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Diario de un reportero
Miércoles 18 septiembre, 2019

Juez ordena a la F.G.E. pronunciarse sobre caso I.P.E.

En la denuncia, involucrados seis líder sindicales, siete funcionarios duartistas y sus suplentes
•También ordena abrir carpetas de investigación a seis fiscales y tres directores de servicios periciales


Por EIRINET GÓMEZ

A 15 días de que Verónica Hernández Giadans tomara el control de la fiscalía General del Estado (FGE), le ha caído la primera “papa caliente” en el escritorio. Un juez de control le ha dado un plazo de dos meses, para que concluya y determine una carpeta de investigación en contra 13 integrantes del Consejo Directivo del I.P.E., que durante el gobierno de Javier Duarte permitieron malos manejos de los bienes del Instituto.
La carpeta de investigación corresponde a una denunciapresentada el 01 de agosto del 2016, por pensionados y jubilados del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (FEDIPEV), por presuntos malos manejos de la reserva técnica del instituto, la entrega de bienes en comodato, y el otorgamiento de préstamos al Gobierno del Estado.
Los pensionados denunciaron que durante el gobierno de Javier Duarte, especialmente en los años 2013, 2014, 2015 y 2016, hubo trasiego de dinero de la Reserva Técnica a la-->

Eirinet Gómez

Secretaría de Finanzas, a pesar de que dicho movimiento de efectivo no está contemplado en la ley.
Dichos movimientos financieros habrían provocado que de 5 mil millones de pesos que existían en la reserva técnica del Instituto al comienzo del gobierno de Javier Duarte, se redujera a solo 900 millones de pesos a su salida.
De acuerdo con el mandato del juez, la fiscalía General del Estado (FGE) deberá determinar si los 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE, 7 ex funcionarios Duartistas y 6 líderes sindicales, incurrieron en delitos como el peculado, y a partir de ahí, fincar responsabilidades.
“Hacemos a un llamado a Verónica Hernández Giandás, quien ahora está al frente la Fiscalía, para que tome nota de que tiene un paquete grande en las manos, y debe desahogar la carpeta de investigación, que ha estado rezagada por tres años en al fiscalía”, dijo Adriana Chávez Tejada, vocera del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (FEDIPEV).

WÍNCKLER NADA HIZO

Cuando los pensionados presentaron su denuncia ante la Fiscalía, Luis Ángel Bravo Contreras estaba al frente de la dependencia. Después, con el cambio de gobierno en 2016, Jorge Wínckler Ortiz, quedó al frente del organismo autónomo.
Chávez Tejada dijo que como observaron que las indagatorias no avanzaban, decidieron presentar una queja ante el Poder Judicial, para acusar de la inoperancia de las autoridades.
En una audiencia, el 27 de agosto pasado, personal de la FGE se excusó de la falta de avances en la carpeta de investigación, argumentando que esta constaba de 23 mil fojas y varios anexos, y tres años no era tiempo suficiente para desahogarla.
“Un argumento débil que la juez echó abajo, al mencionar que la extensión de la carpeta, no es razón para que no hiciera nada” apuntó la pensionada.
En la orden emitida a partir de esta audiencia, la juez no sólo pidió a la Fiscalía que determine de una vez la carpeta de investigación, sino que también inicie las carpetas de investigación contra los seis fiscales y tres directores de Servicios Periciales que durante estos tres años conocieron del caso, y no hicieron nada.
Adriana Chávez recordó que la Fiscalía también tiene pendiente cumplir la 32/2018, emitida en octubre del 2018, en el que se le ordenaba iniciar una investigación tras el desalojo violento de pensionados, ocurrido el 23 de diciembre del 2015.
En aquella ocasión, el secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado, ordenó el desalojo de 35 pensionados que bloqueaban la calle Enríquez, en la capital del estado, en demanda del pago de sus pensiones y aguinaldos.
Al sitio llegaron elementos antimotines y con bastones eléctricos y a empellones, desalojaron a los pensionados. Varios resultaron con golpes y contusiones, e incluso algunos de ellos debieron ir al hospital para atenderse por crisis nerviosas.
“Queremos ver si van a seguir el mismo camino de impunidad, si se va a tapar con el mismo manto de impunidad con que lo taparon Duarte y Yunes, o si el nuevo gobierno va a demostrar que los principios que pregona se hacen realidad, en esa espera estamos”, planteó Chávez Tejada.

PENDIENTE, DISCULPA PÚBLICA

La también vocera de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) exhortó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez a que cumpla con la reparación del daño y les ofrezca una disculpa pública, a la que se le mandató en la misma recomendación de la CNDH.
“Se nos debe la reparación del daño, y particularmente, se nos debe una disculpa pública que no se ha producido. Van a hacer cuatro años, y le estamos pidiendo respetuosamente, que emita esa disculpa pública y que se repare el daño”.
Chávez Tejada mencionó que al iniciar el gobierno de García Jiménez sostuvieron un encuentro con él, en donde se comprometió a que liquidaría el adeudo que tiene el Gobierno Estatal con el Instituto de Pensiones del Estado (I.P.E.).
“Dijo que liquidaría la deuda aunque sea en abonos, pero hasta ahora, no tenemos noticia de que haya hecho algún abono, tampoco conocemos de un plan o programa donde se haya establecido la fecha para abonar. Hacemos un llamado para que recuerde la promesa que nos hizo”.
De acuerdo con la COPIPEV, en la actualidad el Gobierno de Veracruz adeuda el I.P.E. 8 mil millones de pesos.

LOS SEÑALADOS

En la denuncia que debe desahogar la Fiscalía General del Estado, a más tarde el próximo 27 de octubre, se encuentran señalados: Octavio Gil García, José Adán Córdoba Morales, Ricardo García Guzmán, Flavino Ríos Alvarado, Antonio Gómez Pelegrín, Xóchitl Adela Osorio Martínez, Fernando Benítez Obeso, Alfredo Ferrari Saavedra, Gerardo Mancilla Arteaga, Manuel Arellano Méndez, Acela Servín Murrieta (+), Enrique Levet Gorozpe, Enrique Cruz Canseco, Ricardo Diz Herlindo, Faustino García Hernández, consejeros titulares.
Así como los suplentes: Ángel Cruz Lagunes, Arturo Ramiro Díaz de León, Francisco Salvador Torres Peralta, Edgar Murrieta González, José Álvaro Pérez Vela, Luis Arabia Olguín, Casimiro Hernández Cuervo, Víctor Manuel Méndez Sánchez, Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre, María Magdalena Hernández Olivares, Jorge Octavio Téllez Kawas.
Juan José Llanes, abogado de los pensionados que estuvo presente en la rueda de prensa, afirmó que “el Consejo Directivo del IPE funcionaba en aquel momento como un cartel, porque al ser el máximo órgano del Instituto, ellos debieron dar su consentimiento para trasegar el dinero del IPE, precisamente en la época en la que el pago de pensiones se colapsó”.
El abogado dijo que los pensionados tienen elementos para creer que se cometieron delitos en torno al patrimonio del I.P.E., “el 27 de octubre, la Fiscalía tendrá que pronunciarse en relación con el tema, ¿La F.G.E. determinará que no hubo delitos en el I.P.E. o decidirá que si hubo delitos?


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