Secretarí­a de Finanzas, a pesar de que dicho movimiento de efectivo no está contemplado en la ley.
Dichos movimientos financieros habrí­an provocado que de 5 mil millones de pesos que existí­an en la reserva técnica del Instituto al comienzo del gobierno de Javier Duarte, se redujera a solo 900 millones de pesos a su salida.
De acuerdo con el mandato del juez, la fiscalí­a General del Estado (FGE) deberá determinar si los 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE, 7 ex funcionarios Duartistas y 6 lí­deres sindicales, incurrieron en delitos como el peculado, y a partir de ahí­, fincar responsabilidades.
“Hacemos a un llamado a Verónica Hernández Giandás, quien ahora está al frente la Fiscalí­a, para que tome nota de que tiene un paquete grande en las manos, y debe desahogar la carpeta de investigación, que ha estado rezagada por tres años en al fiscalí­a”, dijo Adriana Chávez Tejada, vocera del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (FEDIPEV).

WíNCKLER NADA HIZO

Cuando los pensionados presentaron su denuncia ante la Fiscalí­a, Luis íngel Bravo Contreras estaba al frente de la dependencia. Después, con el cambio de gobierno en 2016, Jorge Wí­nckler Ortiz, quedó al frente del organismo autónomo.
Chávez Tejada dijo que como observaron que las indagatorias no avanzaban, decidieron presentar una queja ante el Poder Judicial, para acusar de la inoperancia de las autoridades.
En una audiencia, el 27 de agosto pasado, personal de la FGE se excusó de la falta de avances en la carpeta de investigación, argumentando que esta constaba de 23 mil fojas y varios anexos, y tres años no era tiempo suficiente para desahogarla.
“Un argumento débil que la juez echó abajo, al mencionar que la extensión de la carpeta, no es razón para que no hiciera nada” apuntó la pensionada.
En la orden emitida a partir de esta audiencia, la juez no sólo pidió a la Fiscalí­a que determine de una vez la carpeta de investigación, sino que también inicie las carpetas de investigación contra los seis fiscales y tres directores de Servicios Periciales que durante estos tres años conocieron del caso, y no hicieron nada.
Adriana Chávez recordó que la Fiscalí­a también tiene pendiente cumplir la 32/2018, emitida en octubre del 2018, en el que se le ordenaba iniciar una investigación tras el desalojo violento de pensionados, ocurrido el 23 de diciembre del 2015.
En aquella ocasión, el secretario de gobierno, Flavino Rí­os Alvarado, ordenó el desalojo de 35 pensionados que bloqueaban la calle Enrí­quez, en la capital del estado, en demanda del pago de sus pensiones y aguinaldos.
Al sitio llegaron elementos antimotines y con bastones eléctricos y a empellones, desalojaron a los pensionados. Varios resultaron con golpes y contusiones, e incluso algunos de ellos debieron ir al hospital para atenderse por crisis nerviosas.
“Queremos ver si van a seguir el mismo camino de impunidad, si se va a tapar con el mismo manto de impunidad con que lo taparon Duarte y Yunes, o si el nuevo gobierno va a demostrar que los principios que pregona se hacen realidad, en esa espera estamos”, planteó Chávez Tejada.

PENDIENTE, DISCULPA PÚBLICA

La también vocera de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) exhortó al gobernador Cuitláhuac Garcí­a Jiménez a que cumpla con la reparación del daño y les ofrezca una disculpa pública, a la que se le mandató en la misma recomendación de la CNDH.
“Se nos debe la reparación del daño, y particularmente, se nos debe una disculpa pública que no se ha producido. Van a hacer cuatro años, y le estamos pidiendo respetuosamente, que emita esa disculpa pública y que se repare el daño”.
Chávez Tejada mencionó que al iniciar el gobierno de Garcí­a Jiménez sostuvieron un encuentro con él, en donde se comprometió a que liquidarí­a el adeudo que tiene el Gobierno Estatal con el Instituto de Pensiones del Estado (I.P.E.).
“Dijo que liquidarí­a la deuda aunque sea en abonos, pero hasta ahora, no tenemos noticia de que haya hecho algún abono, tampoco conocemos de un plan o programa donde se haya establecido la fecha para abonar. Hacemos un llamado para que recuerde la promesa que nos hizo”.
De acuerdo con la COPIPEV, en la actualidad el Gobierno de Veracruz adeuda el I.P.E. 8 mil millones de pesos.

LOS SEÑALADOS

En la denuncia que debe desahogar la Fiscalí­a General del Estado, a más tarde el próximo 27 de octubre, se encuentran señalados: Octavio Gil Garcí­a, José Adán Córdoba Morales, Ricardo Garcí­a Guzmán, Flavino Rí­os Alvarado, Antonio Gómez Pelegrí­n, Xóchitl Adela Osorio Martí­nez, Fernando Bení­tez Obeso, Alfredo Ferrari Saavedra, Gerardo Mancilla Arteaga, Manuel Arellano Méndez, Acela Serví­n Murrieta (+), Enrique Levet Gorozpe, Enrique Cruz Canseco, Ricardo Diz Herlindo, Faustino Garcí­a Hernández, consejeros titulares.
Así­ como los suplentes: íngel Cruz Lagunes, Arturo Ramiro Dí­az de León, Francisco Salvador Torres Peralta, Edgar Murrieta González, José ílvaro Pérez Vela, Luis Arabia Olguí­n, Casimiro Hernández Cuervo, Ví­ctor Manuel Méndez Sánchez, Oswaldo Daniel Ahumada Aguirre, Marí­a Magdalena Hernández Olivares, Jorge Octavio Téllez Kawas.
Juan José Llanes, abogado de los pensionados que estuvo presente en la rueda de prensa, afirmó que “el Consejo Directivo del IPE funcionaba en aquel momento como un cartel, porque al ser el máximo órgano del Instituto, ellos debieron dar su consentimiento para trasegar el dinero del IPE, precisamente en la época en la que el pago de pensiones se colapsó”.
El abogado dijo que los pensionados tienen elementos para creer que se cometieron delitos en torno al patrimonio del I.P.E., “el 27 de octubre, la Fiscalí­a tendrá que pronunciarse en relación con el tema, ¿La F.G.E. determinará que no hubo delitos en el I.P.E. o decidirá que si hubo delitos?