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Viernes 27 septiembre, 2019

Yunistas, en la mira

La Cuenta Pública 2018 del ORFIS es implacable con el último año de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y con quienes fueron sus allegados
•Jaime Téllez, Moreno Chazzarini, Enrique Pérez y Marín Franco, los más vulnerables a ser blanco de órdenes de aprehensión
•El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública tendrá que solventar más de 1000 millones de pesos por el sistema de video vigilancia que el ORFIS describe como fraudulento
•Es el último golpe al grupo yunistas tras la caída del fiscal Jorge Wínckler y la derrota de José Mancha Alarcón


Por IGNACIO CARVAJAL

  • Yunes Linares. En el infierno

El informe sobre la Cuenta Pública 2018 mantiene cimbrados a los hombres más allegados al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quienes formaron parte de su primer círculo de poder, y que ahora deberán rendir cuentas por unos 4 mil 500 millones de pesos que son reclamados por el ORFIS.
Han pasado más de 48 horas desde que el organismo hizo público el informe completo sobre las auditorías a todos los entes estatales, y quienes antes ocuparon altos cargos en el gobierno panista-perredista, no han dado señales.
A diferencia de otras ocasiones, en donde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez ha señalado malos manejos al gobierno pasado, y rápidamente había comunicados o reacciones donde se rechazaban los señalamientos, ahora solo ha habido silencio.
Y es que ha sido el grupo de hombres más fuertes del Yunismo quienes cargan con los señalamientos más duros, y quizá, los más complicados de solventar ante lo descomunal de las cifras, en primer lugar, Jaime Téllez Marie, ex titular de la S.S.P., es quien cuenta con el peor escenario, pues para no ser blanco de una orden de aprehensión deberá estar solventando más de mil millones de pesos.
El principal reclamo, mil millones por el sistema de video vigilancia que el ex gobernador panista presumió durante la mayor parte de su administración como la panacea para recuperar la paz y luchar contra la delincuencia. El ORFIS concluye que dicho sistema es una “obra de mala calidad” la cual opera “con deficiencias”.
De ahí la pólvora está cerca de alcanzar a Guillermo Moreno Chazzarini por 554 millones en la administración de la SEFIPLAN, a Enrique Pérez y José Rodrigo Marín Franco, ex titular de la SEDESOL.
Salvados están el actual dirigente del PAN, quien trabajó con Yunes Linares como secretario de Agricultura, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, Marcelo Francisco Monfort Guillén, ex jefe de la Oficina del Programa de Gobierno y el ex contralor Ramón Tomás Alfonso Figuerola, cuyos montos a solventar son mínimos.

YUNISTAS, EN CAPILLA
A mediados de julio del 2017, llegó a la SEFIPLAN Guillermo Moreno Chazzarini, uno de los más cercanos a la familia Yunes. Entró en reemplazo de Clementina Guerrero García, quien fue la última encargada de ese despacho con Javier Duarte de Ochoa. Moreno Chazzarini venía de encabezar la Contraloría.
Durante las dos administraciones de Miguel Ángel Yunes Márquez, fue síndico único, siendo responsable de las decisiones jurídicas de ese ayuntamiento, y fue uno de los aliados más fuertes en los enfrentamientos políticos que tuvo Yunes Márquez como alcalde de Boca, primero, contra el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y después, contra el de Javier Duarte de Ochoa.
También estuvo al lado de Yunes Linares cuando éste fue director del ISSSTE, en el gobierno de Felipe Calderón.
Se suma Enrique Pérez, quien es ubicado como el segundo hombre más fuerte y cercano a Yunes Linares, ha estado a su lado prácticamente durante toda la trayectoria del ex gobernador. También estuvo en el ayuntamiento de Boca del Río como colaborador de Yunes Márquez.
A su salida de la S.E.V. ha recibido numerosos señalamientos por el presunto fraude en el uso de una plaza magisterial que él se habría asignado desde su posición como titular de la S.E.V. él lo ha negado. Debe aclarar el destino de 383 millones de pesos. El tema más fuerte lo trae el pliego FP-018/2018/003 DAÑ sobre una cuenta no registrada en los paquetes contables y en la que hubo diversos movimientos. Y el pliego FP-018/2018/027 DAÑ por 138 millones de diversos contratos para capacitación de docentes, en los que no se encontró "evidencia de la recepción de los servicios prestados".

INDIRA, POR POQUITO
En la SEDESOL, una de las más auditadas se reclama la aclaración por 270 millones de pesos, dependencia que Indiria Rosales San Román dejó a finales de febrero del 2018 para ir a campaña por una senaduría plurinominal que actualmente ocupa, y se quedó en su lugar quien entonces era subsecretario de Desarrollo Humano, José Rodrigo Marín Franco, hombre allegado al ex candidato del PAN-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, pues fue uno de sus regidores y colaborador suyo en algunos de los cargos que ha ostentado.
Ahora a él le tocará aclarar algunos de los señalamientos más fuertes, por ejemplo la observación FP-022/2018/017 DAÑ por presunto quebranto hasta por 82 millones de pesos en el programa Veracruz Comienza Contigo con las Mujeres pues la "Secretaría no proporcionó evidencia documental de la entrega del recurso a las beneficiarias". La SEDESOL de la época Yunista es de las que más están en la mira de la 4T jarocha.
Y el pliego FP-022/2018/024 DAÑ, hasta por 72 millones de pesos de posible afectación patrimonial por inconsistencias en diversos contratos de servicios para la SEDESOL; y el pliego FP-022/2018/025 DAÑ por 68 millones en relación al contrato con la empresa "Custom Performance, S.A. de C.V.", signado para el arrendamiento de vehículos.
Al ex coordinador de Comunicación Social, Elías Assad Danini, el ORFIS le pide solventar 68 millones de pesos por diversos contratos celebrados con empresas de medios de comunicación, agencias de publicidad y de otros servicios que no cuentan con soporte documental. Una de las más fuertes se refiere al pliego FP-030/2018/014 DAÑ por 36 millones de pesos, ya que la Coordinación tiene pendiente entregar contratos y facturas. Elias Assad Danini ha sido uno de los más leales al clan de Yunes Linares, siempre desde la trinchera de la comunicación y relaciones con periodistas. Fue vocero del actual alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez en el Senado de la República, vocero del Ayuntamiento de Boca del Río así como de la campaña a Gobernador de Yunes Márquez.

JAIME TÉLLEZ, EN LA MIRA
En capilla igual está el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, quien deberá solventar mil 108 millones de pesos.
El señalamiento más pesado, por mil millones de pesos, relacionado con el sistema de videovigilancia tan anunciado y valorado por el ex mandatario estatal.
En la observación TP-016/2018/001 DAÑ el ORFIS determina prácticamente que es un fraude. Se trata de una obra -dice- de mala calidad, con deficiencias técnicas y operando parcialmente.
Hay otra observación, la FP-016/2018/022 DAÑ, por 56 millones de pesos, vinculada a la adquisición de un sistema de vigilancia, monitoreo de redes sociales, y blindaje a tecnologías de la información que se compró a la empresa israelí "Grupo Profesional Shalom".
Los auditores encontraron que no hay evidencias de para qué se emplearon esos sistemas altamente sofisticados para vigilar redes sociales y hacer forense a telefonía celular -empleado en casos de secuestro-.
Jaime Téllez es otro de los ubicados dentro del primer círculo yunista, de Yunes Linares ha sido desde abogado, subordinado y amigo. En 2017, Ricardo Pacheco Tello, jefe de plaza del Cártel de Jalisco en Veracruz Puerto amenazó a Téllez Marié lanzándole unos cadáveres descuartizados afuera de su despacho en el puerto jarocho. Desde entonces, la administración yunista le puso precio a la cabeza del líder criminal, quien fue abatido por la Marina en Puebla, donde se encontraba huyendo.

JULEN, CURADO EN SALUD
El fuego le pasó cerca al senador y ex titular de la Secretaría de Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, pues en esa secretaría el ORFIS demanda aclaraciones por casi 50 millones de pesos. El ex alcalde jarochó dejó el cargo al comenzar febrero del 2018 para ir por la candidatura al Senado, y entregó la estafeta a otra colaboradora yunista, Yolanda Baizabal, quien colabora con Yunes Linares desde el 2006, cuando ella fue Subdirectora de Auditoría Informática y Control de Usuarios en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde Yunes Linares fungió como director en el gobierno de Vicente Fox.
Yolanda Baizabal deberá aclarar más de 20 observaciones de presunto daño patrimonial, la más dura, FP-021/2018/012 DAÑ, de tipo financiera por facturas canceladas, pero que fueron pagadas por 14 millones de pesos.
El ex titular de la Segob, Rogelio Franco Castán enfrenta señalamientos por el presunto desfalco de 14 millones 800 mil pesos por asignaciones directas en donde no hay documentación que compruebe la aplicación de los fondos o la entrega de los servicios. Responsable de la alianza P.A.N.-P.R.D. que llevó a Yunes Linares al poder en diciembre del 2016, el perredista actualmente es quien escolta a Yunes Linares cuando éste realiza apariciones en Veracruz. Aunque durante el gobierno de Yunes soslayó la figura del secretario de Gobierno, pues casi todas sus funciones las asumió el mismo Yunes Linares. Rogelio Franco Castán ha bogado más en la vía político-electoral desde los escombros del P.R.D.
En la contraloría general, que ocupó Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, hay reclamos por dos millones y medio de pesos, en el pliego FP-028/2018/009 DAÑ el ORFIS le indica que se erogaron un millón 800 mil pesos sin que se haya comprobado que fueron para "vigilancia, inspección y
control" del recurso en el gobierno. Figuerola Piñera, originario del sur de Veracruz, es un político de viejo cuño, especializado en diversas áreas de rendición de cuentas, que en últimos años mostró acercamientos al grupo de Yunes Linares.

EL CHAPITO, PURIFICADO
Es la SEDARPA la dependencia en donde se detectó menos presunto atraco patrimonial, únicamente un millón 372 mil pesos les tocará solventar a Joaquín Guzmán Avilés y a William Charbel Kuri Ceja, este último con menos responsabilidad, pues ingresó de secretario solo dos meses, ya para el cierre de administración, pues Guzmán Avilés dejó el gobierno de Yunes para buscar la dirigencia del PAN, misma que ahora detenta después de más de un año de lucha contra el alfil de Yunes, José Mancha Alarcón. Avilés Guzmán llegó al PAN con el estigma de haber sido apoyado por el gobierno estatal de Morena.
En la oficina del Programa de Gobierno, que encabezaba el académico Marcelo Francisco Monfort Guillén, se detectaron supuestos desvíos por 450 mil pesos por "falta de evidencia de la adquisición o prestación del servicio y comprobación de distribución a
los usuarios finales". Poco monto igual para el ex secretario de Turismo y Cultura, Leopoldo Domínguez, al que le solicitan aclarar un millón 160 mil pesos por inconsistencias en la compra de espacios en medios de comunicación para difundir campañas publicitarias. Ha trabajado desde hace varios años en el equipo de Yunes Linares, en el ISSSTE, cuando éste fungió como director, Leopoldo Domínguez resultó nombrado coordinador de asesores.

EL ÚLTIMO GOLPE
La Cuenta Pública 2018 representa el golpe más letal al corazón del Yunismo y que pone contra las cuerdas a este grupo político consolidado en Boca de Río y Veracruz Puerto.
En menos de un mes, Cuitláhuac García Jiménez cambia su panorama político al no tener a Jorge Wínckler en la Fiscalía General del Estado, ni a José Mancha Alarcón en la Presidencia de PAN y el documento elaborado por el ORFIS.
Sin embargo, no se debe perder de vista que los desfalcos cometidos por la administración de Javier Duarte de Ochoa superan los 45 mil millones de pesos, sólo a nivel estatal, sin incluir los revisados por la Auditoría Superior de la Federación y al día de hoy ninguno de sus colaboradores está en la cárcel por esas tropelías.


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