnológico tendrí­a la capacidad de realizar reconocimiento facial, identificación de placas vehiculares, identificación de eventos, objetos abandonados, comportamiento anormal. Ningún delincuente escaparí­a a la acción de la justicia.
Pero en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, se detectó que las seis mil 476 cámaras de videovigilancia prometidas no cumplen con las especificaciones prometidas. Por ejemplo, mil 581 tienen el lente zoom 23X, cuando en el contrato establece zoom 30X; Y 4 mil 743 cámaras “no operan con los parámetros de video establecidos” en el Anexo Técnico del contrato SSP-UA-111/17.
De los mil 581 postes octagonales de 20 metros que sostendrí­an las cámaras de vigilancia, como lo establece el contrato; se detectó que muchos no cumplen con el perfil de sección solicitado, algunos sólo tienen 15 o 10 metros de altura, y en lugar de ser octagonales, son hexagonales.
Además, de los mil 581 gabinetes galvanizados que se instalaron en los postes, para resguardar el equipo de videovigilancia, al menos 200 no cumplen con la norma IP66, de protección contra polvo y agua, “lo que constituye un riesgo para el equipo que alojan”.
De la instalación y configuración de las cámaras IP, la auditorí­a detectó que ninguna de las 6 mil 324 operan correctamente. Los mil 581 radio enlaces no están debidamente instalados. Y ninguna de la las 152 cámaras tipo LPR realiza lectura de placas vehiculares.

UN FRAUDE

Para poner en marcha el Sistema Estatal de Video Vigilancia, el gobierno de Yunes Linares contrató a la empresa Comtelsat, de Manuel Arroyo, dueño de El Financiero, que cuenta con un expediente de inhabilitación abierto por la Secretarí­a de la Función Pública en el año 2013.
“La inhabilitación fue dada a conocer por la SFP a través de la circular OIC-PEP-AR-18.575. 034/2014, y aunque no aclaró la razón por la que se sancionó a la empresa, señaló que se basa en el artí­culo 134 de la Constitución, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley Federal de Entidades Paraestatales y en la Ley de Petróleos Mexicanos, entre otras”, relata una nota de La Jornada.
Antes de que se conociera el resultado de las auditorí­as a la Cuenta Pública 2018, el titular de la Secretarí­a de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, ya alertaba de que el Sistema de Video Vigilancia de Yunes era un fraude.
“Lo de las cámaras de vigilancia sinceramente fue un fraude, no están funcionando”, dijo.
En junio pasado, el titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, a cargo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, presentó tres denuncias ante la Fiscalí­a General de la República (FGR) en contra de la administración del ex gobernador Miguel íngel Yunes Linares (2016-2018).
Las denuncias correspondí­an a presuntas irregularidades en el manejo de 36 mil millones de pesos de las arcas públicas. Y una de esas denuncias es por un mil 100 millones de pesos, que corresponden a la compra de cámaras para el sistema de videovigilancia, adquiridas durante el ejercicio 2018.