El funcionario se apersonó con otros sujetos después del mediodí­a de este miércoles en la colonia Nueva Mina y con el apoyo de la Policí­a Naval así­ como las supuestas órdenes del Gobierno Estatal irrumpió en la institución privada, que según la Junta Local de Conciliación y Arbitraje No. 16 tendrí­a que pagar más de un millón de pesos al ciudadano Jesús Manuel Hernández Garcí­a por su despido injustificado el 25 de agosto del 2008, luego de negarse a renovar un contrato con un salario menor.

Tal situación, considerada por el agraviado y su abogado como abuso de autoridad por la falta de competencia en el asunto laboral, quedó asentada en el acta de las diligencias del actuario adscrito a la Junta Especial No. 14 de Minatitlán, Arturo Alvarado Abad.

“Llegan al inmueble tres personas que no se identificaron, las cuales en modo muy grosero y prepotente, intimidando a los elementos de seguridad pública y exigiendo identificaciones a todos y cada uno de los presentes, sólo dijeron se representantes del gobierno, entorpeciendo la diligencia y ocasionando la suspensión. La primera persona dijo llamarse Pedro López Ascarro” reza el documento oficial.

En entrevista, Hernández Garcí­a recordó que durante 11 años trabajó para la Normal Manuel C. Tello, pero luego de su despido injustificado ha sufrido un viacrucis para hacer efectivo el laudo por 650 mil pesos, que ganó tres años después del juicio 1534/VIII/2008/XVIII/XVI y actualmente se duplicó.

Detalló que por el uso de gis para impartir clases en nivel preparatoria y licenciatura perdió las anginas por el uso de gis e incluso diseñó un plan de estudios vigente en el plantel que dirige Patricia del Carmen Reyna Beulo.

Por su parte, su abogado Fausto Vicente Torres Pérez, confirmó que para llegar a la ejecución de este embargo tramitó en este año un amparo debido a que las autoridades se habí­an negado a cooperar durante años y la empresa ha dilatado el asunto, que finalmente llegó a una orden de embargar la administración y los ingresos necesarios para cubrir el pago del exdocente.

Sin embargo, fue el delegado de Polí­tica Regional Pedro López Ascarro quien este miércoles impidió que el procedimiento se llevara a cabo bajo el argumento de que así­ lo ordenaban el secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán y el gobernador Miguel íngel Yunes Linares.

A consecuencia de lo anterior, la parte agraviada anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalí­a Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos e hizo un llamado al Gobierno de Veracruz para que haya una explicación tras lo ocurrido este miércoles, mientras se da vista al juez federal competente para continuar con las diligencias.