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Crónicas
Martes 27 junio, 2017

Solaparon exfiscales a homicidas del cantante de "La voz México"

Durante audiencia, la Fiscalí­a General revela que se está investigando a cuatro ex funcionarios de justicia
•José Eduardo y un menor también fueron ví­ctimas del crimen solapado en la antigua Procuradurí­a
•Exfuncionarios investigados son de los periodos de Amadeo Flores y Luis íngel Bravo



Los expolicías acusados de la desaparición de José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y otro menor de edad el 7 de enero de 2014 fueron trasladados del Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo a la zona de juzgados para la audiencia de imputación a proceso.
Bajo una fuerte lluvia, descendieron de un vehículo blindado los ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Santiago, José Luis Pérez Vela e Iván Cortés Espíritu, para rápidamente ingresar a la sala 2 de Juicios Orales.
Por su parte, Efraín Mártiz, padre de Gibrán observaba a los detenidos. De origen panameño, tras el asesinato de su hijo decidió regresarse a su país natal, pero acudió exprofeso para la audiencia que se realizó durante la tarde noche y madrugada del lunes.
Efraín permaneció cerca del Fiscal Especial en Atención de (continúa-->)

Yerania Rolón

Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, quien también acudió a la audiencia. Ambos evitaron dar declaraciones a los medios y mantení­an un trato de respeto pero distante entre ellos.
Se informó que en esta ocasión, los ex policí­as acusados se presentaron con nuevos abogados para su defensa, a quienes apenas habí­an contratado dos dí­as antes.
“De dónde sacan el dinero los ex policí­as para una defensa privada, alguien los estará ayudando”, se cuestiona para sus adentros el padre de Gibrán.
Ya dentro de la Sala de Juicios orales la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, dio inicio a la audiencia con la presencia de los integrantes de la parte acusadora y la acusada, es decir los ex elementos de la SSP, durante el lapso en que estuvo a cargo de la dependencia Arturo Bermúdez.
La Fiscalí­a tení­a un objetivo, relacionar a Ramí­rez Santiago, Pérez Vela y Cortés Espí­ritu con el delito de desaparición forzada y para ello tuvo que sacar a la luz una serie de complicidades realizadas por la extinta Procuradurí­a General de Justicia del Estado.
Las irregularidades no han cesado desde ese fatí­dico 7 de enero y fueron solapadas por la PGJE durante el lapso de Amadeo Flores Espinosa, así­ como le llegada de Luis íngel Bravo Contreras a la desaparecida dependencia estatal.
Bravo Contreras fue favorecido por el gobernador, Javier Duarte, de ahí­ que ocupó la PGJE y después la Fiscalí­a General del Estado (FGE), cuando pasó a ser un organismo supuestamente autónomo del Poder Ejecutivo.
Entre sus argumentos para vincular a proceso a los ex elementos, la FGE reveló que actualmente hay cuatro exfuncionarios de la FGE y de la PGJE que están siendo investigados por una actuación “fraudulenta”, aunque Coronel Gamboa no detalló los nombres.
Por su parte la defensa fue simple y ante la premura ni siquiera presentaron elementos de prueba. Los abogados argumentaron que el delito de desaparición forzada no estaba incluido en el Código Penal de Veracruz en el año que ocurrieron los hechos, por lo que se estarí­a aplicando la Ley de forma retroactiva a sus clientes.
Incluso explicaron que en 2015 sus clientes ya fueron juzgados casi con los mismos elementos de prueba que aportó la FGE por el delito de incumplimiento de un deber legal, lo que generó que perdieran su empleo al interior de la dependencia.
Al no ser un delito grave los ex policí­as obtuvieron su libertad, de ahí­ que los abogados argumentaron que nadie puede ser juzgado en dos ocasiones por los mismos hechos, lo que ocurrirí­a si de nueva cuenta la juez permitiera un proceso legal por desaparición forzada.
Así­, los abogados de los ex policí­as acusaron a la Fiscalí­a General del Estado, actualmente a cargo de Jorge Wí­nckler, de intentar convertir a los acusados en "chivos expiatorios", afirmando que en todo caso la desaparición forzada fue cometida por los superiores jerárquicos que participaron en la detención de José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y el menor.
Los exelementos permanecieron sentados detrás de sus defensores, a quienes constantemente trataban de asesorar o puntualizarles cierta información. Todaví­a más atrás en la sala estaba Efraí­n Mártiz, junto a los escoltas de los reos.
Los argumentos de la defensa fueron desestimados por parte de la FGE, pues de acuerdo con el fiscal, Luis Eduardo Coronel Gamboa, existe jurisprudencia y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en casos como el de Gibrán Mártiz pueden reabrirse los expedientes para investigarse a fondo.
Esto ya que se trata de delitos de lesa humanidad, los cuales son permanentes o continuos, es decir que el delito se sigue cometiendo mientras dura la privación de la libertad y José Eduardo de la Cruz Caballero sigue en calidad de desaparecido hasta la fecha.
La juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez aceptó que se puede volver a juzgar a los ex policí­as sin violar el principio de irretroactividad.
Se recordó que Cortés Espí­ritu, Ramí­rez Santiago y Pérez Vela no rindieron un informe de la detención, ni informaron sobre el posible paradero de las ví­ctimas, pese a que es sabido que fueron levantados y, al menos en el caso de Gibrán y el menor de identidad resguardada, fueron asesinados.
Por esto, Sosa Jiménez dictaminó la imputación del delito de desaparición forzada en contra de los ex integrantes de la SSP.
La defensa intentó replicar que los tres acusados no tení­an por qué informar sobre las irregularidades en la detención de los jóvenes, pues los acompañaba el "Comandante Platino", Felipe de Jesús López, su superior jerárquico y responsable directo de los hechos del 7 de enero.
La juez reviró explicando que el orden jerárquico no exime al funcionario cuando se trata de un acto ilí­cito. Es por esto que a los acusados sí­ se les debe investigar por el delito de desaparición forzada.
Dentro de las otras pruebas presentadas, la FGE mostró entrevistas de los ex elementos de la SSP donde ellos mismos confirman su participación en la detención de los tres jóvenes.
Se reunieron declaraciones de testigos que observaron el momento de la detención el 7 de enero de 2014, informando en total son 7 los policí­as que participaron ese dí­a y que a los otros 4cuatrotambién se les está buscando.
También se comprobó por medio de un dictamen de balí­stica que uno de los policí­as acusados portaba el arma de uno de los desaparecidos y la entregó a la SSP, luego de que se abrió una investigación por el caso, aunque contradictoriamente nunca se generó un informe de la detención de los jóvenes.
Con dichas pruebas presentadas por la FGE, la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez, vinculó a proceso a los ex policí­as, que recibieron un año de prisión preventiva imputados por la desaparición forzada de José Eduardo de la Cruz Caballero, Gibrán Mártiz y el menor de edad.
Se añadieron tres meses para una investigación complementaria, no seis como pedí­a la Fiscalí­a, debido a que este caso ya se ha investigado previamente.
De acuerdo con la recomendación 14/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son 13 exfuncionarios en total los que incurrieron en incumplimiento de un deber legal.
Tras la detención, desaparición forzada y durante los años transcurridos, la PGJE y la FGE no hicieron nada por perseguir, investigar o llevar a juicio a los policí­as estatales involucrados en el homicidio del Gibrán Mártiz y los otros dos jóvenes.
Sin embargo, la Fiscalí­a advirtió que las irregularidades que se cometieron serán investigadas y se buscará una sanción contra los responsables.
De igual forma, se busca detener a los otros ex policí­as partí­cipes, íngel Bravo Martí­nez, Manuel Ortiz Alarcón, Uriel Pérez Pérez y Felipe de Jesús López Domí­nguez.
Así­, se confirmó que a la fecha ya existe una denuncia e investigación en contra de cuatro exfuncionarios de la FGE, entre los que podrí­an estar Bravo Contreras y Flores Espinosa, ex titulares del organismo autónomo y de la desaparecida PGJE.
Tras la audiencia, el padre del ex cantante de la Voz México, Efraí­n Mártiz reveló que en una investigación que él mismo realizó, logró documentar que los ex elementos ahora detenidos fueron solapados al punto de continuar laborando en el servicio público, ahora como taxistas.
Detalló que se otorgaron concesiones de taxis a los acusados de la desaparición de su hijo, pues José Luis Pérez Vela conducí­a un taxi que logró conseguir porque está a nombre de su suegro, mientras que Iván Cortés Espí­ritu lo tení­a a nombre de su esposa y Mauricio Ramí­rez a nombre de hermana.
Debido a que para obtener estos permisos no debes tener antecedentes penales, estas personas utilizaron el nombre de algún familiar para hacerlo.
Cuando concluyó la audiencia todos los presentes se apresuraron a salir y los ex policí­as fueron trasladados de nueva cuenta al CERESO de Pacho Viejo.
Sin embargo, Efraí­n señaló que los ex elementos involucrados que se encuentran en libertad también obtuvieron concesiones de taxis, tal es el caso de Felipe de Jesús López Domí­nguez y Manuel Ortiz, lo que demuestra la protección que les dieron las autoridades.
Al informar sobre esto, Efraí­n dijo no temer: "No hay que tener miedo, si uno les teme se empoderan más. Uno no se puede esconder con este tipo de cosas".


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